El cínico consejo de la mentira que se refleja en esta columna se le atribuye a Josef Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi en Alemania, pero en rigor en otro contexto le pertenece a Voltaire y lo recordamos con motivo de los comportamientos que han tenido todas las autoridades sectoriales de la Administración del Estado como los actores privados de la construcción, partiendo por la influyente Cámara Chilena de la Construcción (CCHC).
En efecto, todos ellos con una desfachatez desbordante, han dicho públicamente que los edificios en altura bautizados como guetos verticales por el locuaz intendente Orrego, que se están construyendo en la comuna de Estación Central, cuentan con permisos debido a que allí no existe un Plan Regulador Comunal (PRC), falacia que ha sido repetida por casi todos los medios de prensa con excepción de unos pocos medios digitales que han expresado la verdad de los hechos.
Si la opinión pública da crédito a ese divulgado embuste se podría colegir que las inmobiliarias que levantan sus lucrativas torres lo hacen porque hay un vacío legal y que, como lo han expresado algunos habilidosos dirigentes empresariales, ellas han actuado conforme a las escasas disposiciones legales vigentes en esa comuna, con lo cual quedan exentas de culpas, ya que la ausencia de normas urbanísticas en ese territorio es responsabilidad del Estado.
Podemos aceptar que la clase empresarial se defienda de esa burda manera, aprovechando el desconocimiento técnico generalizado, porque su único propósito es ganar el máximo de dinero a través de todos los medios posibles, sin importarles las negativas consecuencias de sus iniciativas mercantiles. Pero es de una frescura mayúscula que el alcalde Rodrigo Delgado, el intendente Claudio Orrego y la ministra de Vivienda y Urbanismo Paulina Saball sostengan la misma cantinela sin ningún pudor. Es más, esta última lo manifestó en el Senado, aprovechando que esos parlamentarios, por desinterés o por otras razones, desconocen la materia específica y tienden a creer cualquiera estupidez que se les diga.
Cuando Orrego, en una concurrida conferencia de prensa, decía que en Estación Central existían 70 permisos de edificación, algunos de los cuales estaban ejecutándose sin las respectivas Resoluciones Favorables de Calificación Ambiental, sobre la marcha saltó el alcalde Delgado exculpándose y denunciando que él quería tener un PRC pero que un gobierno pasado se lo impidió. El hecho concreto es que desde el año 2013 se han cursado 75 permisos de edificación con 57.000 pequeños departamentos y 30 resoluciones de anteproyectos. Quien aprobaba era el díscolo Director de Obras Municipales de Estación Central y ya se han levantado varias torres de 30 y 40 pisos con minúsculas viviendas arrendadas a familias necesitadas.
Si se llegan a construir todos esos guetos verticales se aumenta la población en 235.000 personas en una comuna que tiene actualmente tan solo 119.292 habitantes, conforme a la cifra arrojada por el último Censo de Población y Vivienda del año 2012 (Fuente INE), ello agravado por el hecho que se trata de una comuna de escasos recursos, que se caracteriza por tener déficits en materia educacional, de salud, comercio, dotación policial, estructura vial, etc. etc.
Lo anterior significa más que duplicar toda la población de la comuna, concentrada en unas pocas calles, en su mayoría pequeñas. Tan sólo en la calle Toro Mazotte, vía de categoría local -la más angosta de todas- se han aprobado al menos 8 Permisos de Edificación, que suman 18.536 personas, al igual que ocurre con la calle Conde del Maule, que suman otros 3.387 departamentos que representan a 13.548 personas.
Tal como lo dijo la Contraloría General de la República en un dictamen de 1989, el territorio de Estación Central, heredado en 1985 de la comuna de Santiago y de Quinta Normal, se rige por las normas urbanísticas contenidas en el PRC de Santiago en esa época, instrumento que fijaba normas de altura máxima y coeficiente de constructibilidad muy distintas, bastante más reducidas, a las aplicadas para los infaustos guetos verticales en comento. En el territorio escindido de Quinta Normal se debieron aplicar las restrictivas reglas del artículo transitorio 3º del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), lo que tampoco se hizo.
Avalan nuestros dichos, la Modificación N° 1, del PRC de Estación Central, publicada en el Diario Oficial del 30 de enero de 2014, aprobada por Decreto N° 41 exento, del Alcalde de Estación Central, donde reconoce que modifica el antiguo PRC de Santiago, vigente para esa comuna. Enseguida se aprobó la Modificación N° 2, del PRC de Estación Central, publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 2017, conforme el Decreto N° 32, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, suscrito por Paulina Saball, donde reconoce vigente el actual PRC de Santiago. Dicho Decreto N° 32 tuvo Toma de Razón por la Contraloría General de la República.
Finalmente se dicta el Decreto Alcaldicio N° 324, de Estación Central, publicado en el Diario Oficial del 26 de abril de 2017, donde se reconoce por parte del Alcalde, la plena vigencia del PRC de Santiago, para justificar la postergación (congelamiento) de permisos por 3 meses, mientras se modifica dicho PRC en Estación Central. El 26 de julio reciente se publicó en el Diario Oficial la prórroga por otros 3 meses de esa postergación, acorde a lo ordenado en el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Como vemos, a la luz de los citados actos administrativos, se constata la pésima memoria que tienen las autoridades que los firmaron y por ello nos tenemos que preguntar cuál es la razón de fondo que ellas tienen para negar la existencia de normas urbanísticas en Estación Central. ¿Será para justificar la existencia de los guetos verticales, a sabiendas que todos son ilegales? Tendemos a pensar que sí porque en Chile toda pillería es posible.
Esta bochornosa situación se le ha dado a conocer recientemente, por escrito y con el listado de los 75 permisos y 30 anteproyectos, a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y a la CCHC, misma asociación gremial empresarial que publica costosos insertos en la prensa criticando al Consejo de Monumentos Nacionales por haber protegido los vestigios de la Villa San Luis en Las Condes. Como se comprenderá, ninguna de estas 3 instituciones ha acusado recibo de la documentación entregada en sus oficinas, suponiendo que deben estar muy avergonzadas porque una organización sin fines de lucro -Fundación Defendamos la Ciudad- detectó el ardid para que ciertas inmobiliarias regalonas del viciado sistema que nos rige pudieran construir violando las disposiciones legales.