La reivindicación territorial del pueblo mapuche constituye el punto de mayor radicalidad alcanzado por los conflictos sociales que se desarrollan en Chile. Desentrañar sus orígenes, sintetizar sus enseñanzas y establecer las consecuencias y tareas que este conflicto instala para las clases trabajadoras es una labor que las organizaciones de Izquierda deben encarar.
Este conflicto tiene además una importancia especial para la Izquierda, ya que las distintas soluciones que en su seno se propugnen no solo posiciona a tal o cual organización ante el problema, sino que también separa aguas entre sus expresiones revolucionarias y las de raigambre pequeñoburguesa. En efecto, cualquiera sea la solución que se propugne, esta necesariamente descansa de una u otra forma en una concepción específica del Estado: qué es, cuál es su rol en las sociedades capitalistas, las fuerzas que le dan origen en el contexto del capitalismo chileno, los actores que deben ponerse en movimiento para solucionar el conflicto, entre otras.
ORIGENES DEL CONFLICTO
Tal como se desarrolla hoy, el conflicto arranca en la segunda mitad del siglo XIX, con el comienzo de la transición de la economía colonial a la capitalista. En aquella época en el norte del país se inicia la gran explotación minera comandada por el capital extranjero, lo que significó un reordenamiento del conjunto social en vistas a la adaptación a la nueva realidad económico-productiva impuesta por la penetración del capital foráneo.
Dentro de este cuadro se explica la decisión del Estado de dar inicio a la “pacificación” de La Araucanía, forma que adoptó el proceso de acumulación originaria en el país. El objetivo de esta acción militar fue la incorporación del pueblo mapuche a la naciente formación social capitalista chilena. Para ese propósito era indispensable destruir la base comunitaria sobre la que se erigía la sociedad mapuche, introduciendo en ella las relaciones de propiedad.
Según consta en el plan diseñado por Cornelio Saavedra, y expuesto en 1861 al ministro de la Guerra de la época, uno de los objetivos era la “subdivisión i enajenación de los terrenos del Estado comprendidos entre el Malleco i el Bío Bío”. Así la subordinación del pueblo mapuche era concebida sobre todo como delimitación de los derechos de propiedad sobre la tierra. Se pretendía reducir al mapuche a la condición de propietario privado, rompiendo los lazos comunitarios que alojaban en el seno de su organización social.
La “pacificación” de La Araucanía fue la política específica emprendida por el joven Estado chileno para consolidar las bases de la moderna sociedad capitalista en el sur del territorio. La zona constituía para ese entonces la retaguardia del capitalismo chileno. La industrialización del norte requería la incorporación del sur como abastecedor de materias primas y alimentos.
Este episodio constituye el punto de inflexión en la subordinación definitiva del pueblo mapuche al Estado chileno. El proceso de transición de un modo de producción a otro fue el telón de fondo de la tragedia, explicando el giro de la política estatal en este periodo en relación al trato dado a este pueblo durante los últimos tiempos de la Colonia y los primeros años de la República.
En efecto, a pesar del enfrentamiento bélico durante el periodo de conquista, la Corona española -forzada por la resistencia mapuche- tuvo que reconocer (Parlamento de Quilín) la independencia, con la correspondiente autonomía y soberanía territorial del pueblo mapuche; condición que continuó siendo reconocida al principio de la vida republicana.
La razón que posibilitó la coexistencia entre la sociedad indígena y la colonial estaba en el carácter no capitalista sobre la que se sustentaba dicha relación. En la base material de la sociedad colonial estaba ausente la naturaleza inherentemente expansiva del capital. La unidad productiva fundamental era la hacienda y no la empresa capitalista. Mientras el objetivo principal de la primera era la producción para el autoabastecimiento, con una vocación mercantil de segundo orden, la segunda, en cambio, busca incesantemente la expansión de sus ganancias monetarias. Esta diferencia es crucial para entender el cambio de carácter que adquirió el conflicto en La Araucanía una vez que se iniciara la transición capitalista en Chile, ya que como certeramente destacaba Rosa Luxemburgo, el capitalismo tiende “a eliminar a todas las demás formas económicas; (…) no tolera la coexistencia de ninguna otra”. Solo la tenaz resistencia del pueblo mapuche lo salvó del trágico destino que corrieron los pueblos patagónicos del extremo sur del país.
Esto también explica el porqué el conflicto ha recrudecido en las últimas décadas con la intensificación de la explotación rentista de los recursos naturales.
EL CUADRO ACTUAL
Constantemente salen a luz hechos de violencia en el Wallmapu. La radicalización no solo viene desde la resistencia mapuche, sino también desde la vereda burguesa: el gran empresariado y sus distintas expresiones políticas apelan cada vez más a la violencia. En dicha línea, y al igual que ayer, la pequeña burguesía camionera actúa como grupo de choque fascistoide del gran capital, demandando del Estado mayores grados represivos como forma de solución.
La reivindicación territorial del pueblo mapuche se torna insoluble en el actual escenario político-social, generando los grados de radicalidad que se observan, ya que choca directamente con los intereses de una de las fracciones más importantes sobre las que descansa el patrón de acumulación vigente: la gran explotación forestal. Característicos de esta son grupos familiares de enorme poder e influencia política como los Angelini y Matte.
Esta es la razón del porqué el problema de la nación mapuche no puede ser resuelto sin desalojar previamente al actual bloque dominante del poder. Para una solución dentro del marco burgués tendría que ocurrir una situación de tal naturaleza que obligara a la burguesía, en pos de sus intereses generales, a sacrificar los intereses particulares del capital forestal, algo que no parece posible. La otra opción es la revolucionaria, o sea la sustitución misma de la dominación burguesa.
Distinto sería si el conflicto estuviera acotado a una disputa con los resabios de la antigua oligarquía comercial-terrateniente, ayer latifundistas y eufemísticamente llamados hoy “parceleros” o “agricultores” por la prensa del gran capital. Solo en dichas condiciones la política de compra de terrenos por el Estado y transferencia a las comunidades mapuches, unida a ciertos cambios político-institucionales, podría eventualmente resolver dicho conflicto en el marco de la dominación clasista de la burguesía.
Pero definitivamente este no es el caso. Por ejemplo, la propuesta que el ex intendente de la región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, elaboró para abordar el conflicto en la zona precisamente distinguía entre tierras de empresas forestales y de “agricultores”(1). En relación a las tierras de las grandes empresas forestales proponía la separación entre la propiedad de la tierra y la de las plantaciones. Así, se establecía el traspaso de la propiedad de la tierra a las comunidades a condición de que el destino de la cosecha debía ir a las empresas forestales, después de lo cual las comunidades quedaban en libertad de determinar las nuevas plantaciones y su destino.
Sin embargo, al no asegurarle a la industria forestal un control efectivo del proceso productivo y un suministro constante de materias primas, la propuesta resultaba inviable para los intereses del gran capital actuante en la zona. Finalmente el intendente Huenchumilla terminó siendo removido del cargo, y la propaganda que algunos sectores en la Izquierda levantaron sobre el supuesto nuevo trato hacia la nación mapuche que el gobierno de la Nueva Mayoría inauguraba, quedó como uno más de sus disparates.
DEFINICIONES EN LA IZQUIERDA
Hace poco, diversos medios reprodujeron la carta en que el ex jesuita Luis García-Huidobro emplazaba a Beatriz Sánchez, candidata presidencial del Frente Amplio, por sus insípidos planteamientos sobre el conflicto mapuche(2). Lo enérgico y contundente de la misiva puso al descubierto dos cuestiones:
En primer lugar, desnudó la miseria política de las expresiones pequeñoburguesas de la Izquierda, cuyo horizonte programático no rebasa los marcos de la sociedad burguesa(3). A pesar de toda la fraseología sobre un “nuevo modelo productivo” y “una forma distinta de entender el crecimiento” la única solución que a fin de cuentas pueden ofrecer estas expresiones, y las del progresismo burgués en general, es la reducción del pueblo mapuche a la condición de anécdota cultural. La reciente petición de perdón al pueblo mapuche de la presidenta Bachelet por los “errores” (sic) cometidos por el Estado y su anuncio de establecer un día feriado en honor a los pueblos originarios, se enmarcan precisamente en esa línea. Mucha pirotecnia se podrá hacer: desde izar en los gobiernos regionales la bandera de la nación mapuche junto a la chilena, escribir la señalética de los servicios públicos en mapudungún y enseñarlo en las escuelas, hasta elevar a rango constitucional el reconocimiento de los pueblos originarios y declarar plurinacional al Estado chileno; pero mientras el problema territorial siga sin ser resuelto los términos fundamentales del conflicto seguirán en pie.
En segundo lugar, puso de manifiesto la única solución justa posible del conflicto, y que debe ser adoptada sin vacilaciones ni ambigüedades por el conjunto de la Izquierda. Esta solución no puede ser sino el retiro de todas las fuerzas de ocupación del Estado en el Wallmapu -terrotorio mapuche- y el reconocimiento del derecho del pueblo mapuche a darse la organización político-administrativa que estime conveniente. Este es el contenido concreto de la reivindicación de soberanía y autonomía para el pueblo mapuche sobre el cual las clases trabajadores y el pueblo chileno deben educarse políticamente.
PERSPECTIVAS
Ahora bien, una solución no basta solo con ser postulada, también hay que explicar -y tener claro- cuáles son las condiciones materiales que se requieren para su realización.
Una de las cuestiones que se deben dilucidar dice relación con la solución de la cuestión territorial, que pasa previamente por la sustitución de la dominación del gran capital. ¿Tiene la lucha del pueblo mapuche por sí sola la fuerza suficiente para desafiar el poder de este? No, no la tiene.
Sin duda la lucha del pueblo mapuche es la expresión más avanzada de las luchas populares en Chile. Ha desarrollado capacidades político-organizativas de control territorial, de sabotaje al gran capital que opera en Wallmapu y de enfrentamiento con las fuerzas de ocupación del Estado que resguardan los derechos de propiedad de aquél.
No obstante lo anterior, el conflicto se encuentra acotado territorialmente a ciertas zonas del sur del país y no aparece como una contradicción transversal que pueda subvertir las bases de la formación social chilena en su conjunto. Según el Censo 2002 el número de personas que pertenecía al pueblo mapuche ascendió a 604.349, lo que representaba un 4% de la población del país. Este porcentaje era significativamente más elevado en la Región de La Araucanía, alcanzando cerca de un 25%(4). Por otra parte, la población mapuche muestra un fuerte proceso de desarraigo. La mayor parte residía en zonas urbanas (62,4%), con las inevitables consecuencias que esto conlleva: debilitamiento de los lazos con las comunidades de origen, pérdida de tradiciones culturales y del uso del mapudungún. En otras palabras, existe una asimilación consumada del pueblo mapuche en la sociedad chilena, especialmente en sus sectores populares.
Por esta razón es imposible concebir la emancipación del pueblo mapuche desligada de las luchas de las clases trabajadoras. Es por lo demás el mismo gran capital el que despoja al pueblo mapuche de sus tierras y que sobreexplota a los trabajadores; es el mismo Estado que reprime salvajemente al mapuche y que resguarda los derechos de propiedad del capital frente a las demandas de los trabajadores.
Incluso alcanzando su liberación, el destino del pueblo mapuche seguirá ligado al de la clase trabajadora. La extrema pobreza que campea en el Wallmapu producto del despojo territorial y explotación capitalista hace que la completa separación de la nación mapuche con respecto al Estado chileno resulte poco posible. Lo más probable es que se establezca una mancomunión entre la organización política que el pueblo mapuche adopte y el Estado chileno, en vistas a resarcir el daño histórico perpetrado por las clases dominantes. Naturalmente esta relación se dará en términos completamente distintos a los actuales, ya que tratándose de un Estado de otra naturaleza social, ya no será la relación colonial que hoy conocemos.
Por otra parte el Wallmapu podría llegar a constituirse en un teatro de operaciones privilegiado para el reagrupamiento de fuerzas de las clases trabajadoras frente a una eventual reacción burguesa. Esto siempre y cuando los trabajadores le demuestren con hechos, no con gestos ni con declaraciones, al pueblo mapuche el compromiso con su emancipación. Por ello será indispensable que dentro de las primeras determinaciones de las fuerzas socialistas en el poder sea asegurar la soberanía del pueblo mapuche, solo así se puede forjar una sólida alianza entre este y las clases trabajadoras.
Las tareas de la Izquierda en esta perspectiva son inscribir a fuego en su programa la reivindicación de la liberación del pueblo mapuche, asentar firmemente sus organizaciones en las clases trabajadoras y levantar un poderoso movimiento de masas anclado en dichas clases.
SEBASTIAN ZARRICUETA CABIESES
Notas
(1)Véase la minuta elaborada por Huenchumilla: Propuesta al gobierno respecto de la situación de la Región de La Araucanía.
(2) Véase Luis García-Huidobro: “Dejen que el movimiento mapuche gobierne su país”, Punto FinalN° 875.
(3) Para un análisis sobre la naturaleza social del proyecto frenteamplista véase Punto FinalN° 872.
(4) Según cifras no oficiales del Censo 2012 la población que dijo pertenecer al pueblo mapuche alcanzó 1.508.722 personas (9,1%). En la Región de La Araucanía representaba 35,6% del total de habitantes. Agradezco a la compañera Marta Sogas por esta información.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 879, 7 de julio 2017.