En estas mismas columnas hemos reiterado tanto las dificultades y derrotas como avances y victorias que ocurren en el curso de los procesos judiciales que desde 1998 se sigue en tribunales en busca de verdad y justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad durante los años de la dictadura de la derecha chilena.
Es la larga lucha de las agrupaciones de familiares de las víctimas, sean de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados o de presos políticos. Una lucha que no siempre reflejan los grandes medios de comunicación del modelo vigente en nuestra sociedad. Pero que concita el apoyo de un grupo de profesionales del Derecho, de los abogados del Programa de DDHH del gobierno y de abogados jóvenes, o egresados o estudiantes de Leyes que, voluntariamente, se han sumado desde hace años al trabajo de la agrupación de familiares de ejecutados políticos.
Clarin ha sido una tribuna desde siempre y desde ella exponemos hechos y reflexiones que actualicen la continuidad de estos procesos. Esta vez comenzamos por destacar que uno de los ministros de dedicación exclusiva, don Hernán Crisosto, condenó hace pocos días a 106 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados y desaparición de 16 víctimas de la Operación Colombo. Los culpables son conocidos criminales como César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko, que recibieron la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad como autores.
Igualmente fueron condenados a 13 años de presidio por su responsabilidad como autores varias decenas de criminales, hombres y mujeres, entre ellos viejos conocidos como Fernando Lauriani, Basclay Zapata, Orlando Manzo Durán, Teresa del Carmen Osorio, etc… Otros dos autores fueron condenados a 10 años de presidio y en calidad de cómplices fueron condenados a 5 años y un día de presidio otras varias decenas de criminales, mientras que a 3 años y un día de presidio, pero con beneficio de la libertad vigilada, se condenó a otros 3. Entre los condenados está también el prófugo Ricardo Lawrence, un asesino cuya libertad ilegal es hoy uno de los graves temas pendientes para la policía chilena. Prófugos siguen igualmente, por otras causas, criminales como Eduardo Rubilar Ottone, Carlos Orellana, Javier Guzmán, Leopoldo Flores y varios otros.
En tanto que más al sur, en la ciudad de Chillán, el ministro Carlos Aldana de la Corte de Concepción asumió las causas sobre violaciones a los derechos humanos que estaban radicadas en la Corte chillaneja lo que ocurrió tras la decisión de la Corte Suprema de modificar el esquema de jueces de dedicación exclusiva, de modo de dejar finalmente todos los procesos a cargo sólo de 4 magistrados en todo el país concentrados exclusivamente a estos juicios.
La reacción de los familiares de las víctimas fue de satisfacción y esperanza toda vez que, como es sabido, la Corte de Chillán se caracterizó siempre y con escasas excepciones, como un tribunal más bien orientado a esquivar sus responsabilidades que a investigar con acuciosidad. Entre muchos ejemplos, llama la atención de familiares y abogados que a pesar de las querellas presentadas y de los antecedentes aportados, hasta hoy nunca haya sido juzgado quien era el jefe militar y político superior durante la época de esos brutales crímenes, el coronel, jefe de zona e Intendente en Chillán Guillermo Toro Dávila.
Impune hasta hoy, a pesar que de él emanaban directamente las órdenes. Muy extraño tratándose del jefe superior de la región. ¿Podría, por ejemplo, decir que no se enteró del fusilamiento del alcalde Ricardo Lagos Reyes – a quien mucho conocía – y de toda su familia incluída su esposa embarazada de 8 meses ? Algo o alguien protege a este intocable como también a civiles como los casos de Alex Etchevers de Patria y Libertad o el ex fiscal Mario Romero Godoy, entre otros. Esperemos que alguna vez termine tan vergonzosa situación. Los detenidos eran concentrados en el regimiento de infantería n°9 de Chillán donde era brutalmente torturados, muchos de ellos fusilados allí mismo o en predios cercanos del ejército en Boyen y luego sus cuerpos lanzados a los ríos de la zona.
Como recién mencionamos, hace pocos días el ministro Aldana estuvo en la ciudad y desarrolló una intensa actividad, interrogatorios, careos, reconstitución de escena, etc hasta que al final de la jornada se dictó procesamiento en contra de dos oficiales de carabineros y un civil militante en esos años de Patria y Libertad. Uno de los procesados fue el oficial Patricio Jeldres en la causa por secuestro de los hermanos Gustavo y Tomás Domíguez Jara y de Alfredo Becerra en octubre de 1973 y lo fue además en el juicio por la desaparición del fotógrafo Ricardo Troncoso. El civil que fue detenido como culpable es Juan Antonio Sepúveda ex empleado del Teatro O’Higgins de la ciudad y que fuera careado con Teresa Retamal, dirigente de familiares de detenidos desaparecidos y que trabajaba con el fotógrafo desaparecido.
El juez trabajó además en el proceso en que se investiga la desaparición del dirigente socialista y profesor de la Universidad de Chile – sede Chillán, Francisco Sánchez, a quien recuerdo como uno de mis buenos amigos.
También fue interrogado a este respecto el ex coronel Patricio Marabolí, internado en Punta Peuco por otros crímenes. Poco después los dirigentes de familiares de víctimas en Chillán se reunieron con Hadolff Ascencio, presidente de la Corte de Concepción ante quien valoraron las gestiones del juez Aldana en contraste con la inactividad de la Corte chillaneja. Son progresos evidentemente. Pero por otro lado debe considerarse la actividad de quienes quieren revertir lo que se ha logrado y quiebran lanzas con los más variados pretextos en favor de los condenados que disfrutan de irritantes privilegios en prisiones como las de Punta Peuco.
Se llega a extremos como el de una hija de Iturriaga Neumann, criminal que permaneció prófugo como se recordará. Su hija tuvo la desvergüenza de burlarse a través de las redes sociales de aquellas prisioneras que, atadas, indefensas, fueron violadas por los sujetos que la Iturriaga venera o a las que se introdujo ratones y arañas en su vagina. Sostuvo que para esas prisioneras sería “un honor” la violación por los uniformados.
Eso es fascismo puro y actual y vigente. Así piensa la derecha dura.
Pero también hoy desde la política surgen iniciativas contradictorias. En el senado chileno, por ejemplo, se ha venido trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía respecto de una eventual modificación a normas de nuestro código penal a fin de establecer beneficios carcelarios para condenados que se encuentren en determinadas condiciones de salud. Dada la correlación de fuerzas política en el senado – un órgano estatal que es lastre aristocrático del pasado y que debió desaparecer hace años – no debe descartarse nada.
A esa comisión ha sido citado, entre otros, el sacerdote Fernando Montes, defensor de derechos humanos en dictadura y editorialista de la revista Mensaje. A este propósito es necesario destacar la canallada de que le hicieran víctima los pinochetistas de hoy. En efecto, las entidades fascistoides que pugnan por la impunidad de los asesinos distribuyeron un video falseado en que hacen aparecer al sacerdote Montes y a otro personaje como Benito Baranda, igualmente defensor de derechos humanos, como parte integrante de quienes defienden la libertad de los condenados, es decir la impunidad.
El hecho fue desmentido de inmediato por ambos.
A su vez Gloria Elgueta, vocera del sitio de memoria “Londres 38” sostuvo que “ Detrás de esto hay una operación que está claramente dirigida por los propios victimarios, por las propias personas inculpadas que están utilizando a sus familiares y utilizando este tipo de estrategias que son tan comunes de los servicios de inteligencia”.
Agregó que lo sucedido “ no hace sino recordar las maniobras comunicacionales que utilizaba la dictadura de Augusto Pinochet para desinformar a la opinión pública”. La vocera recordó que “en Chile actualmente hay 1.132 personas desaparecidas y sólo han sido encontradas 104 y esto plantea que hay una deuda pendiente de parte del Estado chileno y han pasado 40 años sin verdad y sin justicia, y estamos partiendo por atrás. Por eso nuestra posición es que pongamos el foco primero en la verdad y la justicia. Después discutamos el tema de los beneficios”.
Quizás más bien los aparatos legislativos del Estado chileno debieran estudiar legislación internacional sobre estas materias, no sólo los tratados y convenciones suscritos por Chile sino conocer códigos de países como España o Canadá, por ejemplo, en que se consagra la degradación de sus cargos y la pérdida de derechos económicos de los autores de delitos de lesa humanidad o en que se castiga duramente a quienes reivindican los delitos y atentados perpetrados contra los derechos humanos en el pasado.
Ahora bien, es sabido que no todos los militares piensan del modo que pensaron aquellos que perpetraron los crímenes. De hecho en aquella época hubo miembros del ejército, de carabineros, de la fuerza aérea, de la armada y de la policía civil que se opusieron a cometer crímenes que les eran ordenados. Varios de ellos sufrieron muerte o prisión, muchos estuvieron condenados, torturados y debieron abandonar el país. En nuestros días no pocos uniformados se avergüenzan de los sucesos de aquella fatídica época.
Termino citando palabras de un destacado académico y militar, el profesor Prudencio García, ex coronel del Ejército de España, hoy catedrático del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de Madrid, consejero e investigador de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos del IUS de Chicago y ex consultor internacional de la ONU, para el cual, textualmente, “ el honor militar consiste en el respeto a los derechos humanos”