La expresión “pato cojo” se usa en para designar la última etapa de un gobernante que está en el periodo de salida, tiene su origen en los mercados financieros británicos del siglo XVIII, y de allí pasó a la política. Según The Dictionary of American Slang, “Pato cojo” es la expresión coloquial (slang) de alguien que no paga sus deudas.
Cuando falta un semestre para el fin del gobierno, y con elecciones generales ad portas, el ejecutivo envío tres proyectos de ley sobre pensiones al Congreso; Reforma Constitucional que crea un nuevo administrador, el Consejo de Ahorro Colectivo. El Proyecto de Ley de Nuevo Ahorro Colectivo (5%) y el Proyecto de Ley que modifica el marco regulatorio de funcionamiento de las AFP.
Los tres proyectos de Leyes de Reforma Previsional anunciados por el gobierno son una respuesta a las masivas movilizaciones que desde el año pasado encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP, y a los cientos de miles de cambios al fondo E, y abandono de las AFP Provida y Cuporum. Pero es una respuesta que tiene todas las características de una maniobra populista, fortalece y mantiene los porcentajes administrados por las AFP pero al incorporar dos puntos porcentuales de reparto permite promesas de mejoras importantes e inmediatas para las pensiones, pero en realidad el envío de los proyectos fue postergado para que coincidiera con la inscripción de las listas presidenciales y parlamentarias, y si tiempos políticos para su aprobación.
El gobierno postergó hasta el final el envío del proyecto para evitar su aprobación
Los tiempos impiden la aprobación de la ley durante este gobierno. Incluso los parlamentarios de la Nueva Mayoría han admitido que es difícil que el texto pueda ser aprobado durante el actual Gobierno. De tal manera que la papa caliente quedará para el próximo gobierno. A esta altura todos suponen que será un segundo gobierno de Sebastian Piñera, que lo echará para atrás.
Por si alguien teme que la ley se pueda aprobar con celeridad, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, informó hoy que el gobierno quitará la urgencia al proyecto de ley que regula las AFP y se concentrará la discusión en los 5 puntos porcentuales adicionales de cotización.
Los compromisos de mejora de las pensiones quedan sujetos a la disponibilidad de recursos.
Sobre la base del 2% de cotización que va a reparto solidario, el gobierno compromete un aporte solidario intergeneracional y un bono para las mujeres, que representan un aumento aproximado del 20% de las pensiones en general, y para las mujeres el fin del castigo por mayor esperanza de vida porque pasarían a cobrar una pensión igual a la de un hombre con el mismo fondo. La promesa no es total, pues el proyecto señala que “sólo en la medida que existan recursos disponibles en el Fondo de Ahorro Colectivo, las y los afiliados podrán acceder a los beneficios del mismo.” El aporte solidario intergeneracional no es para siempre, irá decreciendo en la medida que aumente el monto acumulado en las cuentas de ahorro personal del Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, cesando cuando los afiliados puedan financiar este 20% adicional desde sus cuentas individuales.
Como hay una gradualidad en el aumento de la cotización, y además se establece que los beneficios comenzarán a hacerse efectivos 1 años y 3 meses después de la publicación de la ley, deberían pasar 4 ó 5 años adicionales antes de que hubiera recursos para cumplir plenamente el compromiso.
Para obtener el bono completo la mujer tiene que pensionarse a los 65 años. Si se pensiona desde los 60 y antes de los 65 años el bono será menor.
El gobierno mantiene en lo medular el sistema de AFP.
En su proyecto el 10% de capitalización individual que administran las AFP no se toca. Pero además con otro nombre se crea una AFP estatal, el Consejo de Ahorro Colectivo, que administrará un 3% con la misma lógica de capitalización individual con que han trabajado las AFP hasta ahora , la que ha demostrado que es un experimento fallido para dar buenas pensiones, bajo el sistema de cuentas individuales el alza de cotización no tendrá efectos apreciables sobre los montos de pensiones hasta dos o tres décadas más, como ha reconocido el propio ministro Rodrigo Valdés criticando la propuesta de Sebastián Piñera: “un incremento de la cotización de 5% en las cuentas individuales por 15 años no tiene tiempo de provocar un cambio significativo en la pensión final. Un alza de 4% incrementaría la pensión en 12% en el caso de las mujeres, y en 17% en los hombres, muy por debajo del (más de ) 20% promedio que impactaría la propuesta del gobierno”. Hay que insistir que este incremento prometido se basa en los dos puntos porcentuales del aumento de cotizaciones, lo que demuestra que un sistema de reparto solidario es mucho más eficiente para pagar buenas pensiones.
Las comisiones “ocultas” pasan a estar explícitamente en la ley.
Las comisiones “ocultas” o de intermediación financiera se autorizan en la nueva legislación bastando la obligación de las AFP de informarlas en la cartola trimestral, en segundo lugar que las propias AFP se hagan cargo de un modesto 1% de estas comisiones “a menos que la rentabilidad obtenida por las inversiones sea superior a la de un portafolio de referencia de un mercado relevante”, es decir lo que en finanzas se conoce como “Benchmark”, pero que no se establece con claridad en el proyecto y en tercer lugar que “deberán señalar expresamente los criterios de selección de los administradores de activos”.
Mayor riesgo de la inversión inmobiliaria.
La inversión inmobiliaria y otras nuevas inversiones que se abren en esta nueva reforma de pensiones tienen como punto negativo y es que aumentarán la exposición de riesgo de los fondos, con la única limitación que estas inversiones no podrán ser superiores al 30% de cada Fondo Previsional. La nueva reforma persiste así en la lógica de apostar por mayor rentabilidad con mayor riesgo que nos hizo perder un tercio de los fondos acumulados en la gran crisis financiera de 2008-2009.
Se dificultan los cambios entre Multifondos.
Junto con las masivas marchas por el NO + AFP que se suceden desde hace un año, en la batería de iniciativas del movimiento han destacado los efectos de las campañas de los cambios de AFP abandonando Provida y Cuprum, de una parte y de otra el traslado entre fondos al Fondo E (el menos riesgoso).
En los doce meses que van del segundo semestre de 2016 al primero de 2017 cerca de 86 mil afiliados abandonaron las AFP Provida y Cuprum. Esto significó que Provida dejó de ingresar US$6,9 millones de dólares, y Cuprum US$4,7 millones de dólares. El cambio al Fondo menos riesgoso fue aún más impresionante. Durante 2016 el 10% de los afiliados se cambió al Fondo E, es decir cerca de 800 mil personas. Ahora, las AFP y los defensores del sistema temen la estampida masiva hacia el Fondo E en cuanto se produzca la próxima caída generalizada de los mercados financieros.
El nuevo proyecto plantea una limitación brutal para cambiarse de Fondo, en primer lugar determina la pertenencia “natural” a ciertos Fondos según el rango de edad. En caso de que alguien esté en un Fondo que no le corresponda según este criterio, las AFP consultarán periódicamente sobre su voluntad de permanecer en ese Fondo y su no hay respuesta en un plazo determinado lo cambiarán automáticamente.
Solo podremos cambiarnos de un Fondo a uno adyacente, por ejemplo del Fondo A al B, pero no del A al E, y el periodo de espera para que el cambio efectivamente se produzca aumentaría de cuatro a diez días. Con esto será imposible la menor reacción oportuna a las caídas de las bolsas para resguardar nuestros fondos previsionales.
¿En dónde queda la libertad de elegir el riesgo que cada afiliado quiere correr? Una de las pocas cosas que todavía podíamos hacer los trabajadores con las que se supone que son nuestras propias cuentas individuales, esto es cambiarse de Fondo, recibirá severas trabas si se aprueba esta ley.