No podría ser calificada de bomba política. Producto de las investigaciones e incluso condenas de múltiples ex ministros, diputados y senadores por vínculos ilegales con sectores empresariales de la minería y la pesca, la próxima formalización del suspendido senador DC Jorge Pizarro Soto no hace más que profundizar una situación que, lamentablemente, es más común de lo que una democracia debiera soportar.
Sin embargo, la noticia de los aportes irregulares que en 2012 obtuvo de la minera SQM, a través de la consultora Ventus (de sus hijos Sebastián y Jorge Pizarro Cristi), es preciso cruzarla con otra información que se dio a conocer durante la semana pasada.
“Los correos entre Longueira y el abogado de SQM para modificar el Código de Aguas” fue el titular de un artículo que el viernes publicó la prensa nacional. En este, el matutino daba cuenta de la propuesta que el ex fiscal de la minera, Patricio Matías Astaburuaga, hacía en 2010 al entonces senador para la presentación de una norma que introdujera “modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones”. Este proyecto fue presentado, finalmente, en 2012 cuando Longueira ya integraba el Gabinete de Sebastián Piñera como ministro de Economía.
Pizarro, agua y minería: Relaciones peligrosas
Aunque los correos del empleado de SQM no estaban dirigidos a incidir en la actual reforma al Código de Aguas (moción parlamentaria que ingresó en 2011 y que comenzó a votarse en 2012), la duda que abre el procedimiento utilizado por la empresa de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, para incidir en la institucionalidad hídrica es si utilizó tal mecanismo con otros parlamentarios a los cuales financió.
Un dato no menor, considerando que Jorge Pizarro integra desde 2014 dos comisiones donde SQM tiene claros intereses: Minería y Recursos Hídricos. Precisamente en esta última se votará el martes primero de agosto una indicación clave de la reforma al Código de Aguas, que modifica el artículo 56 sobre “aguas halladas”, que permite a este sector utilizar las aguas que afloran fortuitamente durante sus exploraciones y faenas, sin necesidad de informar ni pedir permiso a la autoridad.
En la Cámara de Diputados se corrigió este exceso estableciendo la obligación para las mineras de comunicar estos afloramientos a la Dirección General de Aguas y solicitar autorización en caso de utilizarlos. Ante este escenario, la duda que queda es si Pizarro apoyará o no la mantención de este privilegio para la minería, sector al que pertenece SQM y por cuyos aportes será formalizado el 16 de agosto próximo