Del 135 al 155 o la contrarrevolución por arriba del bloque monárquico
España vive una crisis de régimen que tiene al menos tres dimensiones: la social (el empobrecimiento continuo de las clases populares, así como el deterioro del nivel de vida y las expectativas de los sectores medios); la institucional (la corrupción y el patrimonialismo de Estado del Partido Popular no es la excepción sino su regla de gobierno); y la territorial, sobre la que tratan estas consideraciones.
La crisis de régimen que vive nuestra patria la reconocen incluso las élites (políticas, económicas, mediáticas) que dirigieron el régimen del 78 y que mantienen una parte de su poder. La figura política más importante de nuestra historia política reciente, Felipe González, lo reconocía sin ambages en la recepción real del 12 de Octubre: «Soy un orgulloso representante del régimen del 78». Aquella recepción fue la imagen de una conjura monárquica para superar, mediante una restauración conservadora y centralista, la crisis española.
Pero lo que se mostró en aquella fiesta real (que no tuvieron a bien suspender tras la muerte de un trabajador de las Fuerzas Armadas que participó en el desfile) no fue un grupo cohesionado, coherente y capaz de diseñar una política de Estado exitosa.
Aunque en la foto del 12 de Octubre había mucho poder (político, militar, económico, etcétera), no había —ni de lejos— tanto como el que atesoraban las élites hace cuarenta años y, desde luego, allí había mucho menos talento de Estado.
Tras el discurso que pronunció Felipe VI el 4 de octubre, el bloque cohesionado de partidos, medios de comunicación y grandes empresas tiene enormes dificultades para llevar a cabo sus objetivos. El mismo hecho de que se les vea y se les perciba como «bloque» les debilita. Un proyecto de régimen que se precie necesita un Gobierno, pero también una oposición creíble como tal. Pero la oposición no fue a Palacio.
El acuerdo entre el PSOE y el PP que conllevó la reforma del artículo 135 de la Constitución española, y que supuso la subordinación del interés social a los intereses de los acreedores bancarios, representó la ruptura del pacto social en nuestro país. Hoy, el nuevo acuerdo entre el PP, el PSOE y la nueva extrema derecha que representa Ciudadanos implica de facto la ruptura del pacto territorial. El espíritu del 155 como política de vulneración de derechos y libertades democráticas no tiene por qué quedarse en Catalunya. De hecho, dirigentes del PP ya han amenazado con aplicar algo parecido en Euskadi y en Castilla-La Mancha (en esta región el PSOE gobierna con nosotros).
El bloque afín a la monarquía apenas maneja un errático proyecto de restauración que se sustenta en los siguientes pilares:
a) Mantener al PP al frente del Gobierno todo el tiempo que sea necesario.
b) Suspender el autogobierno en Catalunya, al tomar el control de todos los resortes institucionales catalanes —incluidos los medios de comunicación públicos— para convocar después elecciones en Catalunya (y probablemente volver a perderlas).
c) Mantener a Unidos Podemos y a las confluencias lejos del Gobierno del Estado, aun a costa de sacrificar la posibilidad de que el PSOE vuelva a encabezar un gobierno en España.
El bloque monárquico tiene a su disposición todos los recursos coactivos para desarrollar su proyecto, pero carece —a diferencia de lo que ocurrió hace cuarenta años— de la capacidad política integradora imprescindible para que España sea viable como realidad política y territorial a medio y largo plazo.
1) Por qué estamos en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución
La suspensión del autogobierno de Catalunya no solo hará saltar por los aires uno de los pactos cruciales de la Transición (la reinstauración de una institución republicana como la Generalitat, reconocida por la Constitución de 1978, fue la base del amplio apoyo social al texto constitucional en Catalunya), sino que es un ataque a los fundamentos mismos de la democracia española.
El diálogo sin condiciones que reclama la mayoría de la sociedad catalana y de la sociedad española (como señalan varias encuestas) es incompatible con una situación de administración colonial de Catalunya.
Que Rajoy y sus ministros se vayan a convertir de facto en president y Govern de la Generalitat (cuando el PP no alcanzó el 8,5% de los votos en las últimas elecciones celebradas en Catalunya) es simplemente un despropósito y una enorme torpeza política.
El nuevo Govern, con Rajoy, Zoido y Montoro a la cabeza, estará controlado solamente por el Senado, el cual está dominado por el PP con mayoría absoluta, gracias a una ley electoral antidemocrática y absurda.
El virrey Rajoy querrá administrar Catalunya y se encontrará resistencias que solo podrá afrontar con represión y más encarcelamientos.
Tarde o temprano tendrá que convocar elecciones y todo parece indicar que los partidos que apoyan el virreinato no mejorarán significativamente sus últimos resultados electorales.
2) Por qué estamos en contra de una declaración de independencia
El problema de una declaración de independencia no es tanto su ilegalidad (o su unilateralidad) como su ilegitimidad.
Las fuerzas políticas partidarias de la independencia obtuvieron el 47,8% de los votos (es decir, algo más de un tercio del censo electoral) en las elecciones de septiembre de 2015. Ese resultado, muy superior al del bloque monárquico (C’s-PSC-PP) y al nuestro, les da todo el derecho a gobernar Catalunya, pero no a declarar la independencia.
La movilización política del pasado 1 de octubre por parte de los partidarios del derecho a decidir fue imponente y épica, dadas las condiciones en las que se desarrolló. Es un hecho destacado que más de dos millones de ciudadanos catalanes expresaran su voluntad política. Pero, aun aceptando los datos ofrecidos por la Generalitat, es evidente que aquella movilización no reunió las condiciones y garantías de un referéndum que permita determinar la relación jurídica de Catalunya con el resto del Estado.
El 1 de octubre no se produjo solo una exhibición del poder de movilización del soberanismo, sino también la expresión de una voluntad mayoritaria de la sociedad catalana de decidir su futuro en las urnas y un ejemplo de movilización pacífica frente a la represión ordenada por el Gobierno. Ningún responsable político puede ignorar esto.
Pero, del mismo modo, no puede tampoco aceptarse que esa gran movilización social justifique la independencia de Catalunya.
3) Por qué defendemos un referéndum pactado
Un referéndum legal y pactado, además de ser una solución democrática, es la única solución que puede asegurar que Catalunya siga formando parte de España.
La incapacidad de dirección de Estado del bloque felipista se revela en su obcecación en no discutir la posibilidad de llevar a cabo un referéndum legal y con garantías. La clave del éxito de la Transición en relación con Catalunya fue pactar el autogobierno que, de hecho, condicionó el conjunto del modelo territorial de España. Hoy, la vía del 155 en Catalunya (que bien podría transformarse en la vía del 116 si el Gobierno se encuentra con resistencias ciudadanas) puede condicionar también una ofensiva reaccionaria en el conjunto del Estado.
Cuando el PP forzó que el Tribunal Constitucional (TC) hiciera saltar por los aires el Estatut (aprobado en el Parlament, en el Congreso de los Diputados y por el pueblo catalán en referéndum), también hizo saltar por los aires buena parte de las bases del pacto territorial que había hecho viable España como un Estado que integraba una territorialidad plurinacional compleja.
Las decisiones políticas tienen consecuencias. Puede afirmarse que si el PP hubiera respetado la voluntad popular de Catalunya, como hizo con la voluntad popular de Andalucía (algunos de los artículos del Estatut que el TC declaró inconstitucionales son idénticos a los artículos vigentes en otros Estatutos de Autonomía), hoy no sería necesario hacer un referéndum en Catalunya. Y, del mismo modo, como consecuencia de la decisión del PP y sus magistrados afines en el TC, hoy debemos afirmar que la celebración de un referéndum en Catalunya es imprescindible.
Numerosos constitucionalistas sostienen que realizar un referéndum es compatible con la Constitución y la ley; pero, si no fuera así, debemos asumir que en democracia las leyes deben adaptarse a las necesidades democráticas. Andalucía se ganó su derecho a ser reconocida como nacionalidad gracias a una movilización social masiva y al resultado de un referéndum que, sin embargo, no permitía con arreglo a la ley dar curso a la voluntad del pueblo andaluz. Y entonces los partidos cambiaron la ley para adaptarla a la decisión de la gente.
En cualquier caso, el referéndum no debería limitarse a dos opciones. La opción más deseada en Catalunya (según las encuestas) sería un nuevo encaje constitucional que reconociera a Catalunya como nación y profundizara su autogobierno.
Pensamos que la ciudadanía catalana tiene derecho a elegir también esta opción, al margen de las otras dos opciones: la independentista y la continuista.
4) El proyecto del bloque monárquico: España antes rota que con Unidos Podemos en el Gobierno
Desde el surgimiento de Podemos y su desarrollo junto a fuerzas políticas hermanas con las que confluimos y compartimos proyecto, las élites han movilizado todo su arsenal para evitar que pudiéramos formar parte del Gobierno del Estado.
Trataron de forzar el entendimiento entre PP, PSOE y C’s presionando incluso a Mariano Rajoy para que renunciara como candidato a la presidencia del Gobierno para facilitar así una gran coalición a tres. Rajoy resistió y el intento ulterior fue favorecer un Gobierno con un programa neoliberal acordado entre PSOE y C’s, siempre y cuando Podemos no participara en dicho Gobierno.
Las élites se opusieron con todas sus fuerzas a la posibilidad de entendimiento del PSOE con nosotros y las fuerzas políticas catalanas y vascas.
El propio Pedro Sánchez, horas después de ser obligado a dimitir como Secretario General del PSOE en 2016, reconoció en una entrevista con Jordi Évole que fue presionado, entre otros por César Alierta, así como por los jefes del diario El País y por la vieja guardia de su partido, para que no formase un Gobierno con nosotros.
Las élites saben que solo un Gobierno de coalición con Unidos Podemos hubiera podido pactar una salida democrática al problema catalán, pero nuestra presencia en el Gobierno habría implicado también cambios en el Estado que hubieran amenazado sus privilegios y a un entramado corrupto que, sin controlar el Estado, habría quedado expuesto a una acción de la Justicia sin interferencias por parte del poder político.
Antes que poner en riesgo sus privilegios y su impunidad, las élites decidieron arriesgar la integridad territorial de España.
5) La dirección del PSOE ha renunciado a encabezar un Gobierno
Tras fracasar en el intento de forzar la implosión interna de Podemos, los poderes oligárquicos fracasaron también en su intento de devolver al PSOE a su normalidad histórica.
La victoria de las bases del PSOE contra el aparato de su partido y contra los principales poderes mediáticos del país se basó en tres pilares: plurinacionalidad, mayor cercanía a Podemos y una oposición real al PP en la que no se descartaba la moción de censura.
Al arrojar por la borda las tres claves de su victoria, el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no solamente ha colocado al PSC en una posición imposible y ha debilitado a los sectores de su partido que le hicieron ganar, sino que ha vuelto a empoderar a sus adversarios internos, que nunca lo aceptarán como a uno de los suyos. Mil veces nos contaron el fin de los asesinos de Viriato y mil veces la historia se repite.
La victoria de Pedro Sánchez despertó una ola de ilusión en España, tanto en los votantes socialistas como en los nuestros, que veían en esa victoria de las bases un horizonte de Gobierno conjunto y la posibilidad de llevar a cabo avances sociales históricos y de resolver democráticamente el conflicto catalán. Apoyando al PP y apuntalando el bloque felipista, el PSOE ha renunciado a liderar un Gobierno de cambio en el Estado.
6) España será plurinacional o no será
El problema histórico de los monárquicos es que jamás entendieron España, a la que solo supieron dominar y someter. Nunca fueron capaces, salvo cuando la presión democrática les obligó, de utilizar el Estado para hacer de nuestra riqueza plurinacional un proyecto patriótico.
Las experiencias monárquicas de Estado durante los siglos XIX y XX configuraron una visión estrecha, uninacional y autoritaria de la realidad española. Para los partidarios de la monarquía, asociar la palabra «nación» en el territorio del Estado a algo diferente a España era algo inaceptable. Por ello, siempre identifican el Estado con la monarquía. Y España es mucho más que la monarquía y, además, está llamada a sobrevivir a ella.
Uno de los primeros elementos de ruptura con el franquismo durante la Transición fue la restauración de la Generalitat, con el retorno del president Tarradellas antes de que España se dotase de la actual Constitución. Con ello se reconocía que Catalunya se organizaba según un orden político propio, que es lo que en estos días se está rompiendo. Eso también fue evidente en Euskadi, donde no se reconoció la Constitución hasta que se garantizó la actualización de sus fueros. Las nacionalidades históricas se reconocen, precisamente, en el hecho de poseer instituciones propias que no derivan de la Constitución de 1978.
A partir de 1982, el modelo de Estado de las autonomías funcionó gracias a la estabilidad brindada por los grandes partidos nacionalistas catalán (CiU) y vasco (PNV). Sin embargo, en los últimos diez años, al tiempo que la crisis económica debilitó el proyecto de la Unión Europea, la estabilidad del régimen del 78 se rompió por dos flancos: el que abrió el 15M y el que abrió el proceso soberanista en Catalunya tras la sentencia del TC sobre el Estatut.
España y Catalunya afrontan hoy la realidad de su historia, de sus relaciones y de la carencia de una solución democrática pactada.
Para nosotros y nosotras, la solución es celebrar un referéndum legal y pactado que presente como opción una relación libre entre pueblos, para repartir de forma adecuada los beneficios y las cargas de pertenecer a un único Estado.
7) Tenemos un proyecto social y soberano para Catalunya y España
No se puede entender España desde la homogeneidad, sino desde la heterogeneidad y la fraternidad.
Me enorgullece como demócrata que Catalunya haya sido siempre una pieza crucial del cambio político en España y me indigna como español que la estrategia negacionista hacia el problema catalán por parte de las élites centrales pretenda impedir que Catalunya ayude a la formación de una nueva España.
No aceptamos el chantaje que busca considerar a los progresistas catalanes como apestados, para impedir así que formen una alianza con las fuerzas progresistas españolas y, si nuestra opción triunfa en el referéndum, les seguiremos emplazando a construir España y Catalunya con nosotros.
Hoy la crisis en Catalunya requiere pensar fórmulas, federales o confederales, para afrontar la plurinacionalidad de España como vínculo emocional y afectivo basado en el reconocimiento de las plurales tradiciones de sus pueblos.
La aplicación del 155 no es una iniciativa aislada. Forma parte de una estrategia autoritaria de recentralización, que amenaza la viabilidad de los Estatutos de Autonomía y que impide que los pueblos se doten de las herramientas adecuadas para garantizar su existencia histórica, tanto en el campo económico, fiscal, hacendístico, cultural, lingüístico como en el de reconocimiento internacional.
Es necesario defender España asumiendo el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en un referéndum y, a partir de ahí, discutir en Catalunya y en España un modelo de Estado plurinacional que no solo reconozca a Catalunya como nación, sino que apueste por una configuración estatal que acepte de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria y construya un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular.
España cuenta con una reserva democrática de valor incalculable, un espíritu republicano que debe dejar de ser una nostalgia asociada a símbolos del siglo XX para acompañar el impulso constituyente que inició el 15M.
El espíritu constituyente del 15M debe impulsar la nueva España a la que aspiramos; social, republicana y plurinacional.
Con un abrazo fraternal y afectuoso,
Pablo Iglesias
Secretario General de Podemos.