El Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) analizará hoy en una sesión ordinaria la validez jurídica de las sanciones del Consejo del Mercado Común (CMC) sobre el cese de los derechos de Venezuela.
Asimismo, el pleno votará la propuesta de disposición de rechazo a la sanción aplicada en diciembre pasado a la República Bolivariana en el seno del Mercosur, por el resto de los países que integran el mecanismo de integración.
La reunión será en la sede de ese órgano en Montevideo y la agenda de la jornada incluirá, además, el debate sobre el informe de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos en relación a las audiencias públicas realizadas en Caracas los días 7 y 8 de julio del 2016.
El pleno del Parlasur tendrá en cuenta también el proyecto de norma que modifica el artículo cuatro del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercado Común, sobre las competencias del organismo, y el número dos acerca del Protocolo de Ouro Preto.
Está previsto en la mañana una reunión de las Comisiones Permanentes y la Mesa Directiva del Parlasur para trabajar sobre diferentes propuestas.
El pasado 2 de diciembre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay emitieron una declaración en la que daban por terminados los “derechos inherentes” de Venezuela como Estado parte del mecanismo subregional, bajo el supuesto de haber incumplido sus obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.
Las autoridades venezolanas rechazaron los argumentos esgrimidos y afirmaron que no hay razones jurídicas para la medida, sino intolerancia política.
El presidente Nicolás Maduro manifestó que se caía por su propio peso la excusa que buscaron los golpistas de la llamada Triple Alianza para imponer una medida absolutamente ilegal, desproporcionada y en una acción canallesca contra Venezuela.
En una declaración a finales del 2016, el Parlasur aprobó por unanimidad una declaración presentada por la bancada de Venezuela en pleno, en defensa de la institucionalidad del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la integración.
Este documento reafirmó la importancia de que los Estados partes del bloque preserven y protejan las normas fundacionales y la institucionalidad del bloque, y recordó que los Estados partes están obligados “por sí mismos” a cumplir el Tratado de Asunción y demás textos fundacionales.