Vecinos, autoridades y organizaciones, agrupados en el Frente Unitario por la Calidad de Vida en San Bernardo, iniciaron una ofensiva judicial con el objetivo de invalidar la aprobación ambiental del megaproyecto que la empresa Walmart pretende instalar en la comuna, presentando este jueves una serie de recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.
En total fueron 5 los escritos ingresados, dos de ONG FIMA en Representación del los vecinos de Lomas de Mirasur y de ciudadanos que presentaron observaciones ciudadanas; uno del Diputado Leonardo Soto; uno de la Municipalidad de San Bernardo y uno presentado por el Alcalde de Calera de Tango, comuna aledaña que también se ve afectada.
Entre las irregularidades que se acusaron están la falta de información apropiada respecto del proyecto durante el proceso de participación ciudadana, la exclusión de toda una villa afectada de la evaluación ambiental, y deficiencias en las medidas de mitigación en una zona que está catalogada como rural.
“Desde abril del 2015, cuando de hizo la presentación del proyecto, hemos estado atentos a su evaluación, siempre apelando a que estaba mal hecho, que nos estaba perjudicando, que la ciudadanía no estaba incluida en la participación ciudadana. Solamente 50 personas del sector El Barrancón supieron de este proyecto, toda la ciudadanía de San Bernardo, de Calera de Tango, sobre todo de las Lomas de Mirasur, no supieron hasta hace como 3 meses que nosotros tuvimos que avisarles lo que va a pasar. Nunca el SEA ni el titular se preocupó de informar, ahora se está haciendo y ya es muy tarde”, señaló Doris Popelka del Comité de Defensa San Bernardo Sur.
Los Recursos de Protección, apuntan al Informe Consolidado de Evaluación, que es el acto administrativo que antecede a la evaluación ambiental, debido a que para los recurrentes contiene una serie de irregularidades que no pueden ser subsanadas en etapas posteriores del proceso administrativo.
“Acá se escondió la información, no se hizo una campaña de facilitación de la información, excluyendo así a gente que está directamente afectada por el proyecto y que por el solo hecho de no saber que se iba a realizar el proyecto, no pudo participar. Eso es una infracción a la ley”, explicó Diego Lillo abogado y Coordinador de Litigios de ONG FIMA.
Por su parte, el Diputado Leonardo Soto señaló “Nosotros no vamos a descansar hasta que este proyecto no se materialice, porque tenemos la obligación de defender a las comunidades que van a sufrir graves perjuicios por este megaproyecto”.
Los afectados se oponen al proyecto ya que implicaría la circulación de 1000 camiones diarios, unos 40 camiones por minuto, generando un enorme impacto vial en una zona agrícola; junto a eso, denuncian que no hay evaluación respecto al ruido que este proyecto generaría, ni sobre los sitios protegidos que se encuentran cerca, como por ejemplo el Cerro Chena. Además, acusan que en su presentación, Walmart no ha definido correctamente su área de influencia, ya que fue presentado como de afectación regional y sus implicancias cruzan más de una región.