El 21 de diciembre se llevará a cabo el acto eleccionario en la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuya repercusión no limitará sólo al territorio catalán, sino también se extenderá a todo el país.
Las provincias catalanas se encuentran actualmente sometidas a la aplicación del Art.155 de la Constitución española, por la cual el gobierno Central y el Partido Popular tomaron el mando de la Generalitat. El depuesto gobierno de Carles Puigdemont había intentado proclamar la república soberana de Cataluña, aprobada por el parlamento.
El gobierno de España, luego de la aprobación por parte del senado, destituyó a las autoridades elegidas legítimamente, pretextando que habían recurrido a los delitos de subversión y malversación de fondos públicos, con la consecuente persecución judicial.
Hasta hoy, víspera de las elecciones para optar a un cargo en el nuevo parlamento catalán – el antiguo fue disuelto en virtud de la aplicación del Art.155 – aún se encuentran en prisión los dos Jordis, además del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de algunos otros consejeros del antiguo gobierno de la Generalitat. El Presidente del gobierno, Carles Puigdemont, se encuentra en Bruselas, junto a cuatro consejeros, cuya permanencia ha sido autorizada por el gobierno belga, permitiéndoles circular libremente por el mundo, garantía que no ha sido utilizada por el Presidente ni por sus asesores, pues está claro Puigdemont no regresará a hasta que esté seguro de no ser detenido en la frontera.
Una elección en estas condiciones es una rareza y no sería muy aceptable en cualquier democracia desarrollada. Hasta el momento, el vicepresidente Junqueras y sus compañeros siguen presos, sobre la base de una medida cautelar, so pretexto de evitar una fuga mientras termina la investigación y comienza el juicio. (En España, como en cualquier país democrático, rige la presunción de inocencia, en consecuencia, la medida cautelar más gravosa, la presión preventiva debiera durar poco tiempo y no extenderse por años, como duran las investigaciones normalmente).
Las elecciones catalanas se han centrado en el tema de la declaración de la República Soberana, versus la aplicación del Art.155, es decir, entre soberanistas y constitucionalistas.
El campo de la República soberana se muestra, esta vez, bastante dividido: en primer lugar, el Partido Junts Per Cataluña, cuyo líder es el exiliado ex Presidente, Carles Puigdemont, quien viene haciendo campaña sobre la basa de videos y plasmas, que envía desde Bruselas, presentados en cada uno de los actos de campaña, donde sostiene que sigue siendo el Presidente legítimo de Cataluña, alejado del poder por golpe dictatorial del gobierno de Rajoy.
En segundo lugar, la candidatura del vicepresidente, Uriol Junqueras, líder del Partido Izquierda Republicana Catalana, lleva a cabo su campaña desde la cárcel, donde está recluido, pero a veces burla la vigilancia – esto a dos días de la elección – y envía una carta a sus partidarios, presentándose como un mártir de la democracia, como padre de familia católico, que nunca ha cometido un delito punible – incluso ha pagado hasta la última multa por algunas contravenciones de tránsito -.
En gobernante en el exilio y el preso político en España se lanzan sendas ironías: por ejemplo, Junqueras recuerda en su carta que se quedó en Cataluña para seguir luchando y no huyó, como su Presidente – ambos pretender encabezar el gobierno de la Generalitat, que se definirá el 21 de diciembre del año en curso.
En tercer lugar se encuentra El Comité de Unidad Popular, (CUP), liderada por Carles Riera, de extrema izquierda, que se niega a pactar con cualquier partido político o movimiento que no defienda la República Catalana, (recordemos que los diez diputados del CUP impusieron a Puigdemont como Presidente de la Generalitat).
El campo constitucionalista, que integran tres partidos – Ciudadanos, el Partido Socialista Catalán y el Partido Popular – se encuentra dividido. Según los resultados de todas las encuestas de opinión – aunque no tengan mucha credibilidad – dan, el primer lugar en los votos, (no así en los escaños), a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que absorbería los votos del Partido Popular, que llegaría en último lugar en las encuestas, incluso podría no lograr los cinco diputados necesarios para formar un Comité.
El Partido Socialista de Cataluña, (PSC), encabezado por Miquel Iceta, quien se desmarca de Ciudadanos, sosteniendo que no está dispuesto a apoyar la candidatura de Arrimadas; por otro lado, este Partido ha planteado una reforma federalista de la Constitución española, además propone una amnistía para los presos políticos.
En una tercera posición se ubican los Comunes, con su líder Xavier Doménech, y cercanos al Partido Podemos, que plantean una equidistancia entre los constitucionalistas y soberanistas, privilegiando un clivaje entre izquierda y derecha, que podría llevar a una combinación tripartita entre Comunes, Izquierda Republicana de Cataluña y Partido Socialista de Cataluña.
La disputa por el primer lugar se vislumbra entre Ciudadanos e Izquierda Republicana Catalana, en entre Inés Arrimada y Junqueras, (de seguir en la cárcel, sería reemplazado por Marta Revira). Posteriormente, vendría el Partido Juntos por Cataluña, del ex Presidente Puigdemont, al quien seguiría el PSC, posteriormente, Los Comunes y, por último, el Partido Popular, de Xavier García Albiol. Consecuentemente, en el plano nacional, la primacía del Partido Popular y la derecha se verían amenazados por Ciudadanos, de Albert Ribera.
Es muy posible que el 21 de diciembre no se den las condiciones para formar un gobierno mayoritario y haya que repetirse la elección, con el consecuente daño económico y político para comunidad catalana.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
20/12/2017