La ONU no siempre practica lo que predica en materia de derechos laborales y humanos, critica Ian Richards, presidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (CCISUA).
El personal de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra realizó un paro de dos horas en la segunda semana de este mes en protesta por la propuesta de recorte salarial de 7,5 por ciento, lo que obligó al Consejo de Derechos Humanos a suspender su reunión.
“Una huelga siempre será el último recurso”, aseguró a IPS; y habrán más movilizaciones, alertó Richards, quien encabeza el CCISUA con 60.000 miembros.
“Si tuviéramos un sistema de negociación adecuado para que el personal tuviera voz en lo que respecta a sus salarios, como predica la ONU, podríamos haber evitado todo esto”, explicó.
“Dicho eso, si no hay caminos para un diálogo significativo, los funcionarios de la ONU no tendrán más opción que escalar sus acciones”, advirtió. En definitiva, esto no se trata de un recorte de presupuesto, precisó.
En la actualidad, hay más de 5.400 funcionarios en la ONU de Ginebra en la categoría profesional de empleados.
Una resolución del personal de esa sede, adoptada en una “asamblea general extraordinaria” a principios de este mes, responsabilizó a la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), con sede en Nueva York, por “no atender las profundas preocupaciones y dudas planteadas por las federaciones de funcionarios públicos y directivos de las 10 agencias con sede en Ginebra en lo que respecta a la propuesta de recorte y ajustes por lugar de destino que implicarían una reducción del salario neto de 7,5 por ciento (o más)”.
Entre las agencias con sede en Ginebra se destacan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), la Oficina de Asuntos de Desarme (Unoda) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).
La CAPI, que fija la escala salarial en la ONU, otorgó un aumento de 2,2 por ciento, merecido, a los funcionarios de Nueva York, indicó Richards. “En definitiva se trata de presionar para ver qué consiguen”, opinó.
Al CCISUA se le unirá la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (Ficsa), con 30.000 miembros, en caso de acción colectiva.
El Consejo de Derechos Humanos debió suspender sus sesiones del viernes 16 de este mes, pero los funcionarios decidieron no perturbar la reunión de negociación sobre el fin de la guerra civil en Siria, que ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
Rolando Gómez, de la oficina de información pública de la rama del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina de Acnudh confirmó a IPS la suspensión de la reunión del Consejo de Derechos Humanos por el paro de trabajadores.
“Es la primera vez que ocurre una suspensión de ese tipo en el Consejo por ese motivo”, indicó. El Consejo de Derechos Humanos reconoce el derecho de los funcionarios de la ONU a manifestarse en contra de la reducción salarial y no quiso tomar medidas que fueran a impedírselo.
“El Consejo también reitera su inmensa gratitud al personal de Ginebra por su indispensable asistencia de primer orden para realizar sus sesiones a lo largo de todo el año”, declaró.
Por su parte, el director general de la Oficina de la ONU en Ginebra (ONUG), Michael Møller, señaló en una carta al sindicato de funcionarios que sus representantes le habían informado a los responsables de las organizaciones en esa ciudad sobre las “acciones planificadas durante el verano, incluidos los paros” en relación con la decisión de la CAPI sobre los niveles del ajuste por lugar de destino en Ginebra.
La carta también se refiere a un correo electrónico del Consejo de Funcionarios de la ONUG, enviado en la segunda semana de junio, con el asunto “Próximos paros”.
La ONUG “reconoce y respeta el derecho de los funcionarios a la libertad de asociación. El personal está autorizado a reunirse en las instalaciones de forma representativa y no perturbadora. La ONUG también reconoce el descontento de los funcionarios con la decisión de la CAPI respecto del ajuste por lugar de destino para Ginebra”.
“No obstante, se recuerda a los funcionarios que las acciones que perturben o interfieran con las reuniones u otras actividades oficiales de la organización podrían considerarse en contravención con las obligaciones de la norma 1.2”, prosigue la misiva.
“Eso incluye cada una y todas las conductas dirigidas, de forma directa o indirecta, a interferir con la capacidad del personal o de los delegados a cumplir con sus funciones oficiales”, precisa.