La fiscalía de la sala segunda del Tribunal Supremo está acabando de perfilar la querella que presentará el lunes contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, todo el Gobierno -incluso para los que no son aforats- y los miembros de la mesa que ayer facilitaron la votación de la declaración de independencia por los delitos de sedición, rebelión, prevaricación, desobediencia y malversación. Según pudo saber el ARA, la fiscalía también pedirá prisión como medida cautelar. La operación está dirigida por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La querella, de hecho, ya estaba redactada y sólo faltaba incluir el acto de ayer. La argumentación de la fiscalía es que la declaración de independencia culmina un plan premeditado, desde el inicio hasta el final, que finalmente se ha materializado y consumado. La inclusión del delito de rebelión, que conlleva penas de hasta 25 años de prisión, permite llevar la causa ante el Supremo y esquivar así el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que se considera que afecta la integridad territorial de la estado.
El mismo lunes la sala segunda del Supremo decidirá si admite a trámite la querella y si acepta las medidas cautelares. Los encargados de tomar la decisión serán cinco magistrados de la sala de admisión, entre los que el presidente de la sala segunda, Manuel Marchena. Las posibles detenciones, pues, se producirían el mismo lunes.
La decisión judicial se activará después de un día de fuerte carga política en Madrid. Hay dos frases del discurso de Mariano Rajoy -que ya habló de “acto delictivo” para facilitar el terreno a Maza- especialmente dirigidas a añadir leña al fuego en las horas previas a la declaración formal de independencia.
“No ha pasado nada sustancial”
El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría -que tuvo la oportunidad de examinar la iniciativa de Puigdemont de convocar elecciones autonómicas jueves mañana- había decidido señalar en el discurso de Rajoy el presidente de la Generalitat. Fue cuando el presidente del Gobierno apuntó “No ha pasado nada sustancial desde entonces, desde el Consejo de Ministros del sábado, para decidir cambios”, en referencia al anuncio de Carles Puigdemont que pensaba convocar elecciones autonómicas, y en el cual a su vez culpaba al gobierno central de no darle seguridad que se cancelaría la tramitación del artículo 155.
La segunda afirmación de Rajoy apuntaba que “sosegar el desafío supondría reconocer categorías desiguales de ciudadanos”, es decir, que el presidente del gobierno español viene a exponer su oposición a una política de “apaciguamiento” de Puigdemont y la Generalitat. Por eso no “facilitó”, como le pidieron el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el PSC-PSOE, la marcha atrás de Puigdemont a cambio de las elecciones autonómicas anticipadas de acuerdo con el ordenamiento constitucional de España. Rajoy se ha convertido, pues, en halcón, lo que abre el camino al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para desenfundar su querella criminal por sedición y rebelión contra Puigdemont, Junqueras y todo el Gobierno