La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no querellarse contra miembros de la casta política-empresarial ahonda el sentimiento ciudadano de injusticia. Se acentúa la impresión de impunidad de políticos y empresarios; así como el fracaso de las instituciones del Estado para castigar de manera ejemplar las prácticas corruptas.
En el paraíso del neoliberalismo que es Chile, el organismo del Estado (SII) que debe ejercer un control acerca de los fraudes al fisco practicados por empresarios, que en este caso fueron cometidos en contubernio con connotados políticos aún en febril actividad, optó por la trivial opción de multar a empresas como Penta y SQM. Así se evita que los infractores sufrieran acciones penales.
Y el sistema de justicia, vía declaraciones informales de algunos fiscales estrella, en tuiteos, se declara impotente. No hay nada que hacer, “si con plata se arregla todo” es el mensaje entre líneas. Una manera de constatar que los poderosos se ubican por encima de Ley. Para eso sirven las influencias y los medios de información que como El Mercurio alegan en su favor.
Desde un comienzo la casta política empresarial intentó sofocar la magnitud de los casos de corrupción para evitar que se generara una ruptura del vínculo de confianza entre representantes y representados. Esto último es lo que sucedió. Y lo que acaba de ocurrir es el broche de oro a la corrupción.
Céline Spector, profesora e investigadora de la Sorbona en filosofía política, se expresa en estos términos acerca de la ceguera actual de las elites dominantes: “La democracia no es invulnerable, y para comprender su vulnerabilidad ella debe ser capaz de reflexionar bien acerca del mal político”.
En Chile, las elites políticas, empresariales, intelectuales y jurídicas no quieren reflexionar acerca del mal que los casos recurrentes de corrupción le hacen y le harán a la democracia liberal y representativa. Imposible de ignorar la verdad que se impondrá: este tipo de “democracia” neoliberal de las elites fracasó.
Además de ser una afrenta a las exigencias ciudadanas de probidad de los parlamentarios, lo que acaba de ocurrir es una clara demostración de la incapacidad de las elites empresariales, políticas y jurídicas de entender el momento presente. Que el ataque frontal contra los fundamentos de la democracia, su captura por el dinero, es responsabilidad de ellos mismos. De quienes se han convertido en profesionales de la política y divorciado del pueblo soberano.
Los parlamentarios, ricos millonarios muchos de ellos, “no viven en las mismas condiciones que sus electores, lo que no les permite acercarse a ellos y ser sensibles a sus dificultades y aspiraciones”, declara René Dosière, ex diputado francés y autor de un libro “Dinero, Moral, Política” (Argent, morale, politique, Seuil, 2017). Ni que viviera en Chile.
Fueron funcionarios del SII, de exclusiva confianza de la Presidenta de la República, quienes decidieron no presentar querellas penales. Pero es claro, sin que haya sido transparente, que tal opción fue cocinada por los actores de la transición en altas esferas del Estado.
Por Leopoldo Lavín Mujica