El Gobierno de Donald Trump dejó plantada hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las audiencias sobre la política migratoria y de asilo del presidente de Estados Unidos a las que había sido convocado en Washington.
La audiencia principal era una convocada de oficio por la comisión, que quería preguntar al Gobierno norteamericano por las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración y la que dio inicio al proceso para la construcción del muro en la frontera con México. Cree que pueden violar estándares legales de la región y ser discriminatorias hacia los migrantes hispanos y musulmanes.
Los comisionados se encontraron sin embargo con cinco sillas vacías en una sala de audiencias repleta de público y prensa ante la expectación que el tema había despertado. “Quiero lamentar la ausencia del Estado, que impide el ejercicio democrático de conocer distintas posturas”, dijo el brasileño Paulo Vannuchi.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el continente.
Tampoco acudió la administración Trump a una audiencia sobre el secuestro de dos ciudadanos japoneses en Perú durante la Segunda Guerra Mundial y a otra sobre políticas que impiden el acceso al asilo.
Justificó su decisión con el hecho de que los asuntos a tratar están ante la Justicia. “No es apropiado para Estados Unidos participar en estas audiencias mientras estos temas están en litigio en tribunales estadounidenses”, manifestó Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado. Sus expertos legales, dijo el Ejecutivo, recomendaron no acudir.
La audiencia de oficio, como las otras dos, se celebró de todas formas, pero ya sin que la comisión pudiera cumplir su objetivo principal. Las audiencias públicas en la CIDH se convocan por lo general a petición de la sociedad civil y también, aunque menos, de los Estados. Pero cuando es ella la que convoca de oficio es porque tiene un interés específico en escuchar a los Gobiernos.
La CIDH no ha escondido su preocupación por las órdenes ejecutivas más controvertidas que Trump ha firmado desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero. A principios de febrero, instó a Estados Unidos a dejarlas de hecho sin efecto.
Las organizaciones de la sociedad civil que acudieron a la cita para solicitar que sean derogadas unas medidas que consideran que violan los derechos humanos de inmigrantes y refugiados recriminaron al Gobierno estadounidense estar aislándose internacionalmente con actuaciones como la de hoy.
“Es una política de aislamiento propia de regímenes autoritarios”, denunció Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de American Civil Liberties Union (ACLU), una de las 14 organizaciones invitadas a hablar por la comisión.
No fue la primera vez que el Ejecutivo de un país no acudió a una audiencia sobre un tema controvertido. La CIDH está celebrando desde el viernes hasta mañana miércoles las audiencias públicas del 161 periodo de sesiones Pero nadie en la sede de la organización recordaba hoy una ocasión en la que la administración estadounidense hubiera faltado a una audiencia, por muy crítica que esta pudiera ser.
Si ocurrió, fue en un “pasado lejano”, dijeron fuentes de la CIDH. Su secretario ejecutivo, Paulo Abro, fue informado la víspera de que los representantes del Gobierno de Estados Unidos no iban a acudir, aunque por medios informales.
El brasileño, hace pocos días, ni siquiera contemplaba esta posibilidad. “Vendrán, siempre estuvieron y contamos con que estarán”, dijo a un grupo de periodistas, a los que aseguró que las relaciones con la nueva Administración norteamericana se mantenían en la “absoluta normalidad”.
Observadores en Washington vieron en lo ocurrido hoy un indicio de una posible estrategia del Gobierno de Trump ante organismos multilaterales. “No, para nada”, aseguró el portavoz del Departamento de Estado Toner. En un reciente artículo en la revista “Foreign Policy”, el secretario de Estado, Rex Tillerson, amenazó con retirar al país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU si no lleva a cabo “considerables reformas”