No la tiene fácil el abogado y actual asesor jurídico de la Municipalidad de Pirque, Juan Agustín Buzeta Novoa quien enfrenta querella criminal por fraude al fisco reiterado y cohecho, delitos cometidos mientras cumplía el mismo cargo en la Municipalidad de Zapallar.
Tras años de exhaustiva investigación, el Fiscal de San Felipe, Eduardo Fajardo, solicitó al Juzgado de Garantía de la Ligua condenar a este imputado a “siete años de presidio, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer oficios y cargos públicos, derechos políticos y profesiones titulares”, entre otras penas.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado fue más drástico porque su petición plantea condenarlo (…) a la pena de once años de presidio mayor en su grado medio ( …) por la participación que le ha correspondido al acusado en los hechos que se le imputan en calidad de autor”.
A estas acciones judiciales, se agregan las querellas interpuestas por tres Concejales y otra entablada por la propia Municipalidad de Zapallar. Esta última pide que Buzeta sea condenado a 8 años de cárcel, privación por 10 años de ejercer cargos, empleos y oficios en instituciones públicas, pagar el 50 por ciento del perjuicio ocasionado”.
Los delitos investigados fueron perpetrados por una verdadera banda integrada por 18 funcionarios municipales y personas particulares. El ex alcalde de Zapallar, Federico Ringeling, aseveró al diario El Observador que “hay certeza de que 180 millones de pesos, comprobadamente, se defraudaron”.
La mayoría de los implicados están sentenciados y reconocieron parte o todos los hechos investigados, contenidos en la causa RUC 120059790-4.
El 17 de marzo recién pasado fue el turno de Buzeta en el Juzgado de Garantía de La Ligua. Ese día se desarrolló la preparación del juicio oral y tuvo por objeto dar a conocer – de parte del Fiscal y los abogados querellantes las acusaciones deducidas en contra del imputado.
En este contexto, el elclarin.cl le consultó al Fiscal Fajardo, si podría tener alguna implicancia el hecho de que este abogado ejerciera como asesor jurídico en el municipio pircano. “Es muy delicado que esté ejerciendo el mismo cargo, mientras está siendo procesado”, fue su escueta respuesta.
Buzeta Novoa fue contratado por el municipio de Pirque, el 26 de noviembre 2013, fecha en que las investigaciones por corrupción en el municipio del exclusivo “Zapallar” estaban en pleno desarrollo y acaparaban la atención de la prensa nacional..
Según el decreto 1406, firmado por la Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, Claudia González y ordenado por el alcalde Balmaceda, se le fija honorarios por 1 millón de pesos, con cargo a programas sociales.
Sin embargo, a poco andar por los pasillos de la casa comunal de Pirque sus honorarios aumentaron en un 100 por ciento. En el año 2014, el pago fue de 1millón 666 mil pesos. Desde el 2016 a la fecha, el sueldo abultó su billetera con la suma de 2 millones 222 mil pesos.
Respaldado por su calidad de asesor jurídico, el imputado Buzeta asiste con toda soltura a la sesiones del Concejo Municipal de Pirque. Al respecto, cabe preguntarse: ¿está el cuerpo de concejales en conocimiento de la situación que lo mantiene sentado en el banquillo de los acusados por corrupción?
“Antes de responderle quiero señalar que yo soy Concejal nuevo, ingresé este año”,puntualiza, David Nieto.
“Pero hace unos días, el colega Domínguez me señaló- así al pasar-que el abogado Buzeta tenía problemas con la Justicia. Fue así a manera de comentario”.
“Ahora me estoy enterando por usted, a raíz de su pregunta. Me parece, de la mayor gravedad que se haya contratado como asesor jurídico a una persona que a toda luces está involucrado en los hechos de corrupción ocurridos en la Comuna de Zapallar”.
“Tengo entendido que el Estatuto Administrativo que rige para los funcionarios públicos se refiera en forma clara en cuanto a que debemos dar estricto cumplimiento al principio de Probidad Administrativa. Es decir, tener una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto de la función que se nos asigna o para la que hemos sido elegidos”.
“Me da la impresión que a este señor se le quiso proteger al integrarlo al municipio. Quizas movidos por una suerte de falacia muy recurrente de que mientras no esté condenado es inocente En todo caso, me parece que desde el prisma del principio de probidad administrativa, el Concejo anterior debería haber tomado cartas y determinaciones concretas sobre esta grave situación”.
DELINCUENTE O CRIMINAL
Etiquetar de delincuentes o criminales resulta ser más justo cuando se le atribuyen estos calificativos a individuos que hacen oficio o rutina de la transgresión de normas fijadas/ delimitadas por la Ley y para ello, por lo general, montan redes utilizando personajes de “ capitán a paje”.
En el marco de los contundentes argumentos y graves acusaciones, presentados durante la audiencia judicial por el Fiscal Fajardo, bien calzaría para el “caso Buzeta” la etiqueta de delincuente.
El persecutor del Ministerio Público, quien es especialista en materias de delitos económicos y anticorrupción, detalló, entre otras acciones delictuales cometidas por el acusado, que “(…)Juan Agustín Buzeta Novoa, asesor jurídico de la Municipalidad de Zapallar, y Jaqueline de Jesús Tapia Olivares (condenada por estos hechos) concertados al efecto, defraudaron a la Municipalidad de Zapallar a través de una serie de maquinaciones tendientes a obtener elevadas sumas de dinero por concepto de prestaciones de servicios inexistentes o ficticios por parte de Tapia Olivares, ocasionando a dicha entidad edilicia un perjuicio determinado en una suma no inferior a 10 millones 669 mil 992 pesos”.
Jaqueline de Jesús, (…) “fue contratada por el municipio de Zapallar a instancias de Buzeta Novoa para los efectos de “Apoyo Técnico al Departamento de Asesoría Jurídica en la elaboración de Talleres” (…) pese a que esos servicios jamás fueron ejecutados; y cuya finalidad obedecía al único propósito de incrementar ilegalmente y a costa del erario municipal los ingresos del acusado, lo que se conoce comúnmente como “sobresueldo”, indicó el Fiscal.
Con el fin de lograr su cometido, Buzeta se aprovechó de su calidad de funcionario y público y asesor jurídico, dado que él mismo se encargó de gestionar que fuese el municipio quien pagara a la mujer, “pese a que ésta no prestó servicio alguno, certificando falsamente mes a mes la recepción conforme de dichos servicios ficticios, para obtener de parte de Tapia Olivares- posteriormente- una parte del dinero obtenido, defraudando de esta forma al Fisco”
En la querella presentada el 14 de febrero del 2014 por el Consejo de Defensa del Estado, el abogado Enrique Vicente Molina se refiere a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y argumenta: “de los antecedentes de tal investigación se puede determinar que a instancias del querellado (…) en el mes de junio del año 2011 propuso a Macarena Herrera Olmos, administrativa de dicho municipio en materias de cobranzas extrajudiciales y otros trámites relativos a tribunales, subir sus honorarios mensuales de 200 mil a 425 mil pesos, con el compromiso de que – al menos- 200 mil pesos de esa suma se le entregara al propio Buzeta Novoa mediante deposito que se haría en la Cuenta de Ahorro N° 033-40-538043 que éste último mantiene o mantenía en el Banco de Chile, sucursal La Ligua, lo que destinaría a cubrir en todo o parte el costo de un Magister post grado en una Universidad con sede en Viña del Mar o Valparaíso, a lo que accedió Herrera Olmos”.
En noviembre del 2011, la mujer decidió no continuar con la movida y, al poco tiempo fue despedida de su trabajo.
LA MAQUINA DE CORRUPCION: ¿DE ZAPALLAR A PIRQUE?
Las andanzas descritas del hoy “flamante” asesor jurídico de la Municipalidad de Pirque son solo una pincelada de las maniobras utilizadas para cometer acciones ilícitas; situación que lo mantuvo- hasta el año 2016 – con arresto domiciliario nocturno y firma mensual.
¿Bajo qué criterios las autoridades pertinentes determinaron su contrato? se pregunta una funcionaria municipal que pide no revelar su nombre.
“En Zapallar, los concejales lo denunciaron… la Contraloría le descubrió otra yayita cuando pasó por la muni` de Llanquihue… y aquí en Pirque… ¿el Concejo le abrió las puertas?
“Su llegada a este municipio – año 2013- coincide con el período de una seguidilla de irregularidades que desde entonces han sido descubiertas por la Fiscalía y la Contraloría, como el caso de pagos de honorarios truchos a personas que no trabajaban en la institución, la oficina trucha que vendía ilegalmente permisos de circulación, pago de sueldo a funcionario del departamento de patentes que estudia carrera universitaria durante toda su jornada de trabajo, entre otras”, acota.
Al tenor de este enrarecido clima laboral en la casa comunal de Pirque, no deja de llamar la atención el poder judicial amplio conferido a Buzeta Novoa por el alcalde Cristian Balmaceda, firmado ante Notario Público el día 28 de febrero del 2017.
Y llama aún más la atención que éste abogado que carga una pesada mochila de acusaciones por corrupción, haya – recientemente – litigado en la Corte de Apelaciones de San Miguel en contra de un grupo de socias/os de la organización “Pueblo de Artesanos y Productores de Pirque”, a las cuales el municipio pretende despojar de sus modestos puestos de trabajo.
“Resulta intolerable que el municipio contrate como asesor jurídico a una persona con tan graves antecedentes laborales. Voy a exigir su renuncia, señala el concejal, David Nieto.