Para usar términos españoles, hay que ser muy gilipolla para creer que en España reina una democracia, así sea formal, el Estado de derecho y la igualdad ante la justicia. Para empezar, el propio Presidente de gobierno, Mariano Rajoy, se implicó a sí mismo en el caso Bárcenas – tesorero del Partido Popular – al enviar un e-mail en cual le manifestaba que resistiera a embates de la justicia. Los abogados dicen “a confesión de partes relevo de pruebas”. En la monarquía, la corrupción es mucho más grave: el rey Juan Carlos, apodado “el campechano”, mató cuanto elefante se presentaba a su arma e hizo, además, cuando negociado se presentara – hay que recordar que este rey fue colocado en el trono por el tirano Francisco Franco -.
Hay que ser muy insensato para creer que la justicia iba a condenar a la hija y hermana de rey, respectivamente: en pleno siglo XXI las familias reales continúan por sobre la justicia, tal cual como los monarcas de derecho divino de antaño. Solamente en España puede darse el caso de que el fiscal, ente acusador bajo cualquier Estado de derecho, se convierta en el mejor defensor de la Infanta Cristina, quien terminó libre de todos los cargos que se le imputaban, considerándola como una mujer iletrada y boba, que no tenía idea de dónde provenían los millones de euros que su marido, el Duque de Parma, Iñaki Undangarín, dejando a ella y a las demás mujeres españolas como ignorantes, tontas y siempre supeditadas a sus maridos.
Los Borbones, salvo Carlos III y, quizás Alfonso XII – protagonista de una canción y, posteriormente de la película “A dónde vas Alfonso XII” – los demás han sido un verdadero desastre, por ejemplo, Fernando VII, un glotón degenerado y traidor, que mantuvo la inquisición y derogó la Constitución liberal de 1812, llamada “La Pepa”. Afortunadamente, el último rey, Alfonso XIII, tuvo el criterio de exiliarse en Francia a causa del triunfo electoral de los republicanos, en las principales ciudades del país, en 1931.
La igualdad ante la ley nunca ha existido, ni en Chile, ni en España, incluso Platón, (en La República), espantado por el juicio y sentencia que condenaba a Sócrates, siempre se burló de los jueces de la antigua Atenas, que eran sorteados entre los ignorantes cultivadores de habas y aceitunas y comerciantes, es decir, la justicia popular. Hoy ocurre de manera parecida, pero con jueces nominados por el poder político, y una serie de procedimientos penales que, en la mayoría de los casos, favorece a los más ricos – un ladrón de gallinas o un desempleado que vende cassetes, por ejemplo, tiene un Undangarín, un Rodrigo Rato, o un Francisco Correa.
Isabel Pantoja, fue juzgada y sentenciada a dos años de prisión efectiva por delitos menos graves que los de los Duques de Parma. Nadie podría haber dudado de la sumisión y silencio de la cantante Pantoja, como pudimos comprobarlo recientemente, en el Festival de Viña, cuando hizo callar a los espectadores de la primera fila, entre el Jurado, además, exigió respeto para los artistas en general.
Si comparamos la educación de la Infanta Cristina con la de Undangarín, la primera sale muy favorecida: es economista, directora de la Caixa, aunque pretende, en su defensa ante los tribunales, ignorar lo que es una cuenta bancaria; Undangarín es un majo jugador del equipo de pelota mano, del Barcelona, se piensa que ha leído tal vez menos que Piñera, pero tan bueno para los negocios como el líder de la derecha chilena, por consiguiente, quien mejor conocía las leyes económicas era la Infanta y no su amor plebeyo.
Undangarín fue sentenciado a seis años y tres meses, aunque el fiscal Pedro Horrach pidió doce años. Para liberarlo de la prisión exigió uno a fianza de 200 mil euros, suma irrisoria dada la magnitud de los delitos y la persona que los cometía. Las juezas del caso, Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moya, ni siquiera le exigieron una fianza en dinero. La pareja podrá vivir en Ginebra, y la única condición es que Undangarín se presente una vez al mes ante cualquier Comisaría de Suiza.
Al socio plebeyo de Noos, Diego Torres, lo sentenciaron a ocho años de presidio que, desde luego, no los pasará en la cárcel, pero dictaron medidos de arraigo en España, despojándolo de su Pasaporte.
Es cierto que ambos sentenciados – no van a la cárcel, sino que cumplen una medida cautelar en libertad mientras se pronuncia la Corte Suprema – tendrán que esperar la confirmación o negación de dicha sentencia por parte del máximo Tribunal. Es significativo que el mismo día de conocerse la sentencia, los tribunales hayan enviado a la cárcel a un rapero que, en sus canciones, se burlaba de la monarquía.
Otra sentencia de parte de los tribunales, y que llama la atención, es la de las “Tarjetas Black”, una estafa de doce millones de euros, llevada a cabo por los directores de Bankia, cuya figuras más emblemáticas son Rodrigo Rato, ex ministro de gobierno de José María Aznar, director del Fondo Monetario Internacional (FMI), y también de la arruinada Bankia, y Miguel Blesa, actual director de Bankia. Al primero se le sentenció a cuatro años y seis meses de prisión y, al segundo, seis años.
Estos personajes que arruinaron las Cajas de Ahorro españolas, arruinando a miles de personas, pero que no tuvieron ninguna compasión para apropiarse de las viviendas de los más pobres, la han sacado muy barata ante la justicia.
El fallo de los últimos días es del caso Gurtel, en la arista valenciana, en que las sentencias fueron, sucesivamente, nueve años para Milagros Martínez, trece años para Francisco Correa y Pablo Crespo y doce años para Álvaro Pérez, “el bigote”. Los empresarios que aportaron dineros al Partido Popular, de Mariano Rajoy – que alabó al delincuente Francisco Camps, gobernador de Valencia – se muestran dispuestos a colaborar con la justicia para rebajar sus penas.
Mientras en España subsista una monarquía corrupta y un gobierno obsecuente con la corrupción – si es que no está implicado – hablar de justicia, separación de poderes y respeto a los ciudadanos, será una ilusión.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
26/02/2017