El oficial retirado Carlos Alberto Rey Cortés se suicidó este jueves antes de ser detenido por la policía, tras ser procesado por un homicidio cometido durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Rey Cortés, exintegrante de la Fuerza Aérea, se disparó en la cabeza tras la llegada a su domicilio de la Policía de Investigaciones (PDI) para arrestarlo, según informó la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.
Al ser notificado de su detención, Rey Cortés solicitó a los agentes permiso para ducharse antes de salir y se mató en el baño.
El exoficial fue procesado el 11 de octubre pasado por la jueza Mariela Cifuentes, por el homicidio de Arturo Díaz Jiménez, quien recibió un disparo el 1 de enero de 1974, mientras estaba parado en la puerta de su casa después de iniciado el toque de queda impuesto en ese entonces.
La víctima, de 49 años, vivía en la población La Victoria, un barrio obrero ubicado en el centrosur de Santiago, que alojó a grupos de la izquierda política de Santiago y derivó en un foco de resistencia a la dictadura militar, con numerosos incidentes, protestas y muertes.
Rey Cortés es el séptimo militar procesado o condenado por violaciones a los derechos humanos que se suicida en Chile, entre los cuales figuran los casos del general Hernán Ramírez Rurange (2015), exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y del exdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Odlanier Mena (2013).
Ramírez decidió quitarse la vida de un disparo a sus 76 años, después de recibir una pena de 20 años y un día por secuestro y asociación ilícita, por el asesinato en Uruguay del químico y agente de la dictadura, Eugenio Berríos, en 1995.
Mena, por su parte, se suicidó también con un arma de fuego a los 87 años, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) ordenó trasladar a oficiales condenados por violaciones a los derechos humanos desde la prisión Cordillera, hasta el penal militar de Punta Peuco, a las afueras de la capital chilena.
En enero del 2005 el coronel del Ejército Germán Barriga se lanzó desde el piso 18 de un edificio, mientras estaba procesado por su responsabilidad en la desaparición de nueve presos políticos.
En octubre del 2006 el teniente coronel retirado Gonzalo Asenjo Zegers se mató con un balazo en el torax en su domicilio, mientras estaba procesado por encubrir la desaparición de cinco integrantes del ultraizquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
En mayo del 2007 el exsuboficial Carlos Muñoz se ahorcó en el batallón de policía militar, donde estaba en prisión preventiva, sometido a proceso por homicidio calificado en el caso “Conferencia”, referido a la captura y desaparición de la directiva clandestina completa del Partido Comunista, en 1976.
En julio del mismo año el coronel retirado de Carabineros Luis Hidalgo López se suicidó de un tiro en la sede de un servicio dental, cuando estaba procesado como autor del secuestro y desaparición de Juan Bautista Bastías, opositor a la dictadura.
En febrero de 2011 el excarabinero Luis Henríquez Apablaza se ahorcó en la cárcel de la ciudad de Temuco, donde cumplía una condena de diez años y un día por el homicidio de dos campesinos de la zona cometidos en 1973.
En la actualidad, según cifras oficiales, unos 130 uniformados cumplen en Chile penas de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, cuando unos 3,200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1,192 figuran aún como detenidos desaparecidos.