En el decimotercer piso de un edificio del centro de Rio de Janeiro, las donaciones no dejan de llegar: son productos de primera necesidad para los funcionarios de este estado al borde de la quiebra que ya no paga a sus asalariados ni a los jubilados.
Celia Moitas Pinto y su hermana acuden cargadas con dos grandes bolsas. Han venido por “solidaridad”. Una de ellas es funcionaria de la justicia y recibe su sueldo gracias a que el presidente del tribunal desbloqueó un fondo especial, una suerte que no han corrido los empleados de la educación y la salud, sin salario desde noviembre.
“Hay recesión en todo el mundo, pero aquí es el resultado del robo y la corrupción”, afirma Celia, que a sus 71 años asegura estar “indignada” y “ahora avergonzada de ser brasileña”.
El exgobernador de Río en los años de bonanza, Sergio Cabral (2007-2014), está detenido desde noviembre por haber desviado presuntamente decenas de millones de dólares de obras públicas, entre ellas las de la reforma del estadio Maracaná.
Semanas después, la policía arrestaba también a su mujer, acusada junto a él de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal.
La justicia congeló parte de los bienes de Cabral que, mediante la concesión de beneficios fiscales a ciertas empresas, “contribuyó a la crisis financiera que devasta al estado”, según critica Celia.