Al ya conocido “caso CAVAL” se suma ahora un nuevo escándalo remece a la región de O’Higgins. Se trata de un fraude cometido en Rancagua por miembros de la misma cofradía que participó dolosamente en el “caso CAVAL”: la tienda político partidista conocida como UDI (Unión Demócrata Independiente) que en lo de CAVAL tiene a once de los suyos imputados por la Fiscalía Regional, y en este nuevo caso el involucrado –e imputado- es nada menos que el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.
Todo comenzó a destaparse públicamente el año 2016 cuando el intendente regional, Pablo Silva, elevó a la Fiscalía una gruesa carpeta que daba cuenta de las irregularidades en la administración de los recursos económicos y técnicos otorgados oficialmente al Teatro Regional de la ciudad que es capital de la región de O’Higgins.
La investigación preliminar estuvo a cargo del mismo equipo de alta complejidad que aún tiene en sus manos el mediático caso CAVAL. La primera cifra que saltó a la luz pública hablaba de $3.500.000.000 (tres mil quinientos millones de pesos) perdidos en el espacio. Investigaciones posteriores confirmaron montos que habrían sufragado actividades insospechadas, algunas de ellas muy distantes de la cultura.
De inmediato, la Fiscalía decidió apuntar como responsable de los hechos que más adelante iremos mencionando, al Director del Teatro, el músico Marcelo Vidal, conocido y respetado concertista en guitarra, fundador de la magnífica orquesta Barroca “Nuevo Mundo”, y que también oficiaba como Secretario de la Corporación Cultural rancagüina. En el 2013, esa Corporación y el alcalde Soto firmaron un convenio estableciendo que Vidal debería administrar en forma exclusiva el Teatro Regional, a la sazón una verdadera ‘joyita’ para la llamada ‘ciudad heroica’, orgullo de los rancagüinos..
En su declaración ante la Fiscalía, el Director del Teatro Regional, Marcelo Vidal, aseveró: “la corporación que administré no atendió al Consejo de la Cultura y las Artes, ni al Gobierno Regional; atendió al municipio de Rancagua, al Teatro Regional, sus producciones, contrataciones de artistas y gestiones, compras, servicios todos que debíamos pagar a solicitud del alcalde, inclusive, aunque no fuera del giro de nosotros como corporación, como, por ejemplo, un evento de los evangélicos”.
Al respecto, Vidal también manifestó que “realizamos aportes a instituciones religiosas para sus actividades masivas o benéficas, para lo cual el contacto era Rodrigo Maldonado, jefe de Gabinete del alcalde. Sus instrucciones eran normalmente despachadas vía WhatsApp, al igual que las del alcalde”. En relación al uso de los recursos para la actividad de los evangélicos aseguró que “no sé con claridad en qué fueron usados esos dineros, no tengo constancia si se hizo algún evento, la idea era que tenía que pagar y eso yo hacía”.
Llama la atención que muchas de las compras efectuadas (de mobiliario para el Teatro), la Corporación Cultural las efectuaba directamente, sin que hubiese una licitación ni un sistema oficial de adquisiciones, porque (asegura Vidal) “los proveedores ya estaban designados por el alcalde con bastante anterioridad”.
¿Las adquisiciones y negociaciones –referentes al Teatro Regional- eran realizadas directamente por el alcalde UDI, Eduardo Soto? El Director de ese Teatro, según propia declaración, debía contactarse con el proveedor designado por la alcaldía y pagarle a la brevedad, sin más trámites anexos.
Según el relato de Vidal, los eventos masivos realizados por la Municipalidad de Rancagua eran siempre producidos por la empresa “Luna Negra”, propiedad de un señor llamado Marco Catalán. “Yo entregué antecedentes al municipio para que ciertas cosas se licitaran, pero de todos modos ganaban éstos proveedores (Luna Negra). Catalán ganaba siempre”, aseveró. Y Catalán no ganaba por ser el mejor ni el más barato; ganaba, simplemente, porque contaba con la confianza del alcalde, pese a que sus precios estaban muy por sobre los del resto de los competidores.
El concertista aseguró al fiscal que “una vez con José Pablo Domínguez (miembro del directorio de la Corporación) conversamos con el alcalde para crear un método más transparente para adjudicar los recursos, pero él dijo que no, que había que buscar la forma de entregarle a Catalán los dineros para que fuera transparente.
GASTOS FUERA DE CONTROL ALEJADOS DE LA CULTURA PROPIAMENTE TAL
El asesor jurídico de la administración municipal del UDI Eduardo Soto es el abogado Álvaro Lavín, quien al parecer también oficiaba de jefe en estas situaciones de compras y pagos, pues Marcelo Vidal relató a la Fiscalía lo ocurrido durante la Copa América de Fútbol, 2015, donde Rancagua fue una de las sedes de ese torneo.
El abogado Lavín habría dado las órdenes para cancelar a la productora ‘Luna Negra’ con dineros del Teatro Regional, ya que por instrucciones del edil la empresa de Manuel Catalán era la única que contrataba el municipio para producir íntegramente los espectáculos públicos habidos en Rancagua. Y de acuerdo a lo que expresan algunos e4specialuistas en estas lides, ‘Luna Negra’ no era lo mejor del mercado en cuanto a producciones artísticas.
El diario rancagüino “El Tipógrafo” publicó una extensa entrevista realizada al Director del Teatro, Marcelo Vidal, quien asevera: “Marco Catalán cobraba por artista y por la técnica. Hacía valores globales, sin incluir los valores por artista, técnica, ganancia, etcétera. Esto lo negociaba directamente con el alcalde”.
Respecto al desglose de dineros traspasados a Luna Negra y cómo se hacían los procesos de licitación, Vidal asegura que “en el año 2014 se transfirieron a Luna Negra $183.403.051; en 2015 se cancelaron $142.596.400; cuando recibimos el presupuesto de las fiestas y la subvención aprobada por el Concejo Municipal y ya adjudicada por el alcalde a Luna Negra, Álvaro Lavín (asesor jurídico del alcalde) me pidió que hablara con otras productoras para que nos enviaran presupuestos para hacer un acta de adjudicación (…). Los presupuestos que yo entregué incluso eran de eventos anteriores, no para estos eventos específicamente, pero Álvaro Lavín me dijo que me tratara de conseguir esos presupuestos, pero era solo para hacer la formalidad, para ‘que se viera legal’, porque la adjudicación estaba hecha desde el primer momento a Luna Negra, no importaba el costo”.
En esa misma entrevista, el concertista agregó que “en el año 2016 solo por este concepto se cancelaron a Marco Catalán $157.738.700, la única instrucción era que se hiciera de forma similar al año anterior, o sea, poner más presupuestos sólo para el tema formal, para que se viera legal la adjudicación”.
Tal vez no tenga mayor importancia, tal vez sí, pero lo cierto es que el asesor jurídico del alcalde Soto, el abogado Álvaro Lavín, fue también asesor del alcalde de Mostazal, Sergio Medel (UDI), y estructuró la licitación para recambio masivo de luminarias con tecnología Led, asunto que enfrentó al casino Monticello con la empresa MultiAssist, empresa esta última que no sólo era administrada por el entonces tesorero de la directiva central de la UDI (Alejandro Irarrázabal), sino que formaba parte del Grupo MOK, entre cuyos fundadores se cuenta a Roberto Carrasco, formalizado por ser cómplice del fraude tributario a través de operaciones forward que cometió el Grupo PENTA, e investigado por triangular dineros para la fallida campaña presidencial de Laurence Golborne.
Además, Álvaro Lavín fue quien revisó las bases de la última licitación de Alumbrado Público efectuado por la municipalidad de Rancagua. Trabajó profesionalmente para el cuestionado alcalde de Recoleta, Gustavo Cornejo, y estuvo integrando el equipo de Pablo Longueira durante la estructuración de la fatídica Ley de Pesca. … y finalmente, es el mismo abogado asesor de la alcaldesa de Providencia, encargado –entre otras labores profesionales- de visar o rechazar las licitaciones de ese municipio. ¿Es entonces don Álvaro Lavín un abogado ‘recomendado’ (impuesto) centralizadamente por la UDI a algunos de sus ediles?
Lo cierto es que las acusaciones de Marcelo Vidal alcanzan también al señor Lavín, quien al parecer pocas veces rechazó pagar gastos improcedentes, como por ejemplo la onerosa cena contratada en el restaurante “Aromo Limeño” en el mes de octubre del presente año. Para esa cena, el restaurante –ubicado en la comuna de Machalí- bajó sus cortinas y se mantuvo cerrado, pues atendió exclusivamente a los invitados del alcalde Eduardo Soto, vale decir, a sus equipos políticos, incluyendo algunos parlamentarios UDI y otros dirigentes de ese partido. Se ha filtrado a la opinión pública que aquella cena habría costado más de $130.000.000. ¿Es cierto ello? ¿Y si lo es, se pagó con fondos y dineros pertenecientes al Teatro Regional? La Fiscalía deberá aclararlo.
¿Y qué hará esa misma Fiscalía en relación a gastos muy extraños, también onerosos, cancelados por el Teatro Regional obedeciendo órdenes directas del alcalde? Es el caso de reuniones sostenidas por destacados miembros de la UDI (nacionales y locales) en el exclusivo Hotel Santa Cruz, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Colchagua. Otra arista a investigar.
ALCALDE SOTO NO ASISTE A CITACIÓN DE FISCALÍA
Aunque el edil Eduardo Soto niega todas y cada una de las acusaciones efectuadas por Marcelo Vidal, se encuentra ya imputado por la falta de fiscalización que habría tenido en su calidad de jefe comunal y de presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua.
Con todos estos antecedentes, y muchos otros que pronto conocerá la opinión pública, la Fiscalía lo citó a declarar el lunes 4 de diciembre 2017 en el Ministerio Público rancagüino. Pero, no asistió a esa cita en la que debería exponer sus argumentos ante el fiscal Sergio Moya en relación a presuntas irregularidades financieras al interior del Teatro Regional de Rancagua y de la Corporación de la Cultura y las Artes.
Legalmente, el jefe comunal puede enviar sus excusas al Ministerio Público, y la Fiscalía debería citarlo nuevamente en otra fecha… como también podría no volver a citarlo.
Es un hecho que la UDI debe estar moviendo sus poderosos tentáculos para salvar a uno de sus ediles ‘estrellas’ en las regiones, y lograr que la Fiscalía no lo cite nuevamente, porque de hacerlo es posible que el edil termine siendo formalizado, con las consecuencias que de ello se desprendan si se ve obligado a someterse a juicio enfrentando los argumentos de Marcelo Vidal.