En el contexto chileno tiende a pasar desapercibido que se pueda imputar con cargos que corresponden a las figuras de abuso de poder y de faltas a la probidad pública al ex presidente de Chile y notorio empresario cuyas prácticas corruptas hasta el momento han quedado impunes. Debió ocurrir mucho antes, porque motivos no faltaban.
Entre las dimensiones de lo que de manera global se llama la “crisis de la política” o más específicamente la “crisis de la representación”, aquella vinculada a las imputaciones de los parlamentarios o jefes de Estado con respecto a las faltas a la probidad pública (corrupción) constituye, según los especialistas en el tema, uno de los acontecimientos más notables desde los noventa. Se constata que las prácticas, se mantuvieron en lo corrido del milenio y profundizaron en el marco de crisis capitalista desde el 2008.
En realidad, no es nada intrascendente imputar a un ex presidente de la República y futuro candidato para gobernar la cosa (res) pública. Es un hecho que sólo podrá ser banalizado por sus secuaces políticos y por la prensa de derecha que vive del avisaje estatal y del dinero de las grandes empresas.
Es innegable que es de una extrema gravedad imputar a un ex estadista por negociados turbios durante su mandato. Por lo mismo, los editorialistas de la prensa oligárquica como El Mercurio, La Tercera, La Segunda o Qué Pasa no van a desautorizar a Sebastián Piñera ni le aplicarán los criterios republicanos que corresponden a un candidato presidencial.
¿Pero cuál es la razón de fondo por la que no se desautoriza a un candidato impresentable según los cánones éticos normales? La respuesta es obvia. La representación política de la oligarquía propietaria chilena no se renueva y ésta tampoco se siente responsable de corromper el sistema democrático. Eso sí, posan de “liberales” y de “republicanos”.
Piñera, entonces, es el candidato “natural”. Lo es porque es el prototipo del político-empresario del neoliberalismo chileno. Que la oligarquía lo levante en tiempo de crisis del régimen político, es decir del conjunto de las instituciones salidas del pacto transicional burgués de dominación, muestra que aquella no tiene propuesta de salida a la crisis institucional. Como tampoco la tiene la Nueva Mayoría. Hecho que profundizará y prolongará aún más la crisis de legitimidad del sistema político. De paso nomás constatemos que Carolina Goic es candidata de un partido corrupto y Guillier seguirá con la práctica del consenso.
Por el contrario, el aparato de justicia chileno (el de la reforma procesal con su núcleo de fiscales sensibles al tema de la corrupción político-empresarial nacional e interamericana) se encuentra en una situación en la que está obligado a actuar para salvar las apariencias … si quiere ser considerado como tal.
Lo del ex presidente es abuso tanto de poder como de la confianza pública; es por la arista que se le tome un atentado contra los valores de probidad pública o del interés común/general.
Ahora bien, la derecha que escribe pomposos “manifiestos” y se dice republicana por escrito tendría que ser consecuente, pero con actos. Lo primero es obligar a Piñera a que se desista de ser candidato.
La historia de Chile nos muestra que los grandes discursos ideológicos de la derecha son siempre traicionados por una práctica deshonesta. Por mucho que declaren un aggiornamento (puesta al día) en sus “ideas”, que dicho sea de paso, son meras copias de las ideas de los republicanos franceses, también corruptos. Vea lo que pasa con Marine Le Pen (candidata de la extrema derecha) y con François Fillon, el candidato más afín a la derecha chilena, también acusado de prácticas corruptas.
Marina Le Pen desvió dineros del parlamento europeo hacia una secretaria. Fillon utilizó a su conyugue para pagarle con fondos públicos empleos ficticios (malversación de fondos públicos, abuso de bienes sociales y encubrimiento son los cargos a los protagonistas del “Penelopegate” francés).
Es evidente que los políticos burgueses y los empresarios no trepidan en instrumentalizar a sus familias para enriquecerse, lavar dineros y evadir impuestos. Como lo hicieron los Penta boys, el UDI Longueira y el Demócrata Cristiano Jorge Pizarro.
Habrá que seguir con atención toda la mecánica judicial y ejercer presión como opinión pública sobre el cuerpo de fiscales para que se haga buena justicia. Hasta que aparezca un movimiento social manos limpias y contra la corrupción.
Justicia efectiva y buena, es decir que Sebastián Piñera sea inhabilitado para presentarse como candidato presidencial de la coalición RN-UDI y parásitos. Sería un golpe duro para el individuo, para su condición de político-empresario y para la casta política en su conjunto.
La recuperación de la democracia chilena es una tarea de sus ciudadanos, movimientos sociales y pueblo trabajador. Es un conflicto abierto. Un clivaje entre casta política corrupta y fuerzas emergentes limpias y consecuentes. Una puja por construir nuevas instituciones. Una batalla que hay que dar contra la casta política del duopolio, que las han desvirtuado y corrompido.
También es una manera de ponerle la barra alta a quienes pretenden ser elegidos “representantes” del pueblo en un parlamento en crisis. Porque no se va ahí para mimetizarse y darle legitimidad, “gobernabilidad”, estabilidad, o a fetichizar el parlamento capitalista (*), sino para trabajar con un programa coherente para desde ese espacio luchar por su completa transformación. Y esta tarea titánica se hace sólo ganándose la legitimidad que dan el reconocimiento y el apoyo popular al vincularse a sus luchas y demandas.
Por Leopoldo Lavín Mujica
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(*) La función actual del parlamento, su carácter capitalista, ha sido la de legislar para favorecer los intereses capitalistas privados en educación, pesca, pensiones, salud, recursos naturales, transporte, alimentación, crédito bancario, derechos sindicales, etc. Es un lugar donde se practica el consenso en torno al “modelo”. Es decir actuar para reproducir constantemente las condiciones de base de las estructuras de dominación. Lo que se hace graduando (consensuando) toda reforma necesaria para preservarlas y mantener lo esencial: las relaciones capitalistas de propiedad y de producción. Es lo que la ideología “democratoide liberal” ignora y tiende a encubrir.