Un grupo organizaciones y ciudadanos de Aysén presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional un recurso de invalidación de la resolución que permitió a la Compañía Minera Cerro Bayo presentar solo una declaración de impacto ambiental (DIA) para poner en funcionamiento los túneles de la mina Javiera, abandonados desde 2008. Para ello, extraería 580 mil M3 de agua desde sus galerías y los depositaría en la laguna Salitrosa, distante a 2,3 kilómetros, con lo cual triplicaría su volumen. El proyecto se ubica al interior del área de humedales del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepas Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara y a solo ocho kilómetros de la Reserva Nacional Jeinimeni, sección del futuro Parque Nacional Patagonia.
La Agrupación Aysén Reserva de Vida (ARV), la Corporación Costa Carrera, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la Agrupación de Turismo Sustentable de Cochrane y el Club Náutico Escualo de Cochrane se unieron en la ofensiva que busca proteger la cuenca del Baker, particularmente el lago General Carrera a orillas del cual opera mina Cerro Bayo. Se sumaron también los pobladores del macroterritorio Karla Rojas, Matías Martínez, Cristian Weber, Elisabeth Schindele, Hugo Javier Altamirano, Camilo San Martín y Drina Montenegro.
Mediante la Resolución Exenta Nº 3 del 17 de febrero de este año, el SEA acogió a tramitación la declaración de impacto ambiental del proyecto “Almacenamiento de Agua de Interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa”, a la cual diversos órganos de la administración del Estado hicieron múltiples observaciones, dando originalmente plazo a la empresa hasta el 25 de julio para responder. Sin embargo, el 20 de ese mes el gerente general de la compañía, Stuart O’Brien, solicitó una prórroga estableciéndose como nueva fecha para entrega de respuestas el próximo 23 de octubre.
Los reclamantes, que ingresaron el escrito el viernes pasado, apuntan a que en este caso no debió aceptarse solo una declaración sino exigirse un estudio de impacto ambiental (EIA). “Esta presentación se fundamenta en lo establecido en el artículo 11 letra D de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en virtud de la cual los proyectos o actividades como estos deben presentar un estudio de impacto ambiental cuando se localicen en o próximo a áreas protegidas, dentro de los cuales la numeración del artículo incluye los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, como es en este caso” explicó al respecto el asesor legal Erwin Sandoval.
“Este proyecto contempla la intervención de 110 hectáreas de este sitio prioritario, con una modificación permanente a la laguna Salitrosa y no obstante ello se le ha permitido ingresar al SEIA por medio de aquella herramienta que constituye el estándar más bajo de evaluación en el marco de nuestro sistema normativo ambiental” puntualizó.
Uno de los problemas es que las aguas interiores de la abandonada instalación en las cercanías de Chile Chico presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio”, según se consigna en la propia DIA, con posibilidad de que, según han alertado los propios pobladores, estos líquidos se encuentren contaminados “por aceites y petróleo de la antigua operación”, con el consiguiente riesgo de que el agua extraída escurra (o inunde) hacia el estero El Baño que fluye aledaño a Bahía Jara (a menos de 2 mil metros de la laguna Salitrosa) en su camino al lago General Carrera. Más aún, el acta de visita a terreno del 19 de mayo de este año señala “como un hallazgo que no fue considerado en la línea de base de la Declaración de Impacto Ambiental, se evidenció en la laguna Salitrosa la presencia de ejemplares de cisne de cuello negro”, una especie considerada vulnerable.
Sandoval aclaró que la legislación establece que obligatoriamente el SEA debe hacer una evaluación rigurosa para verificar mediante qué instrumento ingresará un proyecto, lo que en este caso no se efectuó toda vez que en la resolución de admisibilidad (de solo una página) no se entrega fundamento alguno de por qué se permite declaración y no estudio.
“Nos parece grave, que una vez más, las autoridades actúen con escaso celo en la protección de los ecosistemas regionales, más aún de áreas que están destinadas a la salvaguarda y no a la realización de proyectos de alto impacto social y ambiental como son los de tipo minero” señaló al respecto el presidente de la Agrupación ARV, Peter Hartmann.
Por su parte el presidente de Codesa, Patricio Segura, expresó que “cuando las instituciones no funcionan, como se ha constatado ya en tantas ocasiones, es la ciudadanía la que debe cautelar su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sabemos de las intenciones que la minería, junto a otros sectores productivos, tienen para la región de Aysén y este recurso es parte de la necesaria protección que quienes vivimos en la región, particularmente en el área del lago General Carrera en la cuenca del Baker, debemos impulsar”.
Apuntó, asimismo, que “seguir apostando por una actividad de tan alto impacto social y ambiental, más aún de una cuestionada empresa como la Compañía Minera Cerro Bayo, es incoherente con Aysén Reserva de Vida y diversas actividades sustentables como la horticultura orgánica, la agroecología, el turismo de naturaleza, la pesca artesanal e incluso la investigación de ecosistemas nula o escasamente intervenidos”.
El objetivo del recurso es que se revierta la admisión de la DIA y que se presente un EIA, según lo establecido por la legislación.