Tantas veces se ha prometido cerrar Peuco y enviar a los genocidas a donde corresponde, la cárcel pública, que cuesta creer que, esta vez, sí sea una realidad; al menos, la Presidenta Bachelet esta vez lo hizo ante las cámaras de CNN.
En temas de derechos humanos la Concertación de Partidos por la Democracia ha sido deficitaria, sea por porque aún cunde el miedo, o bien, se han convertido de verdaderos derechistas. Esta agrupación, para triste recuerdo, ostenta el récord de haber salvado a Pinochet y a su familia, en repetidas ocasiones, incluso, apelando a “razones de Estado”; la ministra Soledad Alvear, ministra de justicia en la época, firmó el decreto de construcción de la cárcel de lujo Punta Peuco y, para vergüenza de estos personajes, fue el derechista Sebastián Piñera, durante su mandato, quien ordenó cerrar el “Gran Hotel Cordillera”, a donde se solazaban los jerarcas genocidas, construido durante el mandato de Ricardo Lagos.
El solo anuncio de tratar de cumplir con una promesa hecha a la víctima del “caso quemados” ha desatado la ira de la derecha. La presidenta actual de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, vocifera contra la Presidenta de la República sosteniendo que esta medida “es para tapar el informe SENAME II”. Cristián Labbé, otro fascista de la dictadura, compara a los huéspedes de Punta Peuco poco menos que como el caso Dreyfus. El abogado de los militares condenados por delitos de lesa humanidad está convencido de que Piñera, por el hecho de haber ganado las primarias de la derecha, ya está investido como primer mandataria, y le pide que, como tal, intervenga ante la Presidenta Bachelet a fin de que impida el cierra de esta cárcel dorada.
No cabe duda de que Michelle Bachelet se luciría ante la gente decente y respetuosa de los derechos humanos si cumple su palabra pero, a la vez aumentaría el odio que le profesa la derecha política por el hecho de haber intentado realizar algunas reformas, boicoteadas especialmente por los traidores Walker Martínez.
El eje de la campaña de Sebastián Piñera es despertar el odio de las “señoras” burguesas y sus “yanaconas” contra la Presidenta: se trata de completar la restauración que había iniciado el ex ministro del Jorge Burgos, hoy, otro héroe de los democratacristianos reaccionarios, que ahora integra el equipo del programa “En Buen Chileno”, junto a Pilar Molina y otros.
Por el lado del clero católico no falta también la tontería, so pretexto de la caridad cristiana: algunos obispos y sacerdotes abogan por la defensa de los genocidas, amparados en la igualdad de respecto a los derechos humanos, olvidando que hay una diferencia muy grande entre el delito común y el de lesa humanidad – es muy distinto un homicidio simple que torturar hasta la muerte y hacer desaparecer a personas lanzándolas al mar – y que el nazismo no es una ideología cualquiera y que en todos los países civilizados está fuera de la ley y su apología es pasible de prisión. En esta manera de pensar caen el inefable cardenal Ricardo Ezzati y el cura jesuita Fernando Montes, entre otros.
Los “huéspedes” de Punta Peuco no son ningunos muertos de hambre: el fiscal muy Fernando Torres recibe una jubilación de más 3 millones de pesos, el torturador y asesino, Miguel Krassnoff, 2 millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos; Raúl Iturriaga, 2 millones ciento cuarenta y tres mil pesos, de Capredena, y así los demás perciben una pensión abultada por los “servicios prestados a la patria” reprimiendo a los “terroristas enemigos de la patria”.
En el mundo carcelario, la desigualdad con que se trata a las personas, propias del repugnante capitalismo, se radicaliza al tratar como reyes a los genocidas y como bestias a los pobres: en las cárceles comunes se vive la pobreza y la degradación humana, mientras que en Punta Peuco, aunque se diga que es una cárcel, los reos gozan de muchas comodidades y tienen derecho a un régimen privilegiado de visitas; ellos mismos se ufanan de esta situación de privilegio, alegando tener mayor cultura que los “rotos” de la cárcel común.
Los presos de Punta Peuco, hasta ahora, no han cumplido con las condiciones requeridas para aspirar al perdón presidencial y seguir cumpliendo su condena en su casa: no han manifestado arrepentimiento alguno, como tampoco han entregado información a la justicia sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
Punta Peuco tiene un lleno total, por consiguiente, a treinta de los condensados se les está enviando a la cárcel Colina I, y parece evidente que existen las condiciones de aislamiento necesarias para trasladar al resto de los habitantes de Punta Peuco.
El argumente de la vejez de la mayoría de sus integrantes no parece válido, pues lo mismo ocurre, y en mayor proporción, en las cárceles comunes. Si existiera la igualdad ante la ley, ¿por qué empezar por los más más ricos e influyentes y no los más pobres, agregando que los segundos tienen delitos de menor gravedad, con el atenuante de que muchos son hijos de reos y víctimas de una justicia injusta y de una repugnante sociedad desigual y clasista?
Han transcurrido más de cuatro decenios y los familiares de detenidos desaparecidos no sólo no fueron recibidos por un ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle – su padre fue asesinado por la dictadura – sino que aún los militares no dan a conocer a dónde condujeron a sus familiares, y la sociedad chilena niega a sus familias el mínimo derecho humano de enterrar a sus seres queridos.
Mientras en Chile se trate a los niños y a los adultos mayores como bestias, mientras los hospitales sigan siendo un tanatorio y las cárceles el basurero a donde van a parar los más pobres, no pararé de denunciar, como decía Violeta Parra, que “Chile limita con la injusticia”.
Los ministros actuales de la Presidenta Bachelet han efectuado declaraciones un poco extrañas con respecto al cierre de Punta Peuco: el ministro del Interior, Mario Fernández, expresó que si la Presidenta dice que se cierra, se cierra; por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, matiza las declaraciones de Michelle Bachelet diciendo que “está en estudio y que tiene una serie de complicaciones: la seguridad de los condenados; el principio de segregación, que es el que inspira todo nuestro régimen de custodia; la habitabilidad de los recintos y la disposición de los cupos”. Basta quedarse con estas declaraciones para dudar que la Presidenta pueda cumplir su promesa de cerrar la cárcel Punta Peuco, que significaría dar un nuevo portazo a los familiares de detenidos desaparecidas, torturados y fusilados durante la dictadura militar.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
08/07/2017