Haciendo a un lado toda normativa del derecho y de los tratados internacionales que prohíben la injerencia en los asuntos internos de otro país y la aplicación de medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad de los pueblos, el gobierno de EE.UU. ha aplicado sanciones económicas a Venezuela.
1.- Estas sanciones, suscritas por Donald Trump mediante una orden ejecutiva publicada el 25 de agosto, no son más que la formalización de las agresiones económicas que desde el año 2013 ha accionado de manera encubierta el gobierno de EE.UU. con la intención de asfixiar la economía venezolana y privar al pueblo venezolano de alimentos y medicamentos, para de esa manera, acompañado de un discurso en el que atribuyen la responsabilidad al gobierno de Nicolás Maduro, generar una crisis humanitaria y socavar el apoyo popular a la Revolución Bolivariana.
2.- Días antes, el 17 de agosto, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo “Vamos a seguir con nuestros esfuerzos para aislar a Venezuela económica y diplomáticamente” [1], confesando de esa manera que, con su poder económico, han tratado, desde hace rato y con prácticas genocidas, de desestabilizar económica, social y, por lo tanto, políticamente a Venezuela.
3.- Ya no hay caretas. Lo que hasta el viernes 25 de agosto fue una guerra económica encubierta contra el pueblo venezolano dirigida por los grandes capitales que gobiernan EE.UU., ahora ha sido formalmente declarada.
4.- Nos muestra la historia que para “justificar” esta flagrante violación de la soberanía de los pueblos, la Casa Blanca ha inventado, pero también generado y promovido, situaciones de conflictividad, de violencia y de caos económico en los territorios. Recordamos, por ejemplo, el invento en 2003 de las armas de destrucción masiva, nucleares, bacteriológicas y químicas en Irak, armas que hasta la fecha no han sido halladas. O la situación de violencia que han venido generando desde 2011 en Libia mediante la infiltración de grupos paramilitares para justificar el bloqueo financiero, la congelación de los activos, la prohibición de transacciones en dólares y el embargo comercial que derivaron en la aprobación de los decretos 1970 y 1973 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Sendos documentos que, para vergüenza de la humanidad, justificaron la reciente intervención de EE.UU. en territorio libio en el marco de una guerra civil que aún sigue cobrando víctimas.
· Pasqualina Curcio Curcio
Profesora Titular
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad Simón Bolívar-Venezuela