“Me lo dijo el doctor, no tengo por qué dudar”, frases como esta se encuentran en extremo arraigadas en la cultura chilena, como auténticos dogmas de fe. ¿Quién podría rebatir la opinión de un facultativo?, sobre todo si ella es producto de una añosa y perfecta ecuación entre la confianza del paciente y la calidad profesional del médico. Pero los médicos no son infalibles. Son, quién lo diría, seres humanos. Se equivocan y cometen los mismos errores y excesos que cualquier ciudadano de carne y hueso; también son presa de la envidia y la codicia, y susceptibles de ser corrompidos, como cualquier mortal.
No obstante, sea por falta de interés o instrucción, sin mayores cuestionamientos la sociedad delega en los médicos el destino de su salud… y el de la institucionalidad médica y farmacéutica. El problema es que esa confianza en el criterio galeno se ha prestado para abusos y excesos. Los médicos, por ejemplo, siempre se han opuesto a que los odontólogos sean prestadores de salud dental a través de Fonasa e isapres. Ni qué decir de otras profesiones médicas, como kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, a las que tampoco se les permite acceder al sistema previsional. Otra clara demostración del poderío del que goza el gremio, lo constituye la formación de especialistas, la que más que servir las verdaderas necesidades de la población, depende de las sociedades médicas y asociaciones gremiales, instituciones que manejan a su antojo los cupos para la formación de nuevos especialistas, en función de criterios de mercado, más que de salubridad. Sabido es que los cupos para formar nuevos oftalmólogos, otorrinos o dermatólogos, son escasísimos. La idea subyacente es controlar la oferta y la demanda.
Muy similar es el sentido odioso que se le ha dado al Eunacom (examen teórico-práctico de medicina general que es encargado por el Estado a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile), el que en la práctica se ha convertido en un instrumento de discriminación negativa para los médicos extranjeros que pretenden ejercer en Chile, cuestión en la que el Colegio Médico ha sido bastante complaciente.
Hace unos días un reportaje de TVN reveló el pago de millonarias pensiones a ex uniformados que no obstante gozar de evidente buena salud, fueron pasados a retiro por padecer inutilidad de segunda clase (un tipo de incapacidad física que inhabilita para el servicio activo), cuestión en la que las comisiones médicas de la Fuerzas Armadas son clave, ya que esas entidades son las que califican y resuelven dicha discapacidad de manera inapelable y terminan otorgando la jugosa pensión; comisiones que establecen beneficios muy diferentes a las Compines.
Según informa El Mercurio de Valparaíso, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia mediante el cual atribuye y argumenta “prácticas presuntamente constitutivas de colusión” en que estarían incurriendo desde el año 1985 los médicos pertenecientes a la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región (AGC). La acción judicial sostiene que la AGC ha infringido la normativa que regula la práctica de la especialidad, a través de “actos que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia”. El requerimiento de la FNE asegura que la AGC “ha ejecutado un acuerdo destinado a fijar e implementar precios de las prestaciones médicas de su especialidad y sus respectivas subespecialidades, en el sistema de salud privada de la V Región, mediante la suscripción de convenios con isapres”, desde el año 1985.
En el matutino se lee “con lo anterior se ha estado restringiendo y entorpeciendo la competencia en el referido mercado”, afectando a los pacientes que demandan dichos servicios profesionales”.
Por último, en el marco de una eventual aprobación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación), los médicos tendrán en sus manos buena parte de la decisión final del destino del ser en gestación. Para bien o para mal, serán los médicos quienes determinarán cuándo y bajo qué circunstancias la vida de la madre está en riesgo vital. Del mismo modo, podrán establecer la inviabilidad fetal, y en la causal de violación de una menor de 14 años que resulta embarazada, la ley “autoriza prescindir de la solicitud de autorización de los representantes legales cuando, a juicio del médico, ello pudiera producir una reacción negativa en aquéllos, exponiendo a la menor de 14 años, o a la mujer, judicialmente declarada interdicta por causa de demencia, a un riesgo grave de maltrato físico o psíquico”.
Qué duda cabe, se trata de un gremio respetado, pero temido; poderoso e influyente, cuyos errores, se dice, se tapan con tierra. Nunca es bueno para una sociedad que un grupo de personas concentre y administre tanto poder, ni mucho menos, que sea el propio Estado el que empodera a un gremio al que venera como infalible.