Un recurso de amparo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y luego una denuncia ante el Ministerio Público tramitó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de la ciudadana costarricense J.V.Z quien denunció una eventual violación ocurrida al interior de la Escuela de oficiales de Carabineros –donde cursaba estudios- y su posterior privación de libertad e internación médica forzada, además de malos tratos.
La mujer de 23 años de edad es funcionaria del Ministerio de Defensa de Costa Rica, vino a Chile como becaria en la Escuela de Carabineros por un periodo de dos años. El 1 de julio pasado todo cambió. Se presentó ante su superior y denunció una violación por parte de un teniente instructor. Ese mismo día se habría producido su intento de suicidio, por lo que fue llevada a la clínica de la Escuela y luego llevada al Hospital de Carabineros.
Los hechos acaecidos fueron comunicados el 5 de julio al embajador de Costa Rica, Manuel Rojas, quien al día siguiente visitó a la entonces candidata a oficial de la policía uniformada, en virtud de acuerdos bilaterales entre Costa Rica y Chile. Desde esa fecha y hasta el 12 agosto funcionarios de la embajada costarricense mantuvieron contacto con J.V.Z, hasta que el 13 de agosto -por razones desconocidas y no comunicadas a la embajada de Costa Rica- la mujer fue trasladada a un centro médico siquiátrico privado ubicado en El Arrayan, en la comuna de Lo Barnechea.
Desde el 13 de agosto J.V.Z. estuvo incomunicada de su familia en Costa Rica, aunque recibió la visita el Cónsul General de su país tres días más tarde y sólo durante tres minutos. El diplomático dijo al INDH que la encontró fuertemente sedada.
En las mismas condiciones de aislamiento y fuerte sedación estaba la tarde del 18 de agosto, cuando un abogado del INDH acompañado de una sicóloga forense la entrevistaron, luego de indicar a la dirección del recinto siquiátrico que, para efectos legales, la joven costarricense estaba privada de libertad y bajo custodia del Estado.
Allí los profesionales del INDH pudieron constatar el estado de J.V.Z, quien a pesar de que se encontraba con síntomas como ansiedad, expresó su voluntad de abandonar el centro médico. En la entrevista relató que era sedada cuatro veces al día, y que además había permanecido amarrada a su cama durante las noches, que había sido privada de alimentación y que era víctima de malos tratos.
Estos hechos motivaron la interposición inmediata de un recurso de amparo, por medio del cual J.V.Z. recibió la visita de la magistrada del Cuarto Juzgado, Carolina Araya, quien entrevistó a la amparada, constató las condiciones en que estaba y escuchó su voluntad de abandonar el recinto. Con estos hechos la jueza ordenó su traslado al Hospital Psiquiátrico Instituto José Horwitz Barak, acción realizada la madrugada del 19 de agosto y que fue acompañada por profesionales del INDH y el director del organismo, Branislav Marelic. La dirección del hospital y los doctores tratantes comunicaron el 23 de agosto que J.V.Z. estaba recuperada de su condición médica.
Por ello el jueves 24 J.V.Z. declaró ante la Fiscalía, reiteró sus denuncias y el viernes viajó de regreso a San José de Costa Rica.
Además de la investigación que inició el Ministerio Público a solicitud del INDH, también Carabineros abrió un sumario ante la justicia militar.