Pese a que la ideología dominante insiste en machacar la conciencia ciudadana con el argumento del respeto irrestricto al orden natural del mercado, un gran número de la población se encuentra en un nivel de marginación que no le permite hacer usufructo de los beneficios de las riquezas sociales, mucho menos de las decisiones políticas que se desprenden del fortalecimiento exclusivo de la macroeconomía, lo cual se pretende remediar en parte, y mediocremente, con la expansión de los créditos y el endeudamiento profundo de los sectores pobres de la nación.
La hora del empresariado es ya suficientemente extensa (y fructífera sólo para los dueños de los medios productivos), pero no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los chilenos. Para comprobarlo empíricamente basta observar la brecha económica, cuya profundidad y distancia crece día a día. No constituye misterio ni injuria asegurar que el empresariado chileno no desea un Estado gigante ni un Estado macizo…y tampoco acepta un Estado enano. Definitivamente, los empresarios aseguran poder dirigir todas las actividades del país teniendo como única ley aquella del libre mercado, esa misma que nos tiene subsumidos en el fondo de una de las brechas económicas más profundas del planeta.
Para asegurarse que lo anterior continúe incólume en detrimento de las clases trabajadoras, y ya que les ha sido difícil eliminar al Estado, los mega empresarios apuestan ahora a conseguir las riendas del gobierno, y desde allí, en cuatro años (tiempo que les resulta suficiente), estructurar una argamasa jurídica que haga imposible a otros gobiernos abortar las legislaciones económicamente predadoras. Para esos políticos y para su prensa, la empresa privada es todo y el Estado es nada.
Seamos claros: la empresa privada en muy pocas ocasiones ha arriesgado su dinero para iniciar negocios que no cuenten con la absoluta certeza de arrojar más de un 100% de ganancia en menos de un semestre. Los hechos concretos que forman parte de la historia de nuestro país así lo demuestran. Recorramos, aunque sea sucintamente, algunos ejemplos que certifican lo anterior. Señores empresarios, tomen asiento y lean.
Período 1884 – 1930: capitalistas ingleses, españoles y chilenos, interesados en el NaNO3 (nitrato de sodio, o ‘salitre’) del Norte Grande ubicado en Tarapacá y Antofagasta (en ese entonces provincias peruana y boliviana respectivamente), influyeron en el gobierno chileno para que este declarase la guerra a Bolivia y a Perú, en la certeza de triunfar antes de un quinquenio debido al mejor arsenal bélico que poseíamos los “australes” (como nos llamaban en Europa en aquellos años).
Londres y Madrid apostaron a las tropas chilenas, las nutrieron con fusiles, barcos y trenes para asegurar la victoria. Una vez conseguida, se agenciaron los yacimientos salitreros y estructuraron “un estado dentro del estado” con el visto bueno y vista gorda del gobierno central sito en Santiago. El caso del británico John North sobra para ejemplificar lo anterior, agregando que fue ese inefable súbdito de la City quien impulsó el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente José Manuel Balmaceda, el año 1891.
Período 1939 – 1973: el violento terremoto que en enero de 1939 destruyó las ciudades de Chillán y Concepción cobrando más de treinta mil víctimas, apenas iniciado el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, otorgó al mandatario radical la posibilidad de crear la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), institución fiscal que durante más de cuatro décadas investigó, propuso, invirtió (dinero del estado chileno) e inició exitosamente actividades fabriles y productivas en áreas donde la empresa privada había asegurado que ‘no existía posibilidad alguna de gerenciar ni administrar nada’. Sin embargo, la CORFO lo hizo exitosamente. Ahí estuvieron, en su momento, empresas de total éxito como CAP (Huachipato), ENAMI, SERCOTEC. INACAP, IFOP, SENCE, IANSA, ENDESA, la UTE, Centrales Hidroeléctricas, Chile Films, ENAP, MADECO, ENTEL, TVN, y una multitud de empresas (más de 300) de rubros varios, como textiles, metalmecánica, agrícola, maderera, pesquera, automotriz (Fiat, Citroen y Peugeot), vestuario, etcétera. Decenas (quizá centenares) han sido las pioneras empresas creadas por CORFO, las cuales, una vez demostradas sus capacidades ‘económicas’, los capitales privados exigieron su privatización.
Período 1964-1973: durante dos siglos los terratenientes mantuvieron sus propiedades en el más absoluto nivel de “no producción”, puesto que el 70% de esos extensos kilómetros cuadrados o hectáreas de fundos y haciendas – según datos de la ex CORA, Corporación de la Reforma Agraria- estaban improductivos, dejados a la mano de Dios, constituyendo simples paisajes.
El presidente Jorge Alessandri (1958-1964) inició, aunque tibiamente, el proceso de reforma agraria que sería incrementado y terminado por los mandatarios Frei Montalva (1964-1970) y Allende Gossens (1970-1973) a través de instituciones como CORA, INDAP e INIA. Una vez que esos gobernantes triunfaran demostrando que Chile sí podía ser una potencia en producciones frutícolas y madereras (todas ellas, hasta ese momento, administradas por el Estado), los inversionistas privados, pontificando respecto de la “utilidad de la iniciativa privada’- exigieron al gobierno de turno (ese era en aquel momento la dictadura militar) la “venta” (privatización o regalo, en realidad) de todas las empresas fiscales, incluyendo las agrícolas, lo que se efectuó vergonzosamente durante el último año del gobierno dictatorial -principalmente en el segundo semestre de 1989-, a precios risibles y en condiciones insignificantes en su cuantía monetaria. Fue, sin duda, el mayor robo conocido en la Historia de Chile.
Período 1973 hasta hoy: ¿será necesario referirse a negociados que lindan en lo delictual, inmoral y avaro, como las AFP’s, las ISAPRES, la banca e incluso las Cajas de Compensación? Todas ellas, sin exceptuar ninguna, fueron creadas por el Estado o, en su defecto, apoyadas económicamente (con dinero de los chilenos) para su mantenimiento y mejoría, como sucedió cuando la Banca chilena quebró y estuvo a punto de desaparecer en plena dictadura (lo cual demostró, sin lugar a error, que los ‘privados’ no eran capaces de administrar ni gerenciar nada que no hubiese contado con el cobijo y apoyo económico del fisco).
Ahora bien, respecto de lo que en nuestra economía se ha llamado “la viga maestra”, el Cobre, se hace necesario un apunte específico.
Período 1930-1981: el Estado entrega a empresas norteamericanas la extracción y producción de cobre ubicado en minerales como Chuquicamata, El Salvador, Potrerillos y El Teniente, pese a que todos ellos habían sido descubiertos (y explotados en primera instancia) por mineros pobres que contaban con el apoyo del fisco, pero en menos de lo que demora un gallo en pisar la gallina más prometedora del corral, el Estado entregó la administración y bolicheo del cobre a manos extranjeras, específicamente estadounidenses como aquellas empresas con nombres como Andes Cooper, Kennecot and Anaconda Company, Braden Cooper Mining, y otras.
En el mes de julio de 1981, con el voto consensuado del Congreso Nacional, el presidente Salvador Allende nacionalizó las minas de cobre y el cobre chileno en toda su extensión, magnitud y ubicación. Pero, en 1974 la dictadura cñvica-militar, mediante el concurso de José Piñera Echeñique (hermano de quien fue Presidente de Chile, Sebastián Piñera, y aval y protector de este mismo), convenció a la junta militar para que firmase una ley que dejaba en manos de privados –y mega empresarios extranjeros también- más del 70% de los yacimientos de cobre sitos en nuestro país.
Muchos de aquellos que pontifican a favor de la privatización absoluta de nuestro mineral estrella, olvidan que CODELCO, con una producción promedio de 1,6 millones de toneladas de cobre, vende aproximadamente US$18.000 millones de dólares al año, por lo que el monto que por “ley reservada del cobre” va a parar a manos de las FFAA supera la cifra de US$1.800 millones. En contraposición, el total de la gran minería privada y transnacional –propietaria del 72% del cobre nacional y con 3,9 millones de toneladas de cobre producidas- paga al Fisco un impuesto total de aproximadamente US$3.600 millones, mientras que CODELCO, propietario y responsable sólo del 28% de la producción, entrega US$1.800 millones a las FFAA y US$10.800 millones al Fisco, lo que arroja un total de US$12.600 millones.
Si el sector privado fuera gravado y controlado en la misma forma que la sociedad chilena controla a CODELCO, esos privados deberían pagar al fisco de Chile una cantidad cercana –y quizá superior- a los US$30.500 millones de dólares anuales, cifra nueve veces superior a la que hoy cancelan. Pero, eso no es todo, hay aun más escándalo en este asunto.
En estos momentos, tal como lo han hecho históricamente, los representantes políticos del mega empresariado se esfuerzan por conseguir una legislación favorable a los intereses de sus mandantes, en este caso, relacionada con el nuevo ‘oro’ nortino chileno, el Litio. Es la exigencia que los predadores de recursos naturales presentan a al público disfrazada de “desarrollo”, “tecnología” y “economía sana”.
Y para qué hablar de los ‘regalos’ efectuados por el duopolio Alianza-Concertación a mega empresarios particulares, como ocurrió con los glaciares del Norte (Barrick Gold), las salmoneras y bosques en el sur, las reservas de agua en la zona austral, el borde costero, el mar chileno, los nuevos minerales cupríferos, y un etcétera tan largo como día lunes, pero siempre con la prospección, apoyo e inversión y primera administración del Estado.
Por cierto, este artículo podría extenderse mil líneas más relatando ejemplos indesmentibles respecto de cómo los ‘privados’ han aprovechado el esfuerzo de gobiernos y sociedad civil chilena para agenciarse a bajo precio exitosas empresas descubiertas, iniciadas y estructuradas por el Estado, merced a las dádivas de aquellos que pueblan el Legislativo y el Ejecutivo, a quienes la prensa servil y las tiendas partidistas de los dos principales bloques políticos también apoyan.
Es imperativo reivindicar el rol activo del Estado en la regulación de la producción y el comercio, desafiando la tesis de que la desigualdad social es una condición del progreso y el resultado ‘justo’ del actuar mercantil. Por ello, ningún país civilizado puede dejar el devenir de su desarrollo al libre arbitrio de los intereses empresariales que consideran a la ganancia económica y al lucro únicas responsables del progreso, de la paz social y del bien común.
Como tampoco ningún Estado debe renunciar –ni siquiera temporalmente- a su rol regulador de la producción y el comercio.