En Chile Chico sigue la búsqueda de Enrique Ojeda y Jorge Sánchez, los dos jóvenes mineros accidentados en la faena de Cerro Bayo. Ya no queda esperanza de encontrarlos con vida pues ha pasado demasiado tiempo y se sabe que los túneles se inundaron completamente. Sus familias, compañeros y la comunidad de Chile Chico los siguen esperando y no los abandonan. Con este grave accidente, dos familias sufren por sus seres queridos y muchas otras están sufriendo también la pérdida de su sustento laboral.
Vendrán luego las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer si esta empresa minera canadiense, que no paga impuestos pero se lleva nuestra riqueza, cumplía con las normas y leyes laborales, de seguridad, medioambientales. La ley 21.012 sobre seguridad ante el riesgo laboral, indica que cuando en el trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o la salud de los trabajadores, el empleador deberá informar inmediatamente a todos los afectados y adoptar medidas para eliminar el riesgo y para la suspensión inmediata de las faenas y la evacuación de los trabajadores. Más aún, la ley autoriza al trabajador, de no tomarse las medidas adecuadas, para detener sus funciones e irse del lugar de trabajo. Aún así, entre el año 2000 y el 2016 han fallecido 525 trabajadores en la minería en Chile, según registro de Sernageomin.
En estos días han fallecido a bala dos trabajadores y quedado otros cuatro heridos en un casino de juego, una actividad tan distinta a la minería pero que requiere como todas, de medidas adecuadas de seguridad las que evidentemente no estuvieron presentes en este triste y violento episodio.
Las empresas no deben priorizar el aumento de sus ganancias en desmedro de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras que tienen la necesidad de sostener a sus familias pero también tienen el deber y obligación de defender sus derechos.
Entre el 2005 y el 2016 han fallecido mil trescientos trece niños y jóvenes que se encontraban al “cuidado” del SENAME y su red de servicios mayoritariamente externalizados a privados. Nos hemos ido entrando de esta realidad y cifras de a poco, con espanto. Los nombres de esos niños y niñas aparecen en noticias, reportajes e informes. Tras cada uno de esos nombres hay historias de dolor e injusticia social que sobrecoge, hay madres y familias que no hemos “incluido” respetuosa y dignamente en la sociedad chilena. En la sociedad chilena, donde el individualismo campea, esos 1.313 compatriotas han perdido en la competencia descarnada y voraz que hemos inducido, alentado, permitido o resistido y combatido, usted en su fuero interno sabrá el rol que le haya correspondido. Es justo reconocer que en el SENAME también hay esforzados y dedicados trabajadores que realizan sus labores en condiciones adversas y que hoy se encuentran recibiendo críticas indiscriminadamente duras.
Esta semana muchas mujeres han protestado bajo el lema “nosotras te creemos” en reacción a la violencia física y sicológica que incluso puede llegar al femicidio. Las premisas son que la presunción de inocencia no puede usarse para dejar a las víctimas desamparadas, que la gran mayoría de denuncias de violencia resultan ser ciertas, que en casi la mitad de los femicidios ha habido denuncias previas que no fueron tomadas en cuenta, que no sirve de nada creerle a una víctima cuando ya es demasiado tarde, que en lo que va del año en Chile han ocurrido demasiados femicidios y femicidios frustrados, que para hacer realidad el lema “ni una menos” se requiere mucha más acción. Lo que hay bajo ese simple “te creemos” es una postura política para salvar vidas.
Abusar de los trabajadores, abusar de las mujeres, de los niños, niñas y jóvenes, abusar de los más desventajados, de los más débiles solo puede ocurrir bajo el imperio de la ley de la selva, solo si nos dejáramos gobernar por la tiranía del más fuerte, como a veces parece estar ocurriendo.
Contra esas bestias nos enfrentamos.