Al parecer, a ciertos países del continente americano ya no les basta tener que enfrentar las lacras del terrorismo y del narcotráfico, mismas que tienen en las cuerdas a varios gobiernos de América latina –México, Colombia, Venezuela son ejemplos de ello- pues ahora decidieron sumar a la lista de “enemigos del Estado” a cientos de cibernautas y a algunos periodistas, especialmente aquellos que desarrollan su actividad en la prensa escrita, aunque también unos cuantos que laboran en televisión y radio se encuentran en la mirilla del arma que usan los Estados hoy día para combatir no ya a los delincuentes sino, fíjese usted, a quienes a su vez combaten la corrupción que se apoderó de muchos políticos y de no pocas autoridades.
En el Chile democrático funciona la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia). ¿Funciona? Es decir, ¿cumple las labores para la cual fue creada? Recordemos que esta Agencia, de acuerdo a lo que se informa en Wikipedia, nació el año 2004 mediante la ley Nº 19.974, y se trataría de un servicio público centralizado, conformado absolutamente por personal civil dependiente, de forma directa, de la Presidencia de la República, siendo su labor principal realizar “inteligencia política”.
Sin embargo, ese servicio no se ha destacado precisamente por ser muy “inteligente” en la materia que le compete, según ha podido percatarse el país en estos años en los que cientos de políticos, y muchas autoridades militares y policiales, han vivido una cómoda y corrupta existencia robándole dinero al fisco sin que los gobiernos pertinentes hayan puesto atajo oportuno y severo a tales desmadres. De hecho, el diputado Marcelo Schilling –creador y director de la siniestra “Oficina” que durante el gobierno de Patricio Aylwin, usando la traición política como elemento de ‘inteligencia’, desarticuló al FPMR y al grupo ‘Lautaro’- ha dicho que la ANI “es un lugar para leer diarios”.
Los hechos han sobrepasado con creces el actuar de aparatos de ‘inteligencia política’ como la ANI, cuestión que mantiene en ascuas a nuestros gobiernos ya que el secretismo –que tanto agrada al mundillo político- se ha ido al tacho de los desperdicios gracias a la irrupción de las informaciones –buenas, malas, falsas, verdaderas, completas o incompletas- desglosadas de las redes sociales, con las que millones de personas quedan en conocimiento de los ilícitos y corruptelas que muchos “hombres públicos” cometen de manera abierta e irrefutable.
Entonces, para esos gobiernos es el momento de “vender el sillón de don Otto” –como reza el viejo chiste- y estructurar nuevas formas que permitan ahogar en su inicio la fuente de esas informaciones, y no el origen mismo del bandidaje. Para ello, un software viene en ascenso y puede suplir a la ineficaz ANI.
Se trata del softwareconocido como Pegasus -programa de espionaje creado y vendido a las agencias estatales por una empresa de origen israelí- el cual se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte así en un micrófono oculto.
Por cierto, el software también permite infiltrar correos electrónicos y cuentas como twitter, facebook y similares. La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a varios países desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, ya se sabe que el programa en cuestión está siendo aplicado por algunos gobiernos para espiar a cibernautas y periodistas que se destacan por una labor anti corrupción, a quienes se les considera como nuevos ‘enemigos’ del Estado, ya que desnudan hechos e ilícitos cometidos por personeros públicos y por altos oficiales de la policía y de las fuerzas armadas, además de algunos mega empresarios que hacen del dolo y la trampa la base de sus fortunas.
Para los gobiernos del mundo democrático-occidental es difícil manejar a su amaño las redes sociales ya la prensa electrónica independiente. Se trata de una piedra en el zapato, de la mosca en la sopa. Intervenir esas redes significaría coartar dramáticamente la libertad de opinión, prensa, comunicación y pensamiento. Podría convertirse en una explosión social de negro pronóstico. Pegasus viene en socorro de los Estados, silente, sin estridencias y manteniendo el secretismo que aman los gobiernos y las directivas de muchas instituciones públicas. Ciberataques en contra de ciudadanos que tienen opinión propia, que la manifiestan y desvelan situaciones delictuales acaecidas en el escenario de lo público, de lo político.
Es oportuno mencionar lo que ocurre, en estas materias, en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, “cree que los sistemas de la CIA están obsoletos y deben ser actualizados”, opinión que la misma CIA retrucó ( a confesión de parte…) afirmando que . ella tiene prohibido por ley realizar espionaje electrónico en territorio estadounidense o de estadounidenses. ¿Trump desea contar con un sistema similar -y para los mismos fines- que hemos mencionado en esta nota? Al menos, el gobierno de México ya cuenta con el sistemita de marras, y lo está aplicando contra organizaciones de derechos humanos y periodistas de prensa independiente (además de hacerlo también contra algunos cibernautas), según declaró Luis Fernando García, Director de R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) : “El hecho de que el gobierno (mexicano) esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”.
Lo que no sabemos es si en Chile alguno de los gobiernos del duopolio adquirió ese software israelí, aunque dada la estrecha colaboración que Tel Aviv mantiene con Santiago desde hace cuarenta años, lo más probables es que La Moneda lo haya comprado. ¿Se está aplicando? ¿A quiénes espiaría hoy el gobierno si ello fuese así? Varios nombres revolotean en mi mente, y todos ellos son reconocidos acusadores de corruptelas, colusiones e ilícitos cometidos por determinados parlamentarios, políticos, uniformados, autoridades y mega empresarios.
Pegasus promete ser –sin serlo en cuanto a su envoltura- una nueva y silenciosa “ley mordaza” que amenazará a todo aquello que no sea ‘oficial’, vale decir, a todo aquello que no esté bajo el dominio y manejo de los poderosos de siempre.