Pocas veces el título de la Bienal ha sido más apropiado: “Vivir en común….. un diálogo en verdad impostergable.
Sabemos que el modelo neoliberal aplicado en Chile sostenidamente desde el golpe militar hasta nuestros días, ha intensificado la brecha entre ricos y pobres. Es una enfermedad con síntomas ocultos, que se aproxima a niveles insostenibles.
Hasta ahora, la precariedad habitacional era patrimonio de los sectores de bajos ingresos. A fines del Siglo XIX y comienzos del XX, los pobres de la ciudad residían en los llamados cuartos redondos, más tarde en conventillos hasta que a mediados del Siglo pasado, sus asentamientos tomaron el nombre de poblaciones callampas, surgidas de la noche a la mañana, a raíz de las intensas migración del campo a la ciudad. Finalmente desde el año 1970 hasta hoy, se conocen como campamentos.
También la acción pública contribuyó a alimentar este habitat precario del mundo popular, mediante la llamada Operación Sitio, consistente en la entrega de sitios con urbanización básica y una caseta sanitaria.
Pero súbitamente en los últimos cinco a diez años, se ha producido un fenómeno nuevo: la precariedad habitacional comienza a extenderse a sectores medios. Es lo que ocurre hoy en Estación Central, comuna donde los grandes promotores inmobiliarios encontraron un nicho de acción desprovisto en apariencias de normas regulatorias, lo cual les ha permitido intensificar el uso del suelo urbano a niveles inimaginables.
Estación Central es en estos momentos un territorio donde no rige altura máxima de la construcción, ni coeficiente de constructibilidad, ni densidad habitacional, ni rasantes, ni distanciamiento a las medianeras. Nada…nada que ponga freno al interés lucrativo de sus promotores.
Bajo el pretexto de carecer de un Plan Regulador, argumento que Patricio Hermann, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad ha dejado claramente establecido que no es efectivo, se ha levantado un producto habitacional indigno.
En la actualidad, existen 75 permisos de edificación aprobados o en trámate, otorgados en los últimos 4 años, y 31 anteproyectos aprobados o en trámite, durante los últimos dos años. Si llegaran a ejecutarse en su totalidad, la comuna de Estación Central incrementaría su parque habitacional en 57.882 departamentos, más que duplicando la población existente.
Es un disparate técnico y social que desborda toda la infraestructura de servicios existente en la zona. .
Estamos hablando de torres de 30 a 40 pisos de altura, bordeando los 100 metros de alto, sin consideración alguna a su entorno existente, donde predominan viviendas de uno o dos pisos.
Se trata de edificios sin antejardín, de edificación continua, que caen directo a veredas de un metro, situados en calles de15 metros de ancho.
Mencionemos el caso del conjunto Mirador Super, de 30 pisos de alto, con un total de 1.036 departamentos y la insólita cifra que constituye un record Guiness de 37 departamentos por piso. Un ascensor alimenta a 259 departamentos. ([1]) La superficie habitacional promedio es de 30 m2 por unidad, con un gran número de departamentos de 18 a 20 m2.
El cuadro de vida es intolerable. Un gigantesco hacinamiento humano, donde se comparten ruidos, vistas, malos olores, discusiones entre parejas, falta de asoleamiento y de intimidad. En resumen, un producto altamente precario, orientado a satisfacer las demandas de sectores medios, fenómeno inédito en la historia urbana de Chile, que con justa razón fue bautizado por el Intendente de Santiago como guetos verticales.
Desde que se destapó la polémica respecto a estas construcciones, los vecinos de la comuna se han agrupado denunciando la irregularidad jurídica que permitió aprobarlas. Dieron vida a la Agrupación Defensa de los Barrios de Estación Central, y presentaron un requerimiento ante el Ministerio de Vivienda respecto a la situación de estos permisos de edificación.
El Seremi de Vivienda y Urbanismo respondió a través del oficio 3660 de 2017, que declara la ilegalidad de 31 permisos de edificación en Estación Central y más tarde, el 27 de Septiembre pasado, la propia Ministra de Vivienda Paulina Saval, respondió a la CCHC mediante el Ord. N° 532, expresando que lo actuado por el Seremi se ajusta a derecho.
Ignoramos si se ha instruido un sumario administrativo a un Director de Obras Municipales que ha generado un conflicto de tal gravedad.
La solución a este fraude es imprevisible. Los intereses económicos envueltos son cuantiosos. Ni hablar de indemnizaciones si por algún motivo se planteara la demolición de los inmuebles.
Estación Central no es el único ejemplo. La acción de las grandes inmobiliarias se ha extendido a otros lugares. Días atrás, la Corte Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando sin efecto el permiso de edificación del Edificio Botero ubicado en Ñuñoa, por haber construido 5 pisos de altura en circunstancias que el Plano Regulador establece 4 como altura máxima, Es una obra terminada y habitada, con 38 departamentos de alto valor. Además, una concejala de Ñuñoa afirma que existirían otros 27 edificios, ubicados en distintos sectores de la comuna, con permisos de edificación igualmente viciados.
En Providencia, el Director de Obras Municipales, se ha negado a rectificar un permiso de edificación otorgado a un Centro Gastronómico situado en calle Constitución, no obstante las observaciones formuladas por el SEREMI de Vivienda y la Contraloría.
¡Qué decir en Puerto Varas!, donde fue necesario suspender por una año todos los permisos de edificación, situación análoga a la ocurrida en Valparaíso, donde el Alcalde se ha visto obligado a congelar los permisos en los cerros porteños, para obras mayores a 4 pisos de altura.
La ciudadanía aparece indefensa frente a esta ofensiva de las grandes empresas inmobiliarias y no se advierte una reacción del gobierno por recuperar su capacidad de conducir el desarrollo urbano. Es hora de hacerlo. No sólo eso. Es urgente hacerlo.
En el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del cual formo parte, entregamos a la Presidenta Bachelet en Abril de 2015, un informe conteniendo un conjunto de medidas que habrían permitido un desarrollo urbano en beneficio del bien común y no del lucro.
1) Propusimos la creación de un Banco de Suelos Urbanos mediante un catastro de las propiedades de Bienes Nacionales, de las Fuerzas Armadas, de Ferrocarriles del Estado, Empresas Portuarias, Enami, Codelco, los SERVIU, y otras, a fin de ponerlas a disposición de los programas de vivienda de interés público.
2) Propusimos un cambio fundamental en la institucionalidad vigente,
mediante la creación de Servicios de Desarrollo Urbano Regionales, dependientes de los Gobiernos Regionales a fin de recuperar la capacidad de planificar el desarrollo urbano y territorial.
3) Propusimos la necesidad de establecer Planes de Remodelación y/o de Regeneración Urbana con el objeto de recuperar zonas en estado de obsolescencia o deterioro, generalmente localizadas en comunas pericentrales, contribuyendo además a detener la expansión urbana hacia la periferia.
Ninguna de estas propuestas ha sido acogida.
En fin, ….. quienes pensamos así, nos sentimos como Quijotes en lucha contra molinos de viento. Escasamente hacen referencia a este inmenso desafío, los programas electorales de los candidatos que postulan a la próxima elección presidencial.
Quizás esta Bienal, la máxima instancia de participación de nosotros arquitectos, pudiera acordar un llamado convincente para enmendar rumbos. Es una tarea impostergable.
Miguel Lawner
[1]Loreto Rojas Symmes: Ciudad Vertical: La “Nueva Forma” de la precariedad habitacional.