El 1 de octubre, según los planes del gobierno catalán y la mayoría parlamentaria que disfruta, se ha convocado un referéndum con una pregunta escueta: si quiere que Catalunya sea un estado independiente. Además, se añade otro requisito: “de formato republicano”. Así se distingue de los casos sueco y danés, como ejemplos europeos de Estados independientes, pero con monarquías parlamentarias.
Se acepta la exigencia de los partidos y formaciones independentistas-republicanas de borrar otra de las características del sistema político español. Con este perfil se convirtió en moderadamente cuasifederal con la aparición de las autonomías regionales englobadas en una estructura política parlamentaria bajo la cobertura de una monarquía hereditaria creada por el franquismo.
Según numerosos analistas, se avecina un “choque de trenes” espectacular, con numerosas víctimas y daños colaterales. Según otros observadores (los independentistas, liderados por el propio gobierno catalán), en realidad no habrá tal choque, ya que uno de los trenes evitará al otro que se habrá equivocado de vía.
Según los más optimistas del gobierno español, tampoco el choque se producirá ya que lentamente el suflé del proyecto de referéndum en Catalunya se desintegrará y todo volverá a su normalidad.
Regresará a una variante más del autonomismo que fue la fórmula práctica de resolver el centralismo del régimen franquista (1939-1975) dando una modesta apariencia de asimetría. Solamente se distinguía entre “regiones” (mayoría de 14) y las llamadas “nacionalidades” históricas (las otras tres: Catalunya, País Vasco y Galicia).
Fue lo que sarcásticamente se llamó el “café para todos”, amigable solución al final de una comida en la que todos los participantes tienen diversas inclinaciones.
La situación catalana actual proviene directamente de la anulación parcial en 2010 de un nuevo estatuto autonomista, significativamente aprobado cuatro años antes por el Congreso español y el Parlament catalán, reforzado por un referéndum.
En respuesta a un recurso del ahora gobernante Partido Popular (PP), el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos sustanciales y dejando sin valor jurídico la mención en el preámbulo de Catalunya como “nación”. Se inició así un lamentable y cruento enfrentamiento que está dividiendo a la sociedad catalana y ha transformado a España en un triste objeto de estupefacción analítica.
Nadie sabe bien quién es más culpable. Por una parte, sobresale el gobierno español de Mariano Rajoy, por negarse en redondo a contemplar cualquier negociación que no sea el lento proceso de la reforma constitucional. Por otra, destacan los independentistas catalanes por insistir en un proceso que no ha recibido apenas apoyo alguno internacional (con la excepción de editoriales en diarios como The New York Times).
Nadie en la comunidad internacional quiere verse implicado en una disputa que se considera estrictamente interna.
Los argumentos se centran, por parte del gobierno español, en la insistencia de que la legislación constitucional no reconoce más soberanía que la colectiva de España. Por lo tanto, los territorios, regiones o autonomías no pueden programar una consulta parcial acerca de una posible independencia. Esa prerrogativa pertenece a todos los ciudadanos españoles en bloque, no solamente a los catalanes.
Los independentistas catalanes, por otra parte, consideran que disfrutan de un especial “derecho a decidir”. Este es un término acuñado para aplicar el universal privilegio a “la autodeterminación”, protegido por las Naciones Unidas y el derecho internacional. El problema de ese argumento es que diversas interpretaciones lo han considerado solamente aplicable a casos de colonialismo. Es evidente que ése no es el caso de Catalunya.
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· Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu