La Confederación de la Producción y del Comercio se está especializando en publicar, a toda página, sus declaraciones rimbombantes, no sólo de diagnósticos sobre la realidad nacional, sino también de propuestas de algunas reformas al sistema de pensiones.
Muy simple: que las mujeres trabajen más años, poco importa si no encuentran un trabajo más allá de los cuarenta años, y los hombres aumenten su vida laboral “hasta su muerte”; que los más desvalidos se conformen con la pensión solidaria que el Leviatán aumentaría a $118.000, suma que, tal vez, les alcance para tomar un “crucero por el Caribe”; que el dinero recaudado por el posible aumento del aporte patronal, el 5%, vaya directo a las arcas de las AFP, que administran muy bien las supuestas cuentas individuales – en total, el 16% de cotización de los trabajadores seguirían engrosando los bolsillos de los dueños de las AFP -.
En otra sabia declaración, publicada como inserción en los diarios El Mercurio y en La Tercera, los dirigentes de la CPC titulan, nada menos, que en la Araucanía no existe el Estado de derecho. Habría que preguntarse qué significa el Estado de derecho para los líderes de este poderoso sindicato empresarial.
En la teoría neoliberal, el Estado tiene que cumplir funciones de gendarme: mientras menos el ogro filantrópico se inmiscuya en mis negocios, mejor marcha la sociedad, pero es teoría pura, pues para los neoliberales el Estado es una fuente de negocios, y nada más fácil que comprarse a los políticos, pedirles cuenta frecuente a los Presidentes de la república sobre la marcha del “Estado de derecha”, contratar a los reguladores convirtiéndolos en sus empleados – por ejemplo, nominar a los superintendentes una vez que dejan el cargo en el gobierno como funcionarios y gerentes de empresas – además de contar con un ejército de lobistas y abogados, siempre obsecuentes y defensores de sus derechos.
El “Estado de derecha” existe desde hace mucho tiempo en la Araucanía: se trata de mantener el dominio de las empresas madereras en la región, y poco importa si con la explotación del bosque nativo, principalmente la del eucaliptus, se destruya paulatinamente el ecosistema y deje sin agua a la población.
El “Estado de derecha” aplica una legislación que viola flagrantemente los derechos humanos, especialmente la ley antiterrorista, condenada por Naciones Unidos como liberticida y contraria a la dignidad humana. Esta ley, dictada y aplicada por el tirano Augusto Pinochet, y la cual recurrió Michelle Bachelet durante sus dos mandatos – había prometido no hacer uso de dicha ley en su segundo gobierno – es uno de los instrumentos fundamentales en que se funda el “Estado de derecha”. Como lo he reiterado en varias ocasiones, en Chile no existe democracia, y la mayoría de los detenidos en las cárceles de la Araucanía, corresponden a pueblos originarios y se consideran presos políticos, pues se les aplica una ley que permite testigos encubiertos y que dejan muy poco espacio a la defensa y al legítimo proceso.
Lo que persigue el “Estado de derecha” es la militarización de la Araucanía; al igual que en los años 80 del siglo pasado, someter al pueblo mapuche a sangre y fuego, tal cual como lo hiciera Cornelio Saavedra, en 1881, en la famosa “Pacificación de la Araucanía”, durante la cuales fueron usurpadas sus tierras y entregándolas a chilenos y colonos extranjeros – lo dice el ex intendente de la región, Francisco Huenchumilla, traídos también bajo engaño -.
Los distintos gobiernos llamados democráticos, de la transición, no han logrado encontrar una visión correcta para enfrentar el conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo-Nación mapuche: en primer lugar, entiende a los mapuches como chilenos pobres y marginados, ignorando su cultura y su idioma originario; en segundo lugar, creen que con el solo hecho de entregar algunos terrenos a las comunidades, el problema está solucionado; en tercer lugar, al radicalizarse el conflicto, el gobierno emplea la represión, a través de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que se instalan en las comunidades y hasta en las casas de los campesinos, armados hasta los dientes, que han cobrado numerosas vidas de jóvenes mapuches, asesinados por la espalda, como son los casos de Jaime Mendoza Collío, Matías Catrileo, Alex Lemún y de otros más, masacrados durante los últimos gobiernos.
Mientras el “Estado de derecha” siga dominando la Araucanía, no habrá ninguna solución al conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. El ex intendente Francisco Huenchumilla Jaramillo, descendiente de mapuches, realizó ingentes esfuerzos para hallar una vía de diálogo y entendimiento, incluso, pidió perdón tanto al pueblo macuche como a los colonos, además de visitar a la comunidad mapuche Temu Cui Cui, una de las rebeldes y luchadores por las reivindicaciones del pueblo mapuche, incluso visitaba a los presos políticos mapuches, entre ellos Celestino Córdova, imputado en el caso del incendio y muerte a causa del mismo de los ancianos colonos Luchisinger-Mackay.
A pesar de la gestión positiva, como también de la cercanía con el pueblo mapuche, del ex intendente Huenchumilla, el gobierno de Michelle Bachelet y su ministro del Interior, el reaccionario democratacristiano Jorge Burgos, pidieron la renuncia a este intendente, a instancias de la derecha, y en su reemplazo, instalando a un obsecuente servidor del gobierno, Andrés Jouannes.
Como bien lo escribe el periodista y escritor de origen mapuche, Pedro Cayuqueo, el trato que dieron a los mapuches fue mucho más digno y humano que el del Estado chileno; los españoles y los mapuches lucharon un corto tiempo, para que después reinara la paz sobre la base de instauración de “parlamentos” de una frontera en que los territorios del Bío Bío al Toltén pertenecieran a los mapuches y el resto a los españoles, acuerdo que duró hasta que el Estado chileno desconociera dicho pacto español-mapuche – incluso refrendado por el rey Felipe IV – y declarara la “Pacificación del pueblo mapuche, que no fue otra cosa que un genocidio.
Paradójicamente, fueron los liberales ilustrados de Chile y Argentina los que impulsaron dicha Pacificación, en el caso chileno, y la Guerra del Desierto en el caso argentino. Leer el estilo procaz y miserable en que el gran escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento con que expresa de los pueblos originarios, o bien, los textos de Benjamín Vicuña Mackenna o de Diego Barros Arana, y para qué citar al plagiario Francisco Antonio Encina, causaría gran vergüenza a cualquier humanista, respetuoso de los derechos de los pueblos originarios.
Mientras el Estado de Chile no entienda que los mapuches constituyen una nación, que cuentan con su propia cultura, religión lengua y organización política, el llamado “conflicto de la Araucanía” no tendrá ninguna solución, salvo repetir el genocidio del siglo XIX. Hasta ahora, el Estado chileno no ha respetado ni siquiera el Acuerdo 169 de la OIT, que exige la consulta a los pueblos originarios para tratar una serie de materias que les compete mutuamente.
El Estado chileno, si siquiera reconoce en su Carta Magna, no reconoce la existencia de los pueblos originarios, menos adoptar, como lo hacen Canadá, Nueva Zelanda, y muchos otros países, el multiculturalismo, la multiétnica y el multi- linguismo.
Al menos, en el pasado republicano hubo seis diputados mapuches que defendían, según ellos, los intereses de su pueblo. Recuerdo desde niño haber oído hablar del venerable diputado mapuche Venancio Coñuepán, quien más tarde fue ministro de Tierras y Colonización – hoy Bienes Nacionales -.
En el Chile actual, racista, xenófobo y clasista, no existe ningún diputado de origen mapuche, y sólo fueron elegidos seis alcaldes mapuches en la Araucanía.
Al menos, el Estado chileno debiera reconocer en la nueva Constitución la autonomía de la nación mapuche, tal como lo hacen los españoles con los vascos y catalanes, y declarar el Estado chileno como multicultural y multiétnico.
En Chile, por desgracia, somos herederos del mercader Diego Portales, que sumado a la ignorancia de algunos electores, prefieran elegir a otro mercachifles que, como el primero, declare la guerra contra Perú y Bolivia para defender sus propios negocios; en estas lides, Portales y Piñera se hermanan. (A propósito, el posible candidato de la derecha, en su visita a Cañete, pidió la aplicación de la ley antiterrorista por recientes hechos de violencia).
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
19/01/2017