Se ha detenido al dirigente mapuche Héctor Llaitul y junto a 7 de sus compañeros se le ha formalizado investigación penal por la Fiscalía y aplicado una gravosa medida cautelar enviándolos a la cárcel. Se les imputa haber incendiado medio centenar de camiones en lo que va del año y de querer hacerlo con otros tanto antes de que llegue el nuevo año. En estos hechos hay propietarios condenados por quemar sus vehículos a fin de cobrar los seguros. En Marzo de este año el comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado públicamente su preocupación por el proceder de la militarizada policía de carabineros en la Araucanía.
Resulta muy difícil de creer que el sr Lllaitul que venía saliendo de la cárcel coordinara el mismo las acciones de quema de vehículos. Fue detenido mientas almorzaba en la casa de su madre acompañado de su hija, no parece ser este el comportamiento de un jefe terrorista. No estaba clandestino, era un líder terrorista con domicilio público.
A los mapuches se les aplica la Ley anti terrorista, un cuerpo legal represivo, impuesto por el general Pinochet en 1984. Que como se sabe contiene un cóctel de abusos, en cuanto a la descripción del tipo penal, los estándares probatorios y los derechos de los imputados.
La ausencia de terrorismo es evidente. No se entiende cómo puede haberlo si sus supuestos impulsores no se plantean atentar contra la vida humana. En más de veinte años la mayor cantidad de muertos son mapuche y en total no pasan de la decena y todo indica situaciones desafortunadas más que resultados buscados. Un terrorismo que se cuida de no matar personas es un pollo al ajo sin ajo.
Carabineros ha dicho que “esto es sólo el comienzo”. Agregaron también que ahora se periciarán celulares y otros instrumentos de comunicación. La situación adquiere mal aspecto. La información/amenaza de carabineros parece responder a una lógica política represiva de una dictadura antes que a un procedimiento sereno y sobrio de una policía de un estado democrático. Detener para investigar y no investigar para luego detener, si procediere, es un criterio investigativo que lleva tarde o temprano a violar los derechos humanos. La Policía de Investigaciones (PDI) hace más de 20 años que descartó estos procedimientos.
El Ministerio Público está obligado por su Ley Orgánica al principio de objetividad a investigar con igual celo lo que inculpa como lo que exculpa al investigado. La prensa estaba presente y actuante al momento de la detención, antes que llegaran a tribunales. Alguien la convocó; carabineros o el Ministerio Público, o ambos de conjunto. Lo relevante es que esa maniobra político comunicacional demuestra que ya hay un abanderamiento con la culpabilidad de los imputados, y que se trata no sólo de condenarlos sino de denigrarlos ante la opinión pública.
De su parte el gobierno que debe respetar el ´principio de separación de poderes y que habitualmente señala “que no comenta resoluciones ni sentencias judiciales”, ahora desbordó en apresurados twitter que celebraban el encarcelamiento.
Estos hechos dan cuenta de la naturaleza real de los hechos. Claramente no se trata de delitos del fuero común. Se trata de un conflicto político, todos actúan en esa lógica.
Si realmente la acusación tuviera fundamento, cosa ya bien dudosa, Llaitul no parece ser un pirómano empedernido. Es un dirigente político y social eso es lo que es.
El problema político, tiene una causa basal que es la agresión ilegal e ilegítima que fue objeto la nación mapuche por parte del Estado de Chile en lo que se llamó la “pacificación de la Araucanía” eufemismo que encubrió una prolongada operación militar de exterminio genocida para hacerle espacio a los colonos europeos que se trajeron de Europa en la idea de “mejorar la raza”.
La nación mapuche es un sujeto de derecho internacional, tan esa sí que ha firmado tratados con la Corona de España y con los estados de Chile y Argentina.
Con Chile se firmó el tratado de Tapihue en 1825 en las cercanías de Yumbel, en que se pactó una hermandad, una “familia” dice el tratado entre chilenos y mapuches, se prohibió a los chilenos instalarse a vivir más allá del río Bío Bío, se autorizó el comercio a ambos lados de esos límites, se dio derecho a los niños mapuches a venir a las escuelas chilenas y se pactó un tratado militar contra los españoles y sus guerrillas. Por Chile y mandatado expresamente por el Senado y el gobierno firmó el oficial de Ejercito don Pedro Barnechea y por los mapuches el cacique Francisco Mariluán. El artículo 17 señala “se prohíbe que algún chileno pueda habitar al sur de ese río por constituir un peligro público para la tranquilidad y un evidente peligro para la paz…“, esto da cuenta de derechos territoriales efectivos y explícitos de los mapuches.
Ese tratado se violentó con la pacificación de la Araucanía y fue el estado de Chile no los mapuches. Esto ha sido implícitamente reconocido por el Estado de Chile, por eso se compran tierras y se le devuelven gratuitamente, para eso existe la Conadi. Nadie devuelve lo que cree propio y adquirido por medios legítimos.
Los mapuches constituyen una nación: tienen un lenguaje propio que es reconocido en entidades estatales chilenas, tienen su propai cultura y creencias religiosas, una bandera, forman un grupo humano significativo con más de un millón de personas y una voluntad de destino común. Eso debe respetarse.
No he escuchado nunca que los mapuches quieran la independencia para crear otro país. Ellos proponen un estatuto de autonomía, que sin dejar de ser chilenos, de cuenta de su realidad. Eso es una propuesta política que debe ser analizada.
La situación requiere de una respuesta política, lo que no pudo hacer por tres siglos un imperio en donde no se ponía jamás el sol no lo conseguirá Carabineros de Chile cualesquiera sean los métodos que se usen. Sin olvidar que toda acción provoca una reacción.
ROBERTO AVILA TOLEDO