El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, declinó finalmente este miércoles exponer ante el Senado español su rechazo a la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de tomar el control de esa región para frenar sus aspiraciones secesionistas.
La renuncia del mandatario autonómico a participar mañana en una reunión de la Cámara alta, como en principio estaba previsto -según anticiparon este miércoles diversos medios periodísticos-, fue confirmada por Carme Forcadell, presidenta del parlamento catalán.
Forcadell se lo comunicó así a los grupos políticos representados en la cámara regional, poco después que numerosas fuentes soberanistas indicaron que la decisión de Puigdemont de comparecer en el Senado ya estaba tomada, según la agencia estatal de noticias EFE.
En una muestra de lo tensa y cambiante situación generada por el grave conflicto territorial, el líder independentista iba a acudir en principio a la Cámara alta para argumentar su oposición a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.
Puigdemont sí asistirá mañana jueves a un pleno extraordinario convocado por la asamblea legislativa catalana -dominada por los partidos separatistas-, que evaluará una respuesta al anuncio de Rajoy de intervenir la región, al amparo de ese precepto constitucional.
A petición del gobernante, el Senado de la nación debe dar luz verde el próximo viernes a unas medidas sin precedentes desde la restauración de la democracia en este país europeo, decididas bajo el paraguas del referido apartado de la carta magna, vigente desde 1978.
De ser refrendado por esa instancia legislativa, donde el oficialista Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, la aplicación del 155 conllevaría la destitución de Puigdemont y de todos sus consejeros (ministros) ante su intención de proclamar la independencia.
Los poderes solicitados por Rajoy comprenden también el control de las finanzas de esa próspera región nororiental, de su policía (los Mossos d’Esquadra) y de los medios de comunicación públicos, así como la limitación de funciones del parlamento autonómico.
También el viernes, la cámara catalana votará la respuesta a las duras resoluciones adoptadas por el Palacio de La Moncloa (sede del gobierno español) para restaurar la legalidad frente al desafío de las autoridades autonómicas.
La asamblea legislativa regional podría debatir una declaración unilateral de independencia, en cumplimiento al resultado del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional a instancias de La Moncloa.
En esa consulta, según la Generalitat (autogobierno catalán), poco más del 90 por ciento de los casi 2,3 millones de electores (43 por ciento del padrón) votaron a favor de la proclamación de Cataluña en un Estado soberano.
Puigdemont, además, estaría sopesando convocar a elecciones anticipadas para sortear la dura intervención de la autonomía que prepara el gobierno español.