La crisis que sufre la Institución de Salud Previsional (Isapre) Masvida venía escorando a esta compañía desde hace por lo menos un año. Fueron numerosos los aspectos, todos ellos relacionados con las finanzas y los mercados, que llevaron a esta institución privada a ingresar en el torrente de un resumidero difícil de remontar.
Hoy, bajo la investigación de la Fiscalía por falsificación de documentos financieros, con un congelamiento del movimiento de afiliados bajo un esquema de “corralito”, con los acreedores golpeando las puertas por miles de millones de pesos no pagados e intervenida por un administración provisional y con los trapos sucios de tramposas operaciones al sol, Masvida y sus controladores parecen tener los días contados.
Masvida ha sido una Isapre grande y de las más competitivas. Se ha repartido el mercado con otras cinco instituciones de salud, con aproximadamente el 17 por ciento de los cotizantes, que hacia finales de 2016 alcanzaban unos 310 mil afiliados más sus cargas. Su presencia en este mercado data de inicios del negocio, en el epílogo de la dictadura, como una institución de salud con médicos como propietarios. Bajo estos criterios, el holding Empresas Masvida (EMV) contaba en 2014 con más de seis mil médicos en la propiedad (entre los cuales se hallan figuras públicas), a través de una compleja red de 84 sociedades de inversión. Hoy, las diferentes investigaciones sobre las causas de la crisis apuntan a esta gruesa madeja como factor central. En esta red se tejieron también oscuras tramas en los manejos del dinero que han llevado a la institución a una virtual quiebra.
Los problemas financieros de la institución de salud comenzaron a salir por goteo durante el año pasado. Pese al completo hermetismo de la empresa, hubo algunos hechos que transparentaron la debilidad financiera de la institución. En este contexto de inestabilidad y confusión, entre noviembre y enero pasado Masvida perdió once mil cotizantes, recorte de su cartera de clientes que la llevó a las puertas de la insolvencia. Durante esos meses, estimulada por el rumor y el temor, la espiral de salidas se vio hasta reforzada por la presencia, frente a las oficinas de Masvida, de vendedores de la competencia. Bajo este ambiente de caos, hacia finales de febrero la Isapre había registrado un 55 por ciento más de salidas que de captaciones, proceso que condujo a la intervención de la Superintendencia de Salud.
Entre las medidas de la Superintendencia, y ante la ya desatada crisis, el superintendente Sebastián Pavlovic emitió un ultimátum al darle a Masvida un plazo de diez días para presentar un plan de acción y contingencia, que no hizo más que amplificar los temores de los afiliados y acreedores. Como respuesta, EMV enviaba comunicados a sus cotizantes ofreciendo disculpas por “las molestias ocasionadas”, nada menos que servicios médicos no prestados, a las que calificaba de los efectos de “rumores infundados”. Aquellas “molestias” a las que se refería la empresa era el rechazo de prestadores médicos a aceptar los bonos de Masvida. En febrero pasado la Clínica Santa María emitió un comunicado en el cual informó el fin del convenio con Masvida, declaración y acción que presionó a la Superintendencia en la búsqueda de una salida urgente a la crisis.
La salida ha sido la intervención de la Isapre por las autoridades sectoriales. Durante el plazo de cuatro meses, el interventor, Robert Rivas, deberá evitar la quiebra, pagar a los acreedores, equilibrar los estados financieros de la empresa y, finalmente, buscar nuevos inversionistas. Durante esta etapa se estableció también el “corralito” a los cotizantes para impedir un deterioro aún mayor de sus activos y cartera de clientes.
INICIOS DE LA CRISIS
El inicio de la caída de la Isapre no está bien establecido por los investigadores, pero se remonta, por lo menos, a 2015: desde entonces Masvida ha venido escondiendo, o maquillando, sus informes financieros. Pese a ello, durante el año pasado el directorio y sus ejecutivos sostuvieron largas rondas con inversionistas, quienes finalmente, ante la opacidad de las finanzas, desecharon la idea de comprar parte de la aseguradora. La Isapre estuvo negociando con el fondo de inversión Southern Cross para la venta del 55 por ciento, conversaciones que no llegaron a buen puerto el año pasado. Pese al rechazo de Southern Cross por la carencia de informes fidedignos, Masvida persiste en la búsqueda: hacia fines de 2016 y comienzos del año en curso, han aparecido otros interesados, como Gamma Capital y Nexus Partners, cuyas negociaciones seguirían en curso aun bajo la figura del interventor. Junto a estas opciones de salvataje, otras Isapres han expresado interés en absorber la voluminosa cartera de clientes de Masvida, lo que podría generar distorsiones en el mercado.
El sistema de las aseguradoras de la salud privada ha registrado ingentes utilidades durante gran parte de su vida, con importantes cambios en la propiedad, internacionalización e integración vertical. Así es como entre cinco grandes corporaciones se reparten un mercado cuyas ganancias, en 2014, llegaron a casi 90 millones de dólares. Bien se sabe que las Isapres, pese a absorber a sólo el 16 por ciento de la población, tienen en cartera al sector de mayores recursos, para quienes el sistema público, por sus graves falencias y largas listas de espera, no es una opción atractiva. De cierta manera, trabajan con una cartera cautiva de clientes.
FRENO EN LAS GANANCIAS
Estos números, que se han repetido desde la misma creación del sistema, han comenzado a reducirse durante la presente década. Entre los factores hay sin duda uno central, que es el malestar de la población y el rechazo a las alzas periódicas y unilaterales a los planes de salud, situación que ha conducido a una “judicialización” de las alzas mediantes demandas masivas de los clientes contra las instituciones. Como resultado, se observan triunfos permanentes en los tribunales para los usuarios, y un aumento creciente de costos para las Isapres. En este escenario, en 2015 se pudo observar una reducción en las utilidades del sistema, tendencia que si bien no se repitió en 2016 por factores coyunturales, es muy probable que continúe durante el año en curso. Pese a ello, la salud privada se mantiene como una actividad boyante.
INTEGRACION VERTICAL
El negocio de las Isapres no está acotado a la exclusiva función de aseguradores. Ha derivado en enormes consorcios, con inversiones en centros de salud y grandes clínicas. Una integración nociva para los usuarios y perjudicial, también, para todo el sistema de salud nacional, que deriva de forma periódica ingentes recursos públicos para subsidiar el negocio privado. Durante 2015 las clínicas, la mayoría pertenecientes a consorcios ligados a Isapres, obtuvieron ganancias por 55 mil millones de pesos, una cifra cercana a los 80 millones de dólares.
El holding Masvida está también en una estructura vertical con sus prestadores de servicios. Al holding pertenece la Clínica Las Lilas, Clínica El Loa, Isamédica y Clínica Chillán, activos que integran parte de la compleja malla de decenas de sociedades relacionadas entre sí. Si la judicialización de las alzas ha sido un problema para todas las Isapres, la oscura maraña societaria ha sido, según avanzan las investigaciones, la causa principal de la crisis de Masvida.
Con 80 sociedades relacionadas en una estructura de cascada, hay grandes posibilidades de ocultar operaciones y transacciones. A medida que avanzan las investigaciones, a inicios de marzo se habían filtrado a la prensa algunas de estas trampas, las que probablemente desviaron fondos hacia bolsillos particulares. Según lo informaba la radio Bío Bío, “directivos triangulaban asesorías a empresas del holding desde sociedades personales, pero no pudieron demostrar que efectivamente prestaron los servicios. Una pieza de este mecanismo consistía en pedirle préstamos a la Isapre para pagar los gastos de las supuestas asesorías. El SII y el Ministerio Público indagan esas maniobras, mientras que en paralelo buscan establecer el rol de Hema, una misteriosa sociedad que asesora a Masvida mediante un suculento contrato que le ha reportado más de dos mil millones de pesos en dos años”.
Las investigaciones comenzaron a cerrar el círculo en torno a Claudio Santander, expresidente del holding, y otros directivos y ejecutivos que componían su red de confianza. Santander y sus socios realizaron diversas maniobras tributarias que fueron objetadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, las que además generaron daño al patrimonio de las empresas que componen el holding, en especial a la Isapre.
Las Isapres son un gran negocio con abiertos fines de lucro. Una actividad que levanta a la vez grandes contradicciones. Lucrar con la salud, lo mismo que con la educación, ha terminado con sensibilizar a la población contra el sistema. Numerosos sondeos de opinión demuestran que las instituciones de salud privada son de las organizaciones que más repudio generan en la población. Un estudio de la misma Superintendencia de Salud, realizado en 2015, reveló que por lo menos un 42 por ciento de los afiliados rechaza el sistema, en tanto más de un 67 por ciento estima que requiere de cambios urgentes.
El repudio generalizado es para un modelo diseñado durante la dictadura, vigente y casi intacto. No sólo como un negocio paralelo a la salud pública, sino que goza de impresentables subsidios del Estado. Los recibieron por décadas las aseguradoras, y han sido traspasados a sus clínicas mediante otros mecanismos. En el caso de los establecimientos de salud, los apoyos del Estado van desde la compra de servicios a subsidios a la demanda. Concretamente, la modalidad libre elección de Fonasa; la compra de servicios -que desde la implementación del GES se ha incrementado exponencialmente-; y desde 2011, el bono AUGE. “Esto ha implicado el traspaso de 6.809 millones de dólares entre 2005 y 2012, lo cual explica el vertiginoso crecimiento de la red privada que aumentó su capacidad en 20 por ciento en el periodo 2005-2011”, señala un estudio de la Fundación Creando Salud.
La intervención de la Isapre ha puesto nuevamente en la discusión pública la función del Estado subsidiario, aquella concepción neoliberal del Estado que sólo le permite intervenir en aquellas áreas de la economía no rentables para el sector privado. Una concepción además cínica: en el espacio de la salud, como también en el de la educación, el Estado le entrega abiertos subsidios a los inversionistas privados. En el caso que atendemos, hay un tercer elemento aún más perjudicial e injusto para el conjunto de los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos. La intervención de la Isapre Masvida nos recuerda otras intervenciones del Estado, como lo fue aquel rescate de la banca durante la dictadura mediante mecanismos de salvataje que pagamos todos. Aquella conocida consigna sobre ganancias privadas y pérdidas socializadas, puede estar tomando cuerpo nuevamente.
PAUL WALDER
Publicado en Punto Final