EL Comité en Defensa de Villa San Luis se manifestó este lunes frente a la Contraloría para denunciar las presiones de la Cámara Chilena de la Construcción y de empresarios que buscan evitar la toma de razón del decreto que otorga a Villa San Luis la categoría de Monumento Nacional. Los voceros del Comité entregaron carta al Contralor Jorge Bermúdez para pedir celeridad en la tramitación y criticaron los dichos de los empresarios publicados ayer en El Mercurio.
Pobladores de la ex Villa San Luis protestaron hoy frente a la Contraloría para denunciar que durante la última semana, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Contraloría han recibido fuertes presiones tendientes a invalidar el proceso técnico y apegado a derecho que culminó con la firma del decreto que otorga a Villa San Luis la condición de Monumento Nacional. Durante la manifestación se entregó una carta dirigida al Contralor Jorge Bermúdez, donde se le insta a actuar con celeridad para evitar que las inmobiliarias sigan demoliendo, cuestión que solo se puede evitar legalmente, después de que el decreto firmado por Adriana Delpiano salga de Contraloría y sea publicado en el Diario Oficial.
Los voceros del Comité consideran que los ataques de la Cámara Chilena de la Construcción y las inmobiliarias son gravísimos. Según Javiera Martínez, vocera del Comité, los ataques de los empresarios “no tienen fundamento legal ni ético alguno y sólo buscan que el Contralor General del la República no tome razón del decreto firmado por la Ministra de Educación haciendo uso de sus atribuciones legales”. Según Jaime Díaz, vocero del Comité, “el lobby de los empresarios defiende sus propios intereses por sobre los intereses colectivos, y presiona al Contralor Bermúdez, a tomar una decisión conveniente para las grandes empresas, sin que exista en el proceso de declaratoria de Villa San Luis, ningún acto administrativo que no se apegue estrictamente a las leyes y a la Constitución”.
Desde el Comité anunciaron además, que enfrentarán las demandas anunciadas por el Gerente de Inmobiliaria Presidente Riesco, Sr. Luis Gilabert, en las instancias que corresponda y a través del abogado Andrés Parada Barrera. Sobre lo anterior Parada señala: “Considerando la ofensiva comunicacional llevada a cabo por la empresa propietaria de los terrenos de la Villa San Luis, informamos que nos haremos parte en cualquier demanda o proceso administrativo, a fin de defender lo decretado por la ministra Delpiano, en el uso de sus atribuciones legales”.
Según Javiera Martínez, “los empresarios están acusando una politización del Consejo de Monumentos, por el solo hecho entregar protección patrimonial a Villa San Luis, teniendo como fundamento las violaciones a los Derechos Humanos que allí ocurrieron” y agrega “esta acusación es totalmente improcedente puesto que el Consejo ha protegido sistemáticamente los sitos de memoria vinculados a la violación de los DDHH, siendo la Villa San Luis, solo un caso más”.
Al respecto señalan, que el organismo ya ha entregado protección patrimonial a 22 Sitios de Memoria, como por ejemplo, los Hornos de Lonquén, Villa Grimaldi y el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Ante esto, es evidente, explica Jaime Díaz, “que los empresarios han levantan la voz solo por Villa San Luis, y no en casos anteriores vinculados a los DDHH, sólo porque esta vez se toca el bolsillo de empresas que pertenecen a la élite financiera del país”.
Los voceros desmintieron que el Consejo de Monumentos está actuando por razones políticas y no técnicas, porque fueron precisamente las comisiones técnicas de este organismo, -de historia y arquitectura-, las que decidieron, después de meses de investigación, proponer al consejo pleno del organismo, la votación donde la Villa San Luis fue declarada Monumento Nacional. También se ha cuestionado la pertenencia de los consejeros del organismo a diferentes ministerios. “Este cuestionamiento es del todo ilegítimo” señala Miguel Lawner, “porque que la composición del Consejo está normada de esa manera por la Ley de Monumentos Nacionales y en este caso no se ha hecho más que cumplir estrictamente la ley”.
Javiera Martínez fue enfática en señalar que “los empresarios contrarios a la declaratoria, reclaman una vulneración al Derecho de propiedad, pero sin considerar que los terrenos comprados al Ejército fueron robados a los ex pobladores de Villa San Luis. Es decir, les interesa defender el Derecho de propiedad solo cuando les resulta conveniente. Por eso, no dicen una palabra, ni defienden el Derecho a la propiedad de las 5 mil familias desalojadas de Villa San Luis”
Asimismo, resulta imperioso rectificar –señala el abogado Andrés Parada- “lo sostenido por el gestor del proyecto inmobiliario, Luis Felipe Gilabert, quien acusa una expropiación “gratuita” del terreno por el Estado, lo que no es efectivo y resulta técnicamente incorrecto, porque la declaratoria no implica pérdida del dominio de la propiedad, sino una limitación a éste, con pleno fundamento en el ordenamiento jurídico”.
La manifestación se produjo en gran medida, en respuesta a las declaraciones de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad que señaló que existe jurisprudencia contraria a la declaratoria, toda vez que la inmobiliaria Presidente Riesco tendría aprobado un Anteproyecto de Edificación que le otorgaría derechos sobre el terreno protegido por el Consejo. Respecto de esto, Jaime Díaz señala categóricamente “que nunca la Contraloría ha impugnado una declaratoria por la sola existencia de un anteproyecto, puesto que este trámite no otorga derechos adquiridos sobre la propiedad”. y agregó “hacemos un llamado a la Cámara Chilena de la Construcción a transparentar la supuesta jurisprudencia señalada y a abstenerse de presionar al Contralor en relación a la toma de razón del decreto que legaliza Villa San Luis como Monumento Histórico Nacional”.