Ernest Renan, en 1887, señaló que una nación es ante todo un sentimiento por encima del territorio, la raza, la lengua y la religión. Su reflexión concluía: “El hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su lengua, ni de su religión (…) Una gran agregación de hombres, sana de espíritu y cálida de corazón, crea una conciencia moral que se llama nación”.
“Mientras esa conciencia moral demuestra tener fuerza por los sacrificios que exige la abdicación del individuo en beneficio de la comunidad, la nación será legítima, tendrá derecho a existir. Si sus fronteras suscitan dudas, consúltese a las poblaciones. Tienen sin duda derecho a opinar sobre la cuestión. Esto hará sonreírse a los trascendentes de la política, esos individuos infalibles que se pasan la vida equivocándose y que, desde lo alto de sus superiores principios, se apiadan de nuestra vulgaridad. ¡Consultar a las poblaciones! ¡Vaya! ¡Menuda ingenuidad! Otra vez esas ideas (…) que pretenden evitar la guerra”.
Hoy el conflicto se recrea en Cataluña. En disputa la idea de nación, un sentimiento. La Generalitat desea saldar el conflicto, consultar a la población. El gobierno del Partido Popular lo ningunea, combate y persigue desde su convocatoria el 20 de septiembre. Envía policía, requisa urnas, papeletas y acusa de sedición a los dirigentes que apoyan la convocatoria. Los partidarios de votar, no se amilanan. Unos y otros se reprochan comportamientos antidemocráticos. Los adjetivos de nazi, fascistas, franquistas inundan el ambiente y van de un lado a otro. El gobierno y sus aliados acusan a los catalanes pro independentistas de fracturar España, destapan las esencias del nacionalcatolicismo, hablan de odio hacia lo español, de secuestrar la voluntad del pueblo catalán. El domingo 8 de octubre de 2017, Vargas Llosa, “un español de pro”, nos remonta a los Reyes Católicos para hablar de una Cataluña goda. Una multitud lo aplaude y se abraza a las fuerzas de orden público, agradeciendo la represión ejercida hacia los “independentistas” el 1º de octubre. Ciudadanos exige cárcel e inhabilitación política para los “independentistas”, llama a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que deja sin efecto el autogobierno autónomo. Mientras el Partido Popular se cierra en banda. En este contexto, el rey Felipe VI sale a la palestra, y en un error de bulto, acusa a los promotores del referéndum de saltarse la Constitución, de antidemócratas, de situarse fuera de la ley. Se presenta con traje civil, pero habla como jefe de los ejércitos de España. El sentido arbitral de la Corona se hace trizas. El presidente de la Generalitat responde “Así no”. Le reprocha asumir las tesis de los populares. ¿Cómo se llega a esta situación?
Votar sin garantías no es democracia, impedirlo tampoco. Las decisiones del gobierno de España, judicializando y criminalizando la propuesta independentista supone un freno para cualquier diálogo. El origen del conflicto se remonta al año 2006, cuando el Parlamento catalán aprueba reformas al Estatuto de Autonomía de 1979. Con excepción del Partido Popular, el resto de fuerzas políticas consensuaron un preámbulo aludiendo a Cataluña como una nación. El 18 de junio de 2006 se convoca un referéndum para su ratificación popular. Acudió un 49,41% del censo (2.569.268 electores). De estos, un 73,9%, 1.881.765, dieron el Sí y un 20,76%, 528.472 votos, marcaron el No. El partido popular bloqueó el estatuto, interponiendo un recurso de inconstitucionalidad. Bajo esta coyuntura, el 14 de diciembre de 2009 se convoca a una primera consulta “soberanista”. El objetivo, movilizar a las organizaciones nacionalistas en torno a una propuesta de independencia. El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional, mermado en sus miembros, con mayoría conservadora, avala la impugnación del PP, y advierte: “La Constitución no conoce otra que la nación española (…) y según las normas la soberanía radica en la indisoluble unidad de la nación española proclamada en el art. 2 de la Constitución”.
Fue un punto de inflexión. Con la sentencia del Tribunal Constitucional el proceso independentista cobra fuerza y la entrada del PP con Rajoy en 2012, aumentan las descalificaciones hacia Cataluña. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mano derecha de Aznar, instala mesas recogiendo firmas contra el estatuto catalán. Mientras tanto, el gobierno de Convergencia i Unió (CiU) en Cataluña, recorta en salud, educación, vivienda. Para acallar las protestas y justificar las medidas, culpa de la crisis al centralismo de Madrid: “España nos roba”. En Madrid, la respuesta viró en sentido contrario: “Los catalanes viven a costa de España”. El tono descalificador crece. En 2014, la Generalitat, gobernada por CiU con apoyo de las fuerzas independentistas (CUP), dan otra vuelta de tuerca, convocando una consulta popular el 9 de noviembre: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y en caso afirmativo ¿Quiere que este Estado sea independiente? Votan 2.305.290 personas, un 33%, de las cuales 1.861.753 dieron su visto bueno a las dos preguntas. El proceso está en marcha. El Partido Popular, en vez de negociar una salida, nuevamente recurre al Tribunal Constitucional y la judicatura, criminalizando a los promotores. En el banquillo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consejera de Educación, Irene Rigau y Ramón Espadales, consejero de Interior. Los cargos: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. La sentencia inhabilita y pone una multa de seis millones de euros a Artur Mas. Otro desatino. Mientras, estallan los escándalos de Puyol y su familia. La corrupción se instala en el debate. El gobierno de Rajoy inicia una persecución a los dirigentes catalanes, y recupera el discurso, un discurso franquista de la derecha reaccionaria. En 2015, la unidad entre Convergencia Democrática de Cataluña (liberales) y Unión Democrática de Cataluña, (democratacristianos) y CiU salta por los aires. La deriva independentista da el golpe de gracia.
El 1º de octubre, en medio de una represión policial, con el fin de evitar la votación, se lleva a cabo el referéndum, mermado por la brutalidad policial y el cierre de algunos colegios electorales. Se transforma en una caricatura. En esta coyuntura, la opción del gobierno de Rajoy es pedir la rendición total. Las fuerzas independentistas responden con hacer efectivo el resultado, donde más de un 90% se pronunció por la república de Cataluña. Es la llamada declaración unilateral de independencia, un acto sin validez institucional.
La guerra de banderas, insultos, descalificaciones se recrudece. Mientras, El PSOE se enroca entre declaraciones críticas y un apoyo a la legalidad, aprovechando para lanzar puyas al PP y acudiendo al Tribunal Constitucional para evitar que se proclame la república catalana, desautorizando la convocatoria de un pleno que contenga este orden del día. Igualmente Podemos se rompe. Mientras su organización en Cataluña apoya la declaración, Pablo Iglesias los desautoriza y propone dialogar y una mediación. Izquierda Unida, desorientada y sin respuesta solo atina a secundar la propuesta en Unidos Podemos. Un sector imbuido del clásico “cuanto peor mejor” considera que estamos ante los últimos estertores del régimen y llama a no claudicar y avanzar sin claudicar. En este contexto, la Generalitat se trasforma en víctima y arremete contra todos. En este tablero, la escalada de desatinos va en aumento. Artur Mas recula y declara: “Cataluña no está preparada para la independencia”.
Defiendo un referéndum para Cataluña, considero que son una nación, pero no avalo ni este referéndum ni la declaración unilateral de independencia. Rechazo las actitudes del PP y Ciudadanos, criminalizando la propuesta de referéndum y pidiendo la cárcel para sus promotores. Rechazo la actuación pueril de Felipe VI. Pero no participo del criterio de seguir hacia adelante sin medir las consecuencias.
En esta coyuntura, y ante la posibilidad real de proclamar la república, las empresas y bancos de capital catalán se ven obligados a ubicar sus sedes en Madrid, Valencia, etc. Ya son una veintena. Asimismo, el ministro de Interior envía más policía. Mientras tanto, la sociedad civil pide cordura, pero ese sentimiento es manipulado por el Partido Popular como ocurrió este domingo 8 de octubre, en que movilizó miles de gentes de toda España bajo el paraguas de Vargas Llosa y el ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell (PSOE). Dirigentes del PP, Ciudadanos, la extrema derecha y organizaciones civiles y empresariales complementaron el cuadro. Banderas constitucionales, vítores a la policía y guardia civil, llantos de emoción en sus filas, cánticos y brazos en alto, se entremezclaron llamando a la unidad de la patria. Así, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, insinúa movilización de tropas. ¿Qué será lo siguiente, tanques en Cataluña?
MARCOS ROITMAN ROSENMANN