El caso Odebrecht es hasta la fecha el mayor escándalo de corrupción conocido, con pagos ilegales a funcionarios de gobiernos que irían, según quien haga las estimaciones, entre 800 y tres mil millones de dólares. La empresa constructora brasileña Odebrecht mantuvo durante décadas una “caja chica”, o “cuenta B”, para comprar políticos y funcionarios y conseguir multimillonarios contratos en infraestructura.
Bajo estas atractivas condiciones abrieron sus cuentas corrientes a los flujos de Odebrecht políticos de primera línea, e incluso gobernantes de la mayoría de las naciones latinoamericanas, del Caribe y algunas africanas.
El impacto del escándalo golpea severamente en nuestra región. La corrupción en el espacio de los negocios se eleva a miles de millones de dólares. Es también el lugar de las mayores injusticias planetarias en un continente de los mayores contrastes y de infinitas desigualdades. Lo que ha canalizado Odebrecht a los bolsillos de políticos, funcionarios y toda laya de intermediarios son recursos públicos finalmente financiados por el trabajo de la ciudadanía. Una vez más, las elites políticas y financieras que conforman el 1% de la población le arrebatan al resto, a través de una torcida panoplia de trampas, sus recursos. Quien finalmente paga a Odebrecht y sus cómplices ha sido el pueblo.
¿Cómo no clamar contra la injusticia cuando el tándem capital y política conspira contra la población, cuando todo el espectro político presta de buena gana sus servicios al dinero corruptor? En las décadas que registran las oscuras operaciones de Odebrecht se inscriben gobiernos de varios colores, los cuales, con el paso del tiempo y la distancia histórica, se vuelven homogéneos bajo los matices del capital. Por citar sólo un ejemplo entre los doce países comprometidos (desde Angola a Estados Unidos), en Perú los pagos de la constructora comprometen a los gobiernos de Toledo, García, Fujimori y Humala (ver págs. 8 y 9 de esta edición).
LA CAIDA DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES
La política brasileña, cuna de la corrupción, se orienta también por Odebrecht. Las investigaciones establecen pagos -desde finales de la década pasada- por más de 300 millones de dólares a diferentes políticos con vínculos en la gigante estatal Petrobras. Un foco de corrupción que le ha costado el gobierno a la presidenta Dilma Rousseff y salpicado al Partido de los Trabajadores (PT), al ex presidente Inácio Lula da Silva y con ellos, al mayor proyecto socialdemócrata de inclusión social en Latinoamérica. En elclarin.clel académico chileno residente en Brasil, Fernando de la Cuadra, escribió un artículo titulado “Caso Odebrecht: un bestial golpe a la democracia”. Advierte sobre los riesgos que viven las democracias de la región: “La democracia -dice- se encuentra amenazada no solamente por la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre temas fundamentales que afectan sus vidas. Ella también se ve enfrentada por la emergencia de grupos nacionalistas y neofascistas que utilizando el argumento de la lucha contra la corrupción, han erigido proyectos ultraconservadores que se alimentan con la crisis política y con la falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones democráticas”. Los casos de neoliberales extremos como Michel Temer, en Brasil, y Mauricio Macri, en Argentina, confirman esta afirmación.
La magnitud del escándalo Odebrecht apunta a convertirlo en la lápida que sepultará a varios gobiernos latinoamericanos, desde conservadores, neoliberales a socialdemócratas.
El andamiaje de la corrupción incluye presidentes de la República, parlamentarios, dirigentes de partidos políticos, ministros, directores de empresas y todo tipo de funcionarios públicos. Las investigaciones tienen en la mira a emblemáticos representantes políticos, como los ex presidentes Da Silva y Rousseff en Brasil, y el mandatario en funciones, Michel Temer. Lo mismo el ex presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez, implicado a través de unas oscuras concesiones viales que conducen hasta el actual presidente José Manuel Santos. En la misma madeja aparecen el ex mandatario panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y los ex presidentes peruanos ya mencionados. Las investigaciones en el resto de los doce países (que incluyen a los africanos Angola y Mozambique), ya tienen ciertos avances. Hay varios empresarios y políticos en la cárcel y a otros los fiscales están pisándoles los talones.
Marcelo Odebrecht, cabeza brasileña de la constructora, nieto del fundador, fue condenado en el escándalo conocido como Lava Jato, que involucra a la estatal Petrobras a 19 años de prisión, tras ser acusado de pagar más de 30 millones de dólares en sobornos. En Argentina, Gustavo Arribas, director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), está implicado en este escándalo. Junto al imputado Arribas, dos publicistas fueron condenados en los primeros días de febrero a prisión en el caso Lava Jato. La investigación conduce hasta el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, por recepción de coimas para influir en la licitación de gasoductos en 2008.
Son sólo algunos ejemplos en las investigaciones que conmueven a la región. El caso Odebrecht está en los primeros lugares de la agenda política regional. En todos los países, y no sólo en los involucrados, la corrupción es hoy el foco del debate político. Ocurre en Brasil, Argentina o Perú y Colombia, pero también en Chile, si bien no implicado directamente en el caso Odebrecht, sí en otros marcados por sobornos y el cohecho de empresas pesqueras, mineras y forestales.
140 MIL MILLONES
EN PAGOS ILEGALES
Odebrecht no sólo es una empresa constructora. Es un conglomerado para infraestructura, negocios inmobiliarios, petroquímicos y de transporte, entre otros. En 2014 tuvo ingresos por 31 mil millones de dólares. Un gigante latinoamericano y mundial, cuyo crecimiento lo debe a múltiples nexos con la política.
Diferentes versiones en la web datan el inicio de las coimas y sobornos de Odebrecht en los años 80. Hacia finales de esa década, en pleno auge neoliberal y de privatizaciones en la región, Odebrecht crea la “caja chica” destinada al pago de coimas bajo el eufemismo de “sector de relaciones estratégicas”. Su primera secretaria, despedida en 1992, guardó como tesoro la información de los pagos ilegales que entregó a la justicia tres décadas más tarde.
La corrupción no sólo es una inmoralidad mayúscula en la política. Es también una apropiación de los recursos de una nación. Cada sobrefacturación, cada coima y soborno finalmente la paga la ciudadanía, a la vez que neutraliza las políticas públicas y profundiza la inequidad. Organismos como el Banco Mundial, Transparencia Internacional o la agencia Oxfam, tienen a la corrupción en el centro de sus investigaciones y críticas. La sindican como una de las principales fuentes de la pobreza y desigualdad en países emergentes o dependientes. Según datos de la consultora estadounidense Global Financial Integrity presentados en la Cumbre contra la Corrupción efectuada en Londres el año pasado, América Latina pierde cada año por lo menos 140 mil millones de dólares por este concepto. Aproximadamente un 3% del producto de la región se le arrebata cada año a sus ciudadanos.
Hay otro aspecto que facilita aún más la corrupción: la dependencia de nuestros países de la extracción de recursos naturales y las economías basadas en la renta. Eduardo Gudynas, analista de CLAES, establece una relación íntima entre extractivismo y corrupción. Sólo en Brasil, dice el académico en un texto publicado en diciembre pasado en rebelión.cl, se desviaron 1.800 millones de dólares entre Petrobras y las empresas constructoras. Gudynas concluye que “la corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima asociación entre extractivismo y corrupción. Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las comunidades locales”.
OAS, ARISTA DE LAVA JATO
EN CHILE
Los informes de Transparencia Internacional y otras agencias destacan a Chile y Uruguay como las naciones sudamericanas con los más bajos estándares de corrupción. Una mirada que podría ser ratificada por el caso Odebrecht, que ha sufrido una discontinuidad en los países citados. La corrupción, sin embargo, apunta en otra dirección. En Chile la corrupción, instalada en las primeras planas de la agenda pública desde hace menos de una década, tiene, según diversas investigaciones, una presencia activa durante toda la transición política iniciada en 1990. Los casos SQM, Penta, MOP Gate, Chiledeportes encabezan una larga lista.
Chile tiene vinculaciones con otro conglomerado brasileño de la construcción, también investigado por los fiscales. Se trata de OAS, otro gigante multisectorial de Brasil, con actividades similares a Odebrecht repartidas por Latinoamérica y algunos países africanos. La empresa no sólo es investigada por corrupción, también ha sido sancionada a pagar elevadas multas por tráfico de personas. En 2015 la justicia de Brasil condenó a once años de cárcel a tres ejecutivos de OAS por lavado de dinero e integrar una organización criminal. El juez Sergio Moro señaló que la corrupción era una “política corporativa” de OAS.
OAS está presente en Chile desde la década pasada y en la actualidad forma parte del grupo que construirá el puente del Canal de Chacao. Pero su salto a las portadas de periódicos es por presuntos aportes a la campaña electoral de Michelle Bachelet en 2013. El caso salió a la luz por la revista Veja,de Brasil, y el Ministerio Público chileno ha abierto una investigación. En la primera semana de febrero el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, junto a la fiscal Ximena Chong, que lleva el caso OAS, viajaron a Brasil para coordinar trabajos con el Fiscal General de ese país, Rodrigo Janot.
Según el reportaje de Veja, “en noviembre de 2013, Lula (Da Silva) viajó a Santiago en un jet dispuesto por OAS, dio una charla pagada por OAS y se encontró con Michelle Bachelet. En el mes siguiente, un consorcio integrado por la empresa ganó una licitación en el país”. Aquel mismo año, revela la revista, una delegación de OAS y del Partido de los Trabajadores (PT) viajó a Chile para coordinar pagos a la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami. Al dirigente del PRO se le investiga por el uso en su campaña de un jet facilitado por OAS.
El reportaje de Vejatuvo como fuente a los dos operadores del PT que viajaron a Chile, quienes relataron los hechos en el marco de un acuerdo de delación compensada. Un segundo artículo aparecido a inicios de febrero señala como fuente al ex gerente de OAS, Leo Pinheiro, que está preso en Curitiba por la operación Lava Jato. Este habría entregado datos que, afirma Veja, “no son nada de buenos para Bachelet”.
Como en el resto de la región, las investigaciones podrían herir de muerte a la Nueva Mayoría ya bastante desprestigiada por otros escándalos de corrupción con empresas locales. Un fenómeno del cual la ultraderecha no sacaría ninguna tajada. Su carta presidencial para noviembre, Sebastián Piñera, está también hasta el cuello por casos no menores. Aparece involucrado en negocios de su empresa, Bancard, con la pesquera peruana Exalmar.
Resulta evidente que la política chilena enfila también hacia la alcantarilla regional de la corrupción.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 870, 3 de marzo 2017.