Hasta la sede central de Instituto de Derechos Humanos de Santiago concurrieron el presidente de la FECH Daniel Andrade y la presidenta de la FEUC Sofía Barahona a expresar la solidaridad de sus organizaciones con los ex presos políticos que la mantienen actualmente tomada. Fueron recibidos por la dirigente de la “Asociación Nacional de ex presos políticos Salvador Allende” Patricia Rodríguez y por el abogado Roberto Ávila Toledo quienes con sentidas palabras agradecieron el gesto de la joven generación.
En la sede se realizó un concurrido acto de música, canto y teatro presentado por el grupo “Disidente de la Barca” de la comuna de San Joaquín.
Por más de un mes siete sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentran tomadas en diferentes ciudades del país, entre ellas Arica, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Santiago.
Los ex presos políticos exigen la reapertura del juicio por la muerte del presidente Salvador Allende, una auténtica reparación a las víctimas y acciones concretas para impedir que el botín del dictador Pinochet se le entregue a su familia como una suerte de lavado de dinero “legal”.
El Estado de Chile ha reconocido su responsabilidad por el actuar delictual de sus agentes en la dictadura militar en los informes Rettig y Valech. Pero ha determinado la calidad de las reparaciones atribuyendo a las víctimas la categoría de indigentes.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera se calificaron como presos políticos a 22 mil chilenos en circunstancias que sólo el Estadio Nacional tuvo más de 30 mil detenidos en los primeros días del golpe militar y que se instalaron campos de concentración en todo el país.