La seguidilla de piezas del gran mapa de la corrupción nacional conforman una figura en expansión que abarca a todos los poderes del Estado, la mayoría de sus organizaciones y al otrora conspicuo sector privado. Esta gran construcción, tal vez emblema y ejemplo, o quizá muestra aleatoria y precisa estadística, es también nuestra imagen, el gran espejo nacional. En esta figura están no sólo los excesos, sino nuestros deseos. Chile es una gran obsesión, un deseo incontenido, una ambición impúdica por la riqueza. En la búsqueda de tal deleite, cualquier medio es posible. Desde el desfallecimiento en el trabajo, desde la humillación en el transporte público, la estafa, el robo y el crimen. El fin, el objetivo del consumidor total y perfecto, merece estos y otros medios.
Si estos son los medios, la riqueza es fin en sí misma. Epifanía, paraíso del consumidor, espacio en el que confluyen todas las identidades, todos los chilenos buscando con desesperación no sólo en los malls y créditos bancarios o en las distintas categorías privadas de la civilidad. La fruición irrefrenable por la riqueza instantánea penetra todas las capas del Estado, corroyendo y haciendo estragos en todas las organizaciones.
De los políticos y sus financistas no hace falta hablar. Tampoco de las elites privadas y sus correas de transmisión a través de oscuros funcionarios públicos. Sus estafas, boletas falsas, evasiones de impuestos son parte de la crónica roja habitual. Lo mismo que los lanzazos y uno que otro cogoteo, los robos de cuello y corbata son pauta diaria. La novedad, que pronto dejará de serlo, es el robo uniformado.
Si hace un tiempo los militares demostraron con la obscena precisión de una película porno su incontinencia por la riqueza fácil y su lenidad ante la rutilancia de las máquinas tragamonedas, los carabineros han mostrado también el arribismo sin freno propio de las clases medias con acceso al poder. Qué mejor muestra que la operación montada en el corazón de esta institución jerarquizada y militarizada, que ha usado los canales internos para armar organizaciones criminales. Son más de diez mil millones de pesos (unos 15 millones de dólares) los que se sabe han sido cursados hacia cuentas privadas de oficiales, en un caso más de enriquecimiento ilícito que ha puesto este tipo de hazaña en nuevos e históricos registros.
Si estas son algunas últimas muestras de la corrupción en el sector público, el área privada es sólo su reflejo, el otro lado de esta balanza. Masivas estafas financieras bajo la fachada de emprendimientos, carteles y colusión en artículos de primera necesidad, desde el papel tissue a los medicamentos, forman parte de los modelos de negocios destapados durante los últimos meses. En todos estos eventos y redes de corrupción hay un solo denominador común: el lucro y la codicia como paradigma económico y forma de vida. Chile, mall y zona franca, casino de apuestas, que llevó el modelo de mercado a niveles jamás experimentados, hoy recibe sus efectos. De individuos, de sujetos colectivos, hoy somos prisioneros del consumo como fin de vida.
El país que se ha vanagloriado por décadas de haber hallado nuevos límites y experiencias sublimes en el modelo de libre mercado, hoy sufre su precipitación y desplome. No sólo en su economía, que se mueve por inercia, ni solo en sus elites, piezas ejemplares en maniobras turbias y corrupción, sino en la misma base social, torcida por el peso de la corrupción y el dinero.
La corrupción no solo es una actividad de las elites. No solo son eventos, operaciones oscuras, abusos de posiciones de poder, que son la expresión más evidente, la punta del iceberg de un modelo de sociedad corrupto bajo el cual ha caído el país completo. En las bases del neoliberalismo, del mercado desenfrenado y furibundo que ha llevado a algunos especuladores chilenos, con un expresidente incluido, a formar parte del club Forbes en un par de décadas, está el germen de la corrupción. Nuestra destrucción fue canjear, durante los primeros años de la transición, nuestra condición de ciudadanos, de sujetos colectivos, por la de consumidores.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 872, 31 de marzo 2017.