“Está claro que desde que terminó la dictadura hasta nuestros días, la vivienda es vista como un bien de consumo y no como un derecho “expresó la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha.
Las declaraciones las formuló en una conferencia de prensa, realizada en la sala Celso Furtado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, al finalizar su visita oficial a Chile que duro diez días.
“Es inusual ver un país que ha entregado exitosamente la propiedad de viviendas a un número tan grande de hogares de bajos y medianos ingresos, quienes pueden, a su vez, transmitirlas a sus descendientes, al mismo tiempo muestra que la desigualdad que es uno de los rasgos distintivos de la sociedad chilena, se hace evidente en la situación de la vivienda en el país”, dijo la relatora Farha.
Esta tenencia segura, sin embargo, se ha logrado a costa de aspectos esenciales de la vivienda como un derecho humano: ubicación, calidad y habitabilidad, así como el acceso al transporte y a oportunidades de empleo”, destacó la Relatora Especial.
Durante su estadía en Chile, visitó las ciudades de Santiago, Valparaíso, Temuco, Viña del Mar y Antofagasta en las cuales estuvo en distintos vecindarios, campamentos y asentamientos informales constatando que la adopción de un enfoque orientado al mercado en la vivienda para los grupos vulnerables, ha contribuido a la segregación de la población en Chile, basada en el estatus socioeconómico.
Según la experta de la ONU, “Al viajar a diferentes ciudades de Chile, incluyendo asentamientos informales, he sido testigo de divisiones fuertes e impactantes entre los vecindarios, particularmente respecto al tipo y la calidad de la vivienda, y los servicios que los rodean”
Una de las situaciones que le impresionaron fue el abandono por parte del Gobierno hacia las personas sin hogar, muchas de las cuales sufren discapacidades.
“Esta población es prácticamente invisible. No se les ofrece casi ningún servicio gubernamental y, sin duda, no hay opciones de vivienda excepto los servicios de alojamiento periódico y de caridad” señaló la experta de la ONU.
De igual forma, la discriminación que enfrentan las personas migrantes, con o sin documentos, en cuanto al acceso a una vivienda adecuada fue una de las razones por las cuales la relatora Especial exhorto al Gobierno chileno a “reformar su ley migratoria, incluyendo referencias explícitas al acceso a la vivienda y a la regulación y el monitoreo del sector privado de alquiler”.
Sin embargo, la Relatora Especial reconoció que el Gobierno de Chile ha puesto en marcha programas para mejorar la inclusión y la integración, así como varios programas piloto innovadores para cubrir las diferentes necesidades de vivienda como el de que Chile cuente con una tasa del 64% de propiedad de la vivienda y que existan medidas para que las viviendas subvencionadas sean de mejor calidad y que tengan más metros cuadrados construidos.
“No obstante, sin abordar la vivienda como un derecho humano, y sin marcar un cambio en la perspectiva de que la vivienda es una mercancía, temo que las poblaciones vulnerables en Chile seguirán sufriendo desigualdad en la vivienda, lo que es inaceptable en un país que ha manifestado su firme compromiso con los derechos humanos”, añadió Farha
Las principales recomendaciones estuvieron enfocadas en los actuales subsidios; en la construcción de vivienda según los intereses inmobiliarios; las personas en situación calle; la existencia de asentamientos informales; la situación de vivienda de los migrantes; los pueblos indígenas y el acceso a la justicia.
En cuanto a los subsidios, por ser una ayuda que el Estado da a los ciudadanos, al postular a una vivienda este debe ser pagada con gran parte de los ahorros personales y esta ayuda es según el nivel de ingresos. Ahora, como las construcciones del sector privado están motivadas por el lucro, generalmente no usan materiales de buena calidad o construyen en terrenos de baja calidad y alejados de los centros urbanos por que son más baratos.
Además, “el sector inmobiliario parece estar aprovechando la falta de regulaciones coherentes sobre el uso del suelo. En algunos casos, las constructoras han recibido permiso para erigir edificios en altura o complejos de apartamentos de lujo sin restricciones de altura o densidad, sin consultar a los residentes locales y sin tomar en cuenta las necesidades o el carácter de la comunidad”, añade el informe.
Según el informe, las personas en situación calle son personas olvidadas que no tienen ni una sola posibilidad de acceder a una vivienda digna.
Según datos de 2016, existen 660 asentamientos informales en Chile que albergan a cerca de 38.770 familias o unas 116.000 personas y están presentes en la mayoría de las ciudades de Chile y el número de familias que viven allí, ha aumentado en un 41% desde el año 2011.
“Muchas personas que residen en estos asentamientos, habían solicitado inicialmente una vivienda subsidiada. Sin embargo, debido a largas esperas, la mala ubicación y calidad de las viviendas y la falta de transporte hacia los centros urbanos, decidieron quedarse y vivir de manera informal más cerca de sus trabajos”, señala la Declaración final.
Otro punto que revisó la Relatora Farha en su visita fue la situación actual de los migrantes en Chile.
“En los últimos años, Chile ha vivido un aumento del 200% en la inmigración convirtiéndose en uno de los destinos regionales de los migrantes especialmente de Bolivia, Colombia, Perú, Haití y Venezuela que experimentan diversas formas de discriminación en el sector de la vivienda. Por ejemplo, no pueden beneficiarse del programa de subsidio hasta que hayan residido en Chile por al menos tres años y se hayan convertido en residentes permanentes. Lo que los obliga en arrendar en el mercado privado o residir en campamentos o en terrenos y/o edificios ocupados.
Particularmente difícil es para las mujeres migrantes, especialmente si no están unidas a un hombre. Con oportunidades de empleo escasas, no pueden arrendar una vivienda y en los campamentos, suelen sufrir violencia y algunas recurren a la prostitución para ganarse la vida”, establece el Informe.
En su Informe sobre Chile, la Relatora estableció que los derechos de los pueblos indígenas son el talón de Aquiles del historial de derechos humanos ya que “continúa rezagado frente al resto de la región en reconocer sus características interculturales y los pueblos indígenas, sus culturas y formas de vida no siempre son reconocidas como fortaleza.
Los pueblos originarios, enfrentan estándares de vivienda más bajos como resultado de políticas y prácticas discriminatorias de larga data; la expropiación de sus tierras y la falta de una política indígena basada en los derechos que comience a abordar sus experiencias de desigualdad”.
Por último, el Informe establece que “a pesar de que al Constitución vigente protege los derechos de propiedad, no incluye el derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, como Chile ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene obligaciones internacionales en relación con el derecho a una vivienda adecuada y a la no discriminación frente a esto”.