El pasado 24 de abril la Global Arbitration Review (GAR) de Londres, una de las revistas especializadas en materias de arbitraje internacional más prestigiosas del mundo, publicó como tema de portada la “Notificación de Arbitraje” de Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende al Estado de Chile ante el tribunal de arbitraje de la ONU para fijar el monto de la compensación que deberá pagar el Estado chileno por la continuada y anti-constitucional confiscación del diario Clarín desde 1973.
GAR destaca que este proceso es ‘conceptualmente distinto’ del que culminó en el Laudo de 2008, firme y definitivo, del Tribunal de arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial), que condenó a Chile a indemnizar al Sr. Pey y la Fundación por incumplir sus obligaciones, conforme al Tratado bilateral con España de protección de inversiones, de garantizarles un tratamiento justo y equitativo sin denegación de justicia. La nueva demanda ante la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional) “se refiere a una sentencia judicial de 2008 dictado por un Tribunal en Santiago, en cuanto que el decreto de confiscación de Pinochet está viciado de ‘nulidad en el derecho público’”. Por tanto, conforme a la Constitución chilena Pey y su fundación han seguido siendo los dueños legítimos de la propiedad”.
Pey alega en la presentación ante la CNUDMI que ” agentes del Estado chileno” impidieron notificarle personalmente la sentencia del Tribunal de Santiago durante dos años y medio, y después la han bloqueado para tratar de impedirle ejercitar sus derechos constitucionales, creándole indefensión y violando las disposiciones que sancionan la expropiación de bienes y derechos y el trato justo y equitativo que ampara el tratado bilateral de protección de inversiones entre Chile y España.
En su comunicado de arbitraje, publica GAR, Pey alega que individuos situados en el “Estado dictatorial profundo” chileno siguen ocupando puesto importantes (entre militares, en la administración, en medios de comunicación, e incluso entre jueces), que están “muy motivados para socavar ambiciosos esfuerzos de justicia transicional inspirados por la nueva democracia”.
En esta última edición, GAR señala que Pey y sus co-demandantes han solicitado que la reclamación ante la CNUDMI sea oída y resuelta por un árbitro único, y han propuesto al ex fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo, de Argentina. De ser confirmado, Moreno Ocampo se sumaría a la larga lista de más de 15 árbitros que han intervenido en parte del caso desde que fue iniciado ante el CIADI en 1997.
Después de 10 años y varios cambios de árbitro, recuerda GAR, el caso alcanzó su primer Laudo en 2008, cuando el tribunal internacional presidido por el fallecido Pierre Lalive rechazó, por falta de competencia temporal, la solicitud basada en la expropiación de Pey por un decreto de 1975, pero dictaminó que sí tenía competencia para juzgar las violaciones del Tratado cometidas por el Estado de Chile a partir de 1995 en perjuicio de los propietarios de las empresas editoras del diario Clarín.
El tribunal del profesor Lalive otorgó a Pey en 2008 una indemnización de US $ 10 millones, la que el Comité ad hoc presidido por Yves Fortier QC anuló en 2012, lo que abrió la vía para determinar la cuantía de la indemnización que el Estado deberá satisfacer por violar las obligaciones que impone el referido tratado bilateral.