Amenazas que conducen a la autocensura, abusos de poder, mordaza, censura y atentados que incluyen asesinatos constituyen el medio “natural” en que trabajan los periodistas de un país donde en muchos casos aún no es clara la línea que separa el delito de la corrupción y la política.
Cuatro periodistas fueron asesinados durante 2016, según informa APES, pero dos de estos crímenes eran practicante desconocidos en ese país y e incluso en el exterior, según informa la Relatoría de Libertad de Expresión de APES. Por tanto, el registro de Ciap-Felap eleva a 40 el total de asesinatos de periodistas cometidos en 2016 en América Latina y el Caribe y a 382 el balance 2006-20016. Las víctimas hasta ahora desconocidas son:
–Reynaldo Medina, apellido materno y edad desconocidos, fotógrafo, asesinado el 10 de julio en La India, Municipio San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán, al parecer por organizaciones criminales.
–Gilberto Antonio Torres Acosta, de 34 años, locutor y periodista de Radio Universidad de El Salvador (UES), asesinado el 10 de agosto en colonia Luz, San Salvador.
● La cobertura del crimen y la corrupción es un tema extremadamente peligroso, porque la línea que divide a los grupos políticos de los grupos criminales no es clara en nuestro país, lo cual eleva el riesgo para los periodistas. Las organizaciones criminales operan de modo creciente como fuerzas políticas armadas, y los grupos políticos armados operan cada vez más como bandas criminales que buscan su propia ganancia.
● Identificamos un modelo de intimidación generado por estructuras políticas, grupos de poder para lograr o impedir la divulgación de información que afecta sus propios intereses. Con el impacto de la revolución digital y el desarrollo de las redes sociales, bajo el anonimato y en nombre de la libertad de expresión se esconden personas, grupos económicos, políticos y estructuras delincuenciales que contratan a empresas o personas, seudo periodistas en línea, para realizar ente tipo de ataques con el interés de estructurar campañas para generar odio contra determinados periodistas o medios por el simple hecho de ejercer un periodismo vigilante.
● La libertad de expresión es esencial para crear un entorno de entendimiento y tolerancia que evite los discursos que incitan al odio.
Informe de Edgar Romero, Relator APES
Las Asociaciones de Periodistas de El Salvador y de Guatemala (APES – APG) enviaron a la Ciap-Felap un informe integrado que contiene datos y análisis de la situación que enfrentaron los periodistas de ambos países en 2016. “Esta es la primera entrega de un esfuerzo conjunto inédito que realizamos y al que daremos continuidad”, informaron la APES y APG. En esta primera entrega se publica el informe elaborado por Edgar Romero, dirigente de la asociación encargado de la Relatoría de Libertad de Expresión de la APES, quien da a conocer la precaria situación de seguridad y desamparo legal de los periodistas de ese país centroamericanos. Texto completo del informe:
“Las crecientes situaciones de riesgos que registra el ejercicio periodístico en El Salvador enmarcadas en agresiones que terminan hasta con la vida de periodistas, han obligado a directivos, editores y reporteros a modificar sus rutinas de trabajo y abordar su profesión bajo nuevas estrategias, con un mismo fin: continuar informando a la sociedad. Sin embargo, detrás de esto se esconde un nuevo modelo de intimidación al ejercicio periodístico.
“La Relatoría inició su trabajo el 30 julio de 2016 expresando su preocupación por las declaraciones y mensajes generados por el Fiscal General de la República, Douglas Arquímedes Meléndez, contra periodistas de un medio de comunicación sobre reuniones realizadas con determinadas fuentes. Esas declaraciones ponen en riesgo la vida de estos periodistas y lo más preocupante es que no se hace mención directa a qué medio se refiere, dejando claro su mensaje de intimidación al ejercicio periodístico.
“Registramos también el actuar de la Asamblea Legislativa contra fotoperiodistas y camarógrafos en el que se eliminó el acceso a la cobertura de sesiones plenarias del órgano legislativo, con el pretexto de que dañaban la intimidad de las y los diputados.
“Es necesario enfatizar que el Salón Azul es un espacio público constituido por la acción política, para la libre discusión de las ideas. Derecho que fue negado durante la administración de la diputada Lorena Peña, aunque con el cambio en la presidencia del órgano legislativo el pasado mes de octubre, una de las primeras medidas que se tomó fue permitir el uso del espacio antes cerrado para que los periodistas visuales ejercieran su labor.
“El SOS formulado el lunes 25 de julio por el Director del Periódico Co-Latino Francisco Valencia; en el que anunciaba que este medio estaría por cerrar debido a la crisis económica que enfrentaba; puso peligro la fuente de trabajo de periodistas que laboran en dicho espacio al generar incertidumbre sobre su fuente de trabajo. Sin embargo, el cierre no se consumó y actualmente el medio continua funcionando.
“El 29 de septiembre nos pronunciamos por la agresión cometida por el diputado Ricardo Velásquez Parker, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), contra el camarógrafo Walter Rivera, de Tele Corporación Salvadoreña (TCS), durante las protestas de varios sindicatos de trabajadores del Estado frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa; ante ello la Relatoría consideró que:
–El incidente se originó al calor de una protesta cuando el legislador del partido ARENA intentó sobrepasar la zona en la que periodistas, fotógrafos y camarógrafos informaban sobre la llegada de los sindicalistas.
–La actitud del diputado nos parece fuera de control en su calidad de funcionario público, ya que, desde su condición y el contexto en que se desarrollaba la actividad, la tolerancia y el respeto se vuelven necesarias.
–Nos preocupó su actitud verbal amenazante contra trabajadores de la prensa. La amenaza del parlamentario de acudir ante el director del canal a interponer una queja contra el camarógrafo se convierte en un claro abuso de poder.
“Como bien lo señala el jefe de redacción del Diario de Hoy, Ricardo Chacón, el trabajo del camarógrafo no solo es delicado y peligroso. Entender su labor como la de los periodistas en general, requiere una dosis de alta tolerancia, así como entender el trabajo de registrar los hechos con una cámara.
“Este fue el segundo hecho de agresión contra trabajadores de la misma cadena televisiva en lo que va del año. El primero se registró el 29 de agosto durante una protesta de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Preocupa que este tipo de agresiones por parte de grupos sociales y políticos va cada día en aumento sin que se tomen medidas para tratar de controlarlo.
Muchos de los reporteros gráficos se han visto obligados borrar sus trabajos fotográficos cuando cubren zonas de riesgo. Hay casos en que son los mismos agentes de seguridad quienes ejercen este tipo de prácticas y miembros de organizaciones sociales y políticas.
Cuatro asesinatos en 2016
“Esta Relatoría reconoce la resolución del juzgado de sentencia que impuso la condena a 20 años, contra dos miembros de una estructura criminal implicada en el asesinato de Nicolás Humberto García Silvestre, de 23 años, locutor de radio Tacuba ultimado el 10 de marzo de 2016. Sin embargo, deploramos que la justicia no alcanzara a los autores intelectuales.
“Condenamos la muerte del productor audiovisual Pedro Antonio Portillo García, de 55 años, cuyo cadáver apareció el 7 de junio, tras desaparecer el sábado 4 según su familia, asesinato que aún las autoridades no esclarecen.
“Otro asesinato que pasó desapercibido es el del fotógrafo Reynaldo Medina acaecido el 10 de julio en la comunidad La India del Municipio San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán, donde al parecer estructuras criminales lo asesinaron; en similares condiciones fue asesinado el 10 de agosto en Colonia Luz, San Salvador, Gilberto Antonio Torres Acosta, de 34 años, locutor y periodista de la radio Universidad de El Salvador (UES).
“Nuestra Relatoría además consigna el mensaje que esta estructura criminal enviara a un presentador de televisión de Usulután, donde asesinaron a su padre de una manera salvaje en una clara amenaza por su trabajo de denunciar su accionar delictivo.
“Nos preocupan las intimidaciones contra el periodista Héctor Silva Ávalos, a quien utilizando el sistema de justicia, se le ha acusa de delitos de calumnia y difamación por parte del empresario Enrique Rais. Este tipo de acciones daña a la libertad de expresión de forma directa e indirecta.
Se trata de un caso grave, porque no solo afecta al periodista Silva, ya que cualquier periodista que publique informaciones podría enfrentar este tipo de acciones. Y últimamente conocimos el caso las amenazas que ha recibió el periodistas Cristian Meléndez, a través de redes sociales y hemos hecho un llamado a las autoridades a investigar para dar con los responsables.
“Identificamos un modelo de intimidación generado por estructuras políticas, grupos de poder para lograr o impedir la divulgación de información que afecta sus propios intereses. Con el impacto de la revolución digital y el desarrollo de las redes sociales, bajo el anonimato y en nombre de la libertad de expresión se esconden personas, grupos económicos, políticos y estructuras delincuenciales que contratan a empresas o personas, seudo periodistas en línea, para realizar ente tipo de ataques con el interés de estructurar campañas para generar odio contra determinados periodistas o medios por el simple hecho de ejercer un periodismo vigilante.
“El incremento de este tipo de conductas desde las redes sociales debe merecer acciones encaminadas a su investigación por parte de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, con el fin de dar con los responsables y que no haya impunidad.
Terrorismo vía redes sociales
“Uno de los graves problemas que hoy enfrenta el periodismo salvadoreño es la censura y la represión a través de las redes sociales. El modelo dejó demostrado cómo en pocas horas de generación de un tuiter desde la cuenta @sociedadcivilsv contra Meléndez se desencadenó una serie de comentarios hasta llegar a las amenazas de muerte.
“El Estado está obligado a: investigar, procesar, juzgar y en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia para evitar que este modelo de impunidad no alcance mayores niveles que vayan a poner en peligro el derecho a la información en nuestro país.
“La cuenta @sociedadcivilsv se define como un instrumento informativo, para romper el cerco mediático buscando esconderse bajo la sombra de periodismo libre e independiente, lo que pone en riesgo la profesión. “Hoy en día no se está hablando de calidad de información, sino de masividad de información, que creada muchas veces se trasforma en línea de propaganda”.
“Algunos de nuestros asociados se han quejado de que presuntos funcionarios o políticos han creado cuentas falsas de Facebook para conocer sus datos privados y espiar su actividad en Internet o para seguir sus investigaciones u opiniones. Una reportera denunció haber sido víctima de asalto frente a policías en la Ciudad de Apopa sin que estos defensores del orden actuaran en su defensa.
“Los organismos de seguridad tienen que prestar especial atención a cualquier tipo de ataques recibidos por los trabajadores de prensa. Las agresiones señaladas tienen los patrones utilizados para atentar contra el ejerció del periodismo y la Ley de Delitos Informáticos y Conexos.
“Las agresiones señaladas durante este periodo tienen implicaciones de índole colectiva, al generar autocensura o privar a la sociedad de información relevante sobre asuntos de interés público.
“La cobertura del crimen y la corrupción es un tema extremadamente peligroso, porque la línea que dividen a los grupos políticos, de los grupos criminales no es clara en nuestro país, lo cual eleva el riesgo para los periodistas. Las organizaciones criminales operan de modo creciente como fuerzas políticas armadas, y los grupos políticos armados operan cada vez más como bandas criminales que buscan su propia ganancia.
“Son preocupantes las afirmaciones que recientemente formulara un instituto político Fmln que tratan de vincular al periodismo a favor de un “boicot económico” e intentar un golpe de Estado “suave” contra el Gobierno.
“Sabemos que El Salvador se ubica en una de las regiones más violenta del mundo y por ende, más complicada para ejercer la profesión de periodista. Lo dicen las estadísticas y también nuestras experiencias.
“Nos encontramos a diarios con problemas de inseguridad, tal y como los padece la sociedad en general (por robos de equipos, asaltos en el transporte colectivo, así como acosos e intimidaciones de funcionarios públicos por los temas tratados. Roxa Ruiz, de la cadena Megavisión, ha denunciado atropellos en la Presidencia de la República. Estamos sometidos a grandes presiones psicológicas por lo que es urgente crear un mecanismo para evitar que esta nube gris nos cubra con mayor luto”. Firma Edgar Romero, Relator Libertad de Expresión de APES,