Fundación Defendamos la Ciudad da a conocer el dictamen 40724 del 21/11/17 de la Contraloría mediante el cual declara contrario a derecho el permiso de edificación cursado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes a una filial del Banco Santander, acto administrativo con el cual se construyó el edificio situado con frente a Isidora Goyenechea y El Bosque Norte, sector El Golf de la comuna de Las Condes, el que recientemente fue adquirido en US$ 100 millones por el grupo económico Angelini.
Patricio Herman presidente de Defendamos la Ciudad manifestó : “nos vimos en la obligación de llevar los antecedentes a la Contraloría General de la República pues constatamos que ni la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes ni las autoridades del Minvu, Seremi y Subsecretario, tenían interés en rectificar el permiso de edificación viciado. Daba la impresión que todo el aparato público estaba de acuerdo en que el edificio violara la ley, posiblemente para no incomodar a quien lo construyó y enseguida vendió.
La Municipalidad de Las Condes sabía que el beneficio de mayor coeficiente de constructibilidad por soterramiento de los cables era improcedente, pues la Contraloría en distintas ocasiones se lo había dicho por escrito. Para posibilitarse la altura de los 22 pisos que tiene el edificio principal se urdió la trampa de calificarlo con equipamiento de continuidad a pesar de que es un equipamiento aislado. Las normas urbanísticas en la zona El Golf son más dadivosas cuando se trata de edificios continuos y por ello, a pesar de que el edificio es aislado hasta el Seremi de Vivienda se comportó como un atento servidor del negocio trucho.
Con este ardid se ganaron unos cuantos pisos y por ello el grupo Angelini le pagó una suma del orden de los US$ 100 millones al Banco Santander, institución financiera que había obtenido el permiso con “errores involuntarios”, como se dice en Chile cuando se detectan las prácticas corruptas. Por otro lado, tenemos la percepción de que el comprador no hizo una correcta due diligence por la operación y en tal sentido se evidencia que los abogados y arquitectos de Angelini no hicieron bien la pega.
La Contraloría ejerció correctamente su rol fiscalizador al declarar que ese permiso municipal es contrario a derecho y ahora el alcalde Lavín tendrá que resolver si envía la documentación al Ministerio Público para que el fiscal de la zona oriente interrogue a los agentes públicos y actores privados comprometidos con las trampas o bien se hace el desentendido para que estemos ante un nuevo hecho ilegal consumado.
En síntesis, este vergonzoso episodio es indicativo de que la arbitrariedad pública está presente para permitir que algunos actores de los mercados obtengan ventajas indebidas en sus inversiones, con lo cual se pone en entredicho la aplicación del libre mercado, tarea pendiente que deberá asumir el próximo presidente, Piñera o Guillier, pues hasta ahora en el ámbito de los negocios inmobiliarios reina una completa anarquía”