La Justicia argentina condenó a cuatro jueces federales de la provincia de Mendoza a cadena perpetua en una cárcel común. Los ex magistrados Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret vieron acreditadas sus responsabilidades en un proceso en que contaron con todas las garantías de un estado de derecho.
Los condenados ejercieron en la judicatura penal de Mendoza durante la dictadura militar (1976-83), y al igual que muchos otros de sus pares latinoamericanos, cometieron por acción y omisión conductas directas y necesarias para que el genocidio militar pudiera desplegarse. Su negativa a administrar justicia colaboró de manera esencial en la comisión de homicidios, torturas, secuestros, detenciones ilegales y apropiación de niños.
El ex juez Otilio Romano fue extraditado desde Chile, donde pretendió encontrar refugio hace algún tiempo, y en este juicio fue condenado por 84 secuestros, 38 torturas, y 33 homicidios.
Esta sentencia dictada en Buenos Aires se nos muestra impecable desde el punto de vista del derecho. En efecto, todo juez que se niega a dar amparo jurídico a las víctimas de un delito a sabiendas de su comisión se hace por esta vía un coautor del mismo.
Es de hacer notar que la denegación de justicia trasciende al caso mismo en que esta se produce ya que contribuye también a crear un ambiente de impunidad que a su vez es un estimulante a nuevas conductas delictuales. La denegación de justicia es una vulneración de derechos al conjunto de la sociedad y si bien en lo inmediato afecta a la víctima en una perspectiva más larga afecta también al victimario, que de tener ante sí una judicatura actuante bien puede inhibirse de nuevos comportamientos delictuales.
Hay situaciones que estos jueces dejaron dolosamente en la impunidad que son aberrantes. Luz Faingold era una estudiante de secundaria que en un trabajo escolar sobre la carrera espacial incluyó la nave soviética Soyuz lo cual desató en su contra la acusación de “comunista”. El juez Mairet, hoy condenado, no le brindó protección alguna y se hizo eco de la imputación que la condujo a sufrir terribles torturas. Compañeros de su escuela se encuentran hasta hoy desaparecidos.
El Estado es la nación jurídicamente organizada (Jellinek). La denegación de justicia, especialmente cuando es consciente y voluntaria, es la más radical negación del Estado. Un Estado dicta leyes y las aplica, ese es su cometido esencial en cualquiera de las visiones ideológicas que del mismo se tenga. Cuando el Estado abandona voluntariamente la aplicación de las leyes se transforma simplemente en una enorme maquinaria delictual.
La sentencia condenatoria a estos jueces, que lo fueron hasta 2011, expresa el alto consenso existente en la sociedad argentina para sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. El fallo se conoce y se aplicará durante el gobierno de derecha del presidente Mauricio Macri.
Este fallo es también una flecha al futuro si el país trasandino tiene la desgracia de vivir una nueva dictadura todos tendrán claro, los jueces incluidos, que sus responsabilidades no se diluirán al momento de la reconstrucción democrática.
Este gran salto adelante en materia de derechos humanos contrasta vivamente con lo ocurrido en Chile en que ningún juez perdió su empleo o fue sometido a proceso por su comportamiento funcionario durante la dictadura militar chilena. De los miles de recursos de amparo interpuestos por arrestos ilegales, en realidad secuestros, sólo se acogió uno (Carlos Contreras Maluje que de todas maneras fue asesinado). Esa conducta institucional creó responsabilidades personales que nunca se han hecho efectivas, pero podrían serlo.
La justicia militar es un caso aparte. Hay ex magistrados como el ex fiscal militar e integrante de la Corte Suprema Fernando Torres Silva, condenado hoy en Punta Peuco, que nunca han sido enjuiciados por su conducta como parte de la judicatura. Pero algo hay, en fecha reciente se dictó procesamiento por torturas en contra del ex fiscal militar de Valdivia (1973-74) Bernardo Puga Concha, es un comienzo.
Es probable que de haberse dictado resoluciones judiciales drásticas ante el genocidio chileno, muchas de ellas no hubieran sido acatadas. Pero sin lugar a dudas se habrían transformado en un obstáculo para nuevos crímenes de lesa humanidad lo cual habría sido beneficioso para todos los chilenos. Punta Peuco tendría menos residentes y menos chilenos estarían en situación de detenidos desaparecidos.
ROBERTO AVILA TOLEDO
Abogado