Las armas del autoritarismo

“Las armas son herramientas de mal agüero”.  La guerra es un asunto serio; da miedo pensar que los hombres puedan emprenderla sin dedicar la reflexión que requiere.

 

Sun Tzu, El arte de la guerra

 

 

Uno de los rasgos más grotescos del estado autoritario que se consolida en México es el recurso generalizado y creciente a las armas.  No se trata sólo del aumento de las fuerzas armadas, sino de su modernización y de la compra masiva de tecnologías militares.

 

 

 Ello expresa nítidamente la estrategia elegida por el grupo gobernante para tratar de imponer su proyecto social: abrirse paso con las armas en la mano.  Y ello en un país en el que las estadísticas oficiales reconocen que 55 millones de personas están en situación de pobreza, y en el que la estrategia militarista del gobierno federal sólo ha conseguido alimentar la espiral de violencia hasta el punto en que amplias regiones son gobernadas por los grupos criminales.

 

En este texto presentamos un panorama sobre el aumento de los recursos federales dedicados a la compra de armamentos y de tecnologías de espionaje por parte del gobierno federal.

 

Un régimen armado hasta los dientes

 

Entre 2013 y 2016 el gobierno federal ha destinado más de 590 mil millones de pesos (mmp) a los principales organismos y cuerpos armados, siendo la Secretaría de la Defensa Nacional la principal receptora, con 45.6% del total, seguida por la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal (22% cada una), la Secretaría de Marina (17%), la Procuraduría General de la República (11%) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional -Cisen- (3.6%).  Exceptuando este último, se estima que estos cuerpos cuentan con alrededor de 350 mil elementos, de los cuales 213 477 son empleados de la Secretaría de la Defensa, 54 741 de la Secretaría de Marina y 37 871 de la Policía Federal.[1][1]

 

Durante el sexenio de Vicente Fox, se destinaron 278 mmp al gasto federal en seguridad y defensa, mientras que la administración Calderón gastó 610 mmp.  Si hacemos una extrapolación del gasto hecho entre 2013 y 2016, podemos estimar que los recursos destinados a la guerra por el gobierno de Peña Nieto superarán los 885 mmp al final de su mandato.  Otro indicador del “esfuerzo bélico” del país es el peso del gasto en defensa y seguridad en el Producto Interno Bruto (PIB), que pasa de 0.52% en 2006 a 0.85% en 2012, alcanzando su máximo histórico en 2015 con 0.97%.[2][2]

 

Como en otros aspectos de la vida nacional, el gobierno de Peña Nieto rompió los límites del nacionalismo al abrir el mercado de armamento a los proveedores estadounidenses.  Históricamente, se procuraba mantener una relativa diversificación; sin embargo, a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico se plantea la necesidad de “modernizar” las fuerzas armadas del país.  De acuerdo con un reportaje de The Washington Post, en 2013 se pactó la primera gran compra con la Embajada de Estados Unidos: 5.5 millones de municiones, valuadas en 6 millones de dólares.  Se estima que entre 2013 y 2015, México gastó 3.5 mil millones de dólares (mmd): 1.5 mmd a través del gobierno y 2 mmd con empresas privadas del vecino país.[3][3]

 

De acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, entre 2012 y 2016 las importaciones de armamento pesado de México crecieron 184% respecto del periodo 2007-2011, siendo Estados Unidos el principal vendedor, al proveer 56% del total importado.[4][4] La misma fuente estima que en los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto, se realizaron exportaciones de armas pesadas a México por un valor de 940 millones de dólares, concentradas en la compra de aeronaves (73% del valor total).  En particular, se identifica la compra de 114 aeronaves a entidades con sede en Estados Unidos, entre las que destacan 31 helicópteros S-70/UH-60L, los tristemente célebres Black Hawk fabricados por la empresa Sikorsky Aircraft Corporation.[5][5]

 

Estos gastos colocan a México como uno de los principales compradores de armamento en América Latina y a sus fuerzas armadas como las segundas más numerosas y con mayor poder de fuego, sólo detrás de Brasil.  Los análisis sobre el tema coinciden en señalar que la “modernización” militar emprendida por el gobierno mexicano se orienta hacia el control social: las autoridades afirman que las compras de armamento tienen como finalidad combatir al crimen organizado, sin embargo, las fuerzas armadas han realizado innumerables violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la desaparición forzada, y masacres como las de Tlatlaya, Ixmiquilpan o Nochixtlán, hechos que muestran su determinación de tratar a la población como el “enemigo interno”.

 

El espionaje al alza

 

Como todo régimen autoritario, el mexicano siempre ha tenido un amplio aparato de “vigilancia”, por lo que las recientes revelaciones sobre espionaje contra prácticamente todos los sectores de la sociedad no deberían sorprender.  Lo relativamente nuevo es el recurso a la alta tecnología y los grandes negocios públicos y privados que se tejen en torno.  En este terreno vemos claramente cómo el grupo gobernante se adhiere a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, realizando fuertes inversiones que benefician al estado estadounidense y a corporaciones privadas.

 

En 2012, reportes de prensa revelaron la firma de 5 contratos para la adquisición de equipos de telecomunicaciones y programas informáticos de vigilancia y espionaje por un total de 5 mmp.  En uno de ellos, fechado en julio de 2011, se consigna la adquisición de la tecnología Pegaso –Pegasus– que se “apodera” de los teléfonos celulares y permite extraer la información y monitorear todas las actividades del equipo infectado.  Los contratos fueron firmados con una empresa fantasma de nombre Security Tracking Devices.  Cinco años después, se sabría que esta tecnología es fabricada por la empresa israelí NSO Group.

 

Ya bajo la presidencia de Peña Nieto se han producido dos importantes escándalos de espionaje que ilustran la determinación autoritaria del gobierno federal.

 

En 2013, la organización canadiense Citizen Lab reveló que las tecnologías Finfisher producida por la empresa inglesa Gamma International, y Da Vinci, producto de la firma italiana Hacking Team, fueron usadas para espiar a ciudadanos mexicanos[6][6].  También fue documentado el uso de los programas de geolocalización Plint Tracking Locsys y Hunter, y de monitoreo de redes ProxySG y PacketShaper, vendidas por la empresa estadounidense Blue Coat Systems.

 

En 2017, gracias a la colaboración de Citizen Lab y organizaciones locales, se reveló que al menos desde 2014 se ha usado el programa Pegasus en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos, e incluso contra un menor de edad.  Esta tecnología fue adquirida por la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General y el Cisen.[7][7]

 

El gobierno mexicano argumenta que estas tecnologías se usan en el combate al crimen organizado y niega en forma categórica que haya autorizado o realizado espionaje.  Sin embargo, tanto por los costos millonarios de las compras como por las razones para espiar a ciudadanos, las evidencias apuntan a que estamos frente a una más de las estrategias gubernamentales para eliminar la disidencia y la protesta sociales en México.

 

El autoritarismo ha avanzado de manera acelerada, mostrando formas articuladas que en otros países de la región apenas comienzan a tomar forma.  La compra de armas y el recurso al espionaje generalizado, caracterizan la profundidad de la estrategia del grupo gobernante y sus aliados para consolidar su proyecto de entregar las riquezas del país a los grandes capitales y disciplinar a la población a tal objetivo.  A pesar de los altísimos costos humanos y sociales de esta estrategia, el mayor drama de nuestra sociedad es que la violencia criminal e institucional se ha generalizado y no parece haber salidas en los marcos del régimen político.  La apuesta por las armas ha cerrado las “vías institucionales” a cualquier cambio por pequeño que sea.  Por ello, son las luchas de los pueblos, organizaciones y colectivos de distintos horizontes las que están creando alternativas al autoritarismo reinante, teniendo como uno de sus primeros límites, encontrar las formas de desmontar la estrategia de aniquilamiento en curso…

 

Posdata.  Como muestra del descontrol total que vive el país y la inexistencia de instituciones y leyes que normen la acción de los poderes públicos, los días 29 y 30 de agosto de 2017 salió a la luz otro enorme escándalo de espionaje, que tiene como actor principal al exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, político que pretende ser candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, y quien habría ordenado y financiado la creación de una extensa red de espionaje, por supuesto ilegal.  Entre las revelaciones hechas destacamos tres: el espionaje al presidente Peña Nieto y al secretario de gobernación Osorio Chong, máximas autoridades del régimen; la denuncia pública con presencia en los medios de un exintegrante del CISEN de nombre Rodolfo González Vázquez, que presentó supuestas evidencias del espionaje ilegal, hecho inédito pues en general, los gobernantes y los responsables del espionaje siempre han negado la realización de tales prácticas; finalmente, el detonador de la denuncia fue la posibilidad de que a partir del espionaje contra el empresario Anwar Salomón Briseño pudiese producirse un secuestro o un asesinato.  Las armas del autoritarismo son la condición de posibilidad de la guerra de todos contra todos en un México que se desangra aceleradamente… Ver: https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/hay-420-llamadas-producto-de-espionaje-en-la-lista-hasta-epn-y-chong-acusan-a-moreno-valle/ y https://www.youtube.com/watch?v=NCX1HaNBqps

 

 

·       Raúl Ornelas es investigador Titular del IIEc – UNAM, raulob@iiec.unam.mx