El CAE, un instrumento inmoral

Con políticas crecientes de financiamiento a la demanda, el Estado subsidiario fue creando el mercado desregulado de la Educación Superior durante casi tres décadas, e induciendo el crecimiento masivo de instituciones privadas sin adecuada rendición de cuentas, en desmedro de la Educación Superior Pública. Este es el corazón de una crisis que sigue vigente y sin duda, quién hace latir este corazón son los créditos y becas, en especial el voucher llamado Crédito con Aval del Estado (CAE), que desde su creación en 2005 y con recursos fiscales, contribuye al lucro encubierto y crecimiento desregulado del sector privado de Educación Superior, favorece a la banca y causa el endeudamiento de miles de familias y jóvenes.

 

 

Parece increíble que en el 2017 sigamos hablando del CAE, un instrumento inmoral, que ha causado enorme daño y ha permitido la apropiación de fondos fiscales sin rendición de cuentas. El 2011 el enorme movimiento contra el lucro y el endeudamiento estudiantil y la realidad financiera de muchas instituciones de educación superior, pusieron el problema de financiamiento de la Educación Superior en el centro del debate. Se reconoció la causa de la crisis con tal claridad que la presidenta Bachelet ganó las elecciones con un programa que explicitó resolverlo: desmercantilizar la educación, terminar con el lucro y el endeudamiento, y avanzar a la gratuidad universal.

Los rectores de universidades públicas, muchos expertos y centros de estudio y los estudiantes demandan que en la ley de reforma de la Educación Superior se incluyan sin ambigüedades ni trampas los puntos que debieron estar considerados desde el principio: entrega de gratuidad universal en el más breve plazo, término efectivo del endeudamiento, fortalecimiento de la educación pública e inclusiva, marco regulatorio claro de la Educación Superior como un sistema único e integrado, con acreditación obligatoria e integrada y control efectivo del lucro. Porque, ¿no se trataba de eso la reforma de Educación Superior? La pregunta que se mantiene es si primará el interés por el futuro del país y sus jóvenes y se pondrán las voluntades políticas a esa altura y urgencia o mandarán los intereses ideológicos y económicos instalados. Merecemos que no nos sigan mandando al CAE.

Compartimos la preocupación por esos puntos generales que debe resolver la(s) ley(es) de reforma, pero nos centraremos en tres aspectos que consideramos imprescindibles:

Gratuidad universal. Es posible de inmediato llegar a una cobertura de 2/3 de toda la población estudiantil que cubre 9 deciles de ingreso, traspasando en el presupuesto 2018 los fondos de becas y créditos a gratuidad. Es necesario eliminar en la ley de reforma el infame artículo transitorio (48o de versión original, actual 33o), que prohíbe explícitamente la gratuidad.

Término del CAE y becas y condonación de deudas estudiantiles. Es posible terminar de inmediato créditos y becas traspasando estas partidas presupuestarias a gratuidad. Los créditos son gasto y no inversión. La condonación de deudas estudiantiles con recursos fiscales no implica desembolso.

Gobierno de las universidades estatales. La imprescindible autonomía de las universidades estatales es incompatible con la intervención que no había osado ni la dictadura y que ahora se pretende ejercer con una junta o consejo directivo controlado por representantes del gobierno del país.

1. Sobre gratuidad universal.

Es posible de inmediato llegar a una cobertura de 2/3 de toda la población estudiantil que cubre 9 deciles de ingreso, traspasando en el presupuesto 2018 los fondos de becas y créditos a gratuidad. Es necesario eliminar en la ley de reforma el infame artículo transitorio (48o de versión original, actual 33o), que prohíbe explícitamente la gratuidad.

Especialmente problemático es el Artículo transitorio (48o en la versión original y 33o en la enmienda), que en realidad prohíbe dar gratuidad universal pues la “permite” cuando el fisco recaude 29% del PIB, lo que se estima que ocurrirá por allá por el año 2070!! y esto equivale a mantener el CAE o algún instrumento equivalente. En los hechos, mantener este artículo equivale a renunciar a la gratuidad universal y continuar con la inmoralidad de carga el costo de la educación a los salarios de los trabajadores. Con toda razón los estudiantes marchan y los rectores rechazan.

Hay que decirlo con claridad: si se traspasan hacia gratuidad los recursos fiscales destinados al CAE y becas, ésta alcanzaría de inmediato una cobertura del 2/3 de la población estudiantil actual, y si esa gratuidad se ejerce como financiamiento a las instituciones, dotando al sistema de regulación seria y favoreciendo el aumento de matrícula en las IES públicas, se terminaría con la crisis generada por el mercado.

Financiamiento de la educación superior 2017 (millones de pesos /año)

Items	Ingresos (MM$)	% presupuesto ES	% Ingresos por docencia	% ingresos operacionales	% aportes fiscales ES
Matrícula (# alumnos totales)	1.356.841
Ingresos operacionales instituciones de educación superior, según balances SIES	5.691.989	255,7%		100,0%	257,3%
(MM$ / alumno)	4,20
Incluyen: INGRESOS POR DOCENCIA	4.045.276	181,7%	100%	71,1%	182,8%
Incluyen: Aranceles	3.297.374	148,1%	82%	57,9%	149,0%
(MM$ / alumno)	2,98
Incluyen: Becas y créditos	1.896.410	85,2%	47%	33,3%	85,7%
Incluyen: Becas	208.271	9,4%	5%	3,7%	9,4%
Fondo solidario	13.301	0,6%	0%	0,2%	0,6%
CAE	1.674.838	75,2%	41%	29,4%	75,7%
Incluye: Aporte fiscal a CAE	850.099	38,2%	21%	14,9%	38,4%
Incluye: Recompra	2.588	0,1%	0%	0,0%	0,1%
Recarga	3.631	0,2%	0%	0,1%	0,2%
Aporte bancos a CAE	824.738	37,1%	20%	14,5%	37,3%
Incluye: Préstamo bancos a familias	1.672.250	75,1%	41%	29,4%	75,6%
Recarga (menos)	-3.631	-0,2%	0%	-0,1%	-0,2%
Aporte bolsillo familias	1.400.964	62,9%	35%	24,6%	63,3%
Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior	747.902		18%	13,1%	33,8%
INGRESOS POR INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y OTROS	1.646.713	74,0%	41%	28,9%	74,4%
Incluyen: Aportes basales y fondos concursables	505.646	22,7%	12%	8,9%	22,9%
Extensión, donaciones, servicios, otros	1.141.066	51,3%	28%	20,0%	51,6%
Subtotal aporte fiscal a instituciones educación superior	2.212.450	99,4%	55%	38,9%	100,0%
Incluye: Subsidio fiscal a la demanda	1.071.672	48,1%	26%	18,8%	48,4%
Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior	747.902	33,6%	18%	13,1%	33,8%
Aportes basales y fondos concursables	392.876	17,7%	10%	6,9%	17,8%
Otros gastos fiscales educación superior	13.301	0,6%	0%	0,2%	0,6%
Total presupuesto fiscal educación superior	2.225.752	100,0%	55%	39,1%	100,6%
Fuente: CENDA-ICAL, en base a DIPRES y SIES

1. Sobre el término de créditos y becas y condonación de deudas estudiantiles.

Es posible terminar de inmediato créditos y becas traspasando estas partidas presupuestarias a gratuidad. Los créditos son gasto y no inversión. La condonación de deudas estudiantiles con recursos fiscales no implica desembolso.

Es perentorio terminar con el instrumento CAE así como como otras formas de subsidio a la demanda o vouchers, nefastos e inmorales, causantes del endeudamiento estudiantil, de la baja titulación, de las limitaciones a la calidad de las instituciones, del lucro encubierto, de la apropiación de fondos fiscales sin rendición de cuentas y de la desarticulación del sistema de educación superior. Sin embargo, los presupuestos de la nación, año a año han seguido aumentado la partida del CAE incluso en los dos últimos que incluyen el inicio de gratuidad. El 2016 se aumentó el CAE en 35,9%, destinando la enorme partida a las denominadas “recompras” y “recargas” en beneficio de los bancos, quedando incluso superior en un 16% al monto asignado para la gratuidad y representando la tercera parte del presupuesto total de Educación Superior del año. Fue necesario ejercer gran presión por parte de algunos diputados, a los que felicitamos, al momento de votar la aprobación general de la ley de reforma, para conseguir el compromiso explícito de que se terminará con el CAE de inmediato. Cualquier intento de prolongar el CAE o de reemplazarlo por otro crédito, resulta escandaloso en el actual escenario.

La semana pasada han vuelto a marchar los estudiantes exigiendo con fuerza el término inmediato del CAE y la condonación de las deudas de los miles de deudores que se han acumulado. Los endeudados son jóvenes profesionales, futuros profesionales y muchos son jóvenes que no pudieron terminar sus estudios. La situación actual de los estudiantes chilenos de educación superior es insostenible. Las deudas con los bancos se han duplicado desde el 2009 y ya alcanza los 4 billones de pesos más sus intereses. Según el Sistema de Información para la Educación Superior (SIES), la morosidad del CAE alcanza a casi un tercio entre los egresados y a más de dos tercios de los que desertaron. Condonar estas deudas es posible y prudente, decimos los que hemos analizado profundamente las cifras, (desde el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, en cuya web pueden consultarse los valores, o Fundación Sol y otros); medidas semejantes de condonación se han aplicado con anterioridad, eso sí que a grandes empresas y montos mayores, argumentan los estudiantes.

 

El Estado ha puesto ya más de la mitad del monto CAE, 2,6 billones de pesos (dos por recompra y 0,6 por recarga). Para condonar esta deuda estudiantil el Estado no requiere desembolsar el total de 4 billones más intereses devengados por la banca al 6%, que es el total de la deuda acumulada. Condonar la deuda significa para el fisco un financiamiento adicional de 2 billones de pesos más intereses que pueden ser cancelados en cuotas anuales de 178 mil millones de pesos, equivalentes al 7,9 % del presupuesto anual actual de Educación Superior y una fracción decreciente  de los presupuestos futuros que llegará finalmente a menos del 3%. Cabe hacer notar que la banca y las instituciones que han profitado del CAE, deben hacer un aporte a la condonación  reconociendo los primeros que los supuestos aportes han sido ya cubiertos por la “recarga” y los segundos, pagando los avales de los estudiantes morosos. Es por esto que decimos con total certeza que la deuda estudiantil puede ser condonada y que además, es un deber moral del Estado y de los empresarios y la banca, hacerlo.

Condonación de deuda estudiantil

1. Sobre gobierno de las Universidades Estatales.

La imprescindible autonomía de las universidades estatales es incompatible con la intervención que se propone con una junta o consejo directivo controlado por representantes del gobierno del país.

Calidad, autonomía, comunidad, democracia universitaria y democracia nacional están relacionadas y requieren de la atención y cuidado permanente de todos. Están siempre amenazados por diversas tensiones especialmente en nuestro país donde campean los conflictos de interés y la captura por las supuestas leyes de un mercado nada de libre. El conocimiento o el estudio —su generación, conservación y transmisión—, es la materia a que la universidad se aboca y para hacerlo requiere autonomía, un asunto que no es meramente retórico sino vital. La cúlmine se encuentra en las universidades estatales, que no toleran injerencias de dueños ni credos y tienen autonomía incluso frente al propio Estado. Es justamente ahí donde radica la enorme potencia de las universidades estatales. Pero una universidad que no es autónoma es impotente, un fraude social que no servirá al desarrollo de los habitantes del territorio que la acoge, un triste espejismo de lo que debiera ser. Tal como la mera apariencia de participación no basta para conformar una sociedad que se pretende democrática. Si la democracia precisa su permanente profundización y requiere ciudadanos cada vez más libres, informados y educados, entonces, el corazón de la democracia es la universidad, pública y con autonomía. Nación, ciudadanía y territorio, democracia y universidad, son inseparables. Los Estatutos debe resguardar a la institución universitaria cuidando su autonomía de toda intervención.

Ahora, cuando el gobierno de la presidenta Bachelet se enfrenta por fin a la necesaria y urgente reforma de la educación superior, —cuyos elementos más agudos son el financiamiento, el fin del CAE y del lucro, el fortalecimiento de la educación pública y la regulación de la Educación Superior como un sistema único e integrado—, es muy sorprendente que se intente intervenir en las universidades estatales proponiendo en las leyes de reforma una forma de gobierno que ni la dictadura aventuró. Se ha propuesto una suerte de junta o consejo directivo que esté por sobre toda otra estructura y que considere una composición de sus integrantes que otorga su control al gobierno de turno del país. Quien haya ideado tamaño disparate comprende mal el rol de las universidades estatales, el concepto y ejercicio de la autonomía, de la comunidad universitaria y de su participación. Más bien parece un nuevo intento, (de esos que ya conocemos motivaciones y consecuencias) por transformar la universidad en empresa igualando a su órgano directivo superior con una suerte de “board”. Los peligros de este embate son evidentes, sin ir más lejos, se abre la puerta para una ingerencia directa de la política contingente en las instituciones de mayor trascendencia para el desarrollo del país.

La versión final de la ley solo puede adoptar una de estas tres opciones:

1, dejar este artículo tal como viene, generando un conflicto de proporciones, desvirtuando el estatuto de la Universidad de Chile y asestando un golpe a la autonomía y calidad de las universidades estatales;

2, dejar el artículo para todas las estatales con excepción de la Universidad de Chile, que sería como decir que es esta la única verdadera universidad estatal mientras las otras, en su mayoría regionales, son interdictas, necesitan intervención y sus comunidades no son confiables;

3, eliminar este artículo y permitir que las universidades estatales determinen su forma de gobierno sin intervenciones políticas autoritarias y profundicen su autonomía para contribuir mejor al desarrollo de Chile.

Porque la ley de reforma de la Educación Superior que la sociedad chilena espera y necesita debe asegurar la entrega de gratuidad universal en el más breve plazo, poner término efectivo del endeudamiento, fortalecer la educación pública e inclusiva, definir un marco regulatorio sólido y claro de la Educación Superior como un sistema único e integrado y prevenir efectivamente el lucro, llamamos a los parlamentarios a rechazar tajantemente el artículo transitorio que prohíbe la gratuidad, a incluir explícitamente el término de la mercantilización de la Educación Superior suspendiendo con gradualidad acelerada los créditos y becas; los instamos, porque es posible y responsable, a apoyar la condonación de las deudas estudiantiles que han sido incentivadas y avaladas por el Estado y a rechazar el artículo que interviene los gobiernos de las universidades estatales por dañino para la autonomía y buen funcionamiento de estas instituciones fundamentales para el desarrollo de Chile.

Ver cuadros originales en:

Gratuidad en Educación Superior

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycCV-kVJe6Lan_161XrLUUBgMxmZ7LRU3APuxHoiGBI

Análisis CAE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FkzyrmID7QbK7VO89wN0qG8Ms9qps_81XLI1HbMA-gI

Ver Artículo “Autonomía universitaria y democracia”, Roxana Pey, Revista Anales, 63-80, 11, 2016.

http://www.anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/45229/47283