En la sede del parlamento de Cataluña, antiguo polvorín del ejército de Felipe V (siglo XVIII), estallará la declaración de la independencia de un Estado bajo el reinado de Felipe VI y el gobierno de la derecha española de Mariano Rajoy. Una independencia que recibió la aprobación del 38,7% de los catalanes con derecho a voto. El gobierno de España prepara el contragolpe con una intervención en toda la línea, con la Constitución en una mano, el código penal en la otra y las policías.
La situación produce vértigo, al borde de un abismo. La sociedad percibe la inminencia de un golpe y contragolpe, en que ni la nueva astucia del gobierno catalán podría esquivarlo al proclamar la DUI sin efectividad inmediata para un hipotético diálogo, ni la manida irresolución del gobierno central podría detenerlo ante la determinación de independencia -diferida o no-. La relación de fuerzas decidirá esta fase de una contienda que iniciará una nueva etapa.
La intervención
El Rey Felipe VI en su intervención, dos días después del 1 de Octubre, reforzó al gobierno para que recuperara “el quebrantado Estado de Derecho y orden constitucional” por “algunas autoridades catalanas que han demostrado una deslealtad inadmisible a los poderes del Estado”. Unas palabras desusadas que sorprendieron, pero que transparentan la firme determinación de actuar si no hay rectificación, porque o si no “todo irá a peor”, dijo Rajoy el fin de semana.
La intervención del gobierno central sobre Cataluña comenzó en plenos preparativos del referéndum unilateral del 1 de Octubre: control del Ministerio de Hacienda de las cuentas catalanas (pago de sueldos y proveedores) y control del Ministerio del Interior con el numeroso contingente de guardias civiles y policías nacionales – alrededor de 10.000 efectivos- a Cataluña.
Sólo falta el control político del gobierno central: intervenir la autonomía y obligar a corregir la actual situación desmontando las leyes de ruptura: la de referéndum que en caso de más votos Sí contempla la DUI en 48 horas y la ley de transitoriedad que norma el periodo constituyente hacia una república catalana. Intervenir Cataluña para volverla a la ley y la normalidad”, dictamina Rajoy.
El fracaso de la política
Lo que se está viviendo es otra faceta, la más dramática, de la grieta estructural del pacto constitucional de 1978. Es el desinterés del gobierno de Mariano Rajoy por reconocerla y actuar políticamente dialogando, negociando acordando. Su política autoritaria la justifica invocando a su manera la Constitución y la ley o actuando detrás de la Fiscalía del Estado o del Tribunal Constitucional, de lo que ha dispuesto a piacere.
Sobre Cataluña se viene una fuerza inconmensurable y evidenciará también el fracaso de la vía unilateral hacia la independencia asumida el 2015, tras renunciar a la vía pactada por la persistencia del gobierno del Partido Popular de negarse a dialogar sobre el referéndum y el inicio de la persecución política a los dirigentes independentistas por la vía judicial.
El gobierno catalán optó por no hacer esfuerzo por ampliar políticamente (hacia los comunes) y socialmente (hacia los sindicatos) una alianza que expresara la amplia mayoría por el derecho a decidir de los catalanes. Tampoco salió a tiempo a conversar por las Españas para buscar sintonía, apoyos, solidaridad ante la cerrazón del centralismo, ni siquiera a una Europa, más allá de los nacionalistas. La prisa del independentismo, colocando fecha de caducidad a cada fase, lo enrocó y estancó.
El músculo independentista
El independentismo se conformó con un firme, disciplinado y movilizado movimiento cívico, pero careció de una dirección política sólida, cohesionada, especialmente a partir de las elecciones de 2015, cuando con el 47,8% de votos y mayoría absoluta en el parlamento pasó tres meses sin formar gobierno; la rama “anticapitalista” de la CUP (10 diputados, que dan mayoría absoluta al independentismo) “mató políticamente al líder del proceso”, el presidente Artur Mas y meses después, obligó a su sucesor, Carles Puigdemont, a exponer su presidencia a un voto de confianza del parlamento.
Fue el momento en que el independentismo resolvió dar un giro enfilando hacia el referéndum unilateral. Con la voluntad política encendida inició la preparación en sigilo, moviendo a un denso tejido de organizaciones en las ciudades del área metropolitana de Barcelona, capitales de provincias y comarcas y en miles de pueblos catalanes. En el último tramo sortearon las dificultades de las fiscalías, de las policías y de las decisiones del Tribunal Constitucional y administrativas del gobierno central.
Hasta romperse
El resultado de este movimiento épico se reflejó el 1-O: votaciones a pasar de la prohibición y la represión policial que creó las imágenes que avergonzaron a España en el mundo. Sin embargo, el referéndum unilateral si bien arrojó un respetable 42% de participación, sólo un 38,7% de los catalanes con derecho a voto marcaron el sí a la independencia frente a un 56,9% de catalanes, que optaron por abstenerse declarando la falta de garantías democráticas del referéndum.
Un Estado, como el español, administrado por el Partido Popular, heredero de las formas autoritarias incubadas en el franquismo, se dejará caer sobre una Cataluña gobernada por una coalición nacionalista-republicana ingenua, con una fuerza movida por la emoción y el anhelo de ser reconocida como una nación con facultad de autodeterminación.
La declaración de independencia golpeará en el hemiciclo y acto seguido el contragolpe se sentirá en todo el mundo. El Estado español se estremecerá, Cataluña padecerá la fractura. Es la degradación de la democracia en España, representada en el silencio, en el no-diálogo, en la astucia, en la propaganda, en la represión y en la exclusión del centralismo y el independentismo, ambos con la voluntad de imponer hasta romperse.