El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de tormentos o apremios ilegítimos en contra del menor L.R.S.B, de 17 años, quien cumple pena de privación de libertad en régimen cerrado, en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Limache, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La querella relata los hechos ocurridos el 7 de noviembre en dicho centro, cuando a eso de las 21 horas personal de Gendarmería hizo ingreso y sacó a todos los niños al patio, ordenando que se desvistieran. En medio de esa situación se produjo una golpiza a un compañero del menor, quien intentando defenderlo también fue golpeado y rociado con gas pimienta. El escrito da cuenta de que, al aferrarse a uno de sus agresores para evitar más golpes, ocasionó que lo tiraran al suelo y “comenzaran a golpearlo en la cabeza, en la cara, le tiraban el pelo, le daban cabezazos en el suelo, le pegaban combos en la cara, espalda y todo el resto de su cuerpo, mientras le decían que era un hijo de perra por andar en los techos y tirarle piedras a la garita y que “ahora iban a cobrar” (tomar revancha) arrojándole nuevamente gas pimienta”.
Tras esta situación, las agresiones de la víctima fueron descubiertas por otra trabajadora del centro, quien dio la alerta y lo derivó para su atención médica. El menor fue llevado a la Unidad de Salud del CIP CRC de Limache, donde se constató una contusión facial múltiple occipital, temporal izquierda, aumento de volumen en mandíbula izquierda, dolor al movilizar indicando derivación al Hospital. Las observaciones indicaban un “enfrentamiento con Gendarmería”. En tanto, el Hospital Santo Tomás de Limache observó “erosiones en la espalda, contusiones en región frontal, erosión en nudillos de la mano izquierda y codo izquierdo”.
En los hechos, la querella presentada ante el Juzgado de garantía de Limache constituyen el delito de tormento o apremios ilegítimos del artículo 150 A del Código penal. En este caso “cometidos por funcionarios/as de gendarmería de Chile en presencia de funcionarios/as de Servicio Nacional de Menores”, indica el escrito. Esto último, porque los hechos habrían ocurrido en presencia del director del Centro, Danilo Mollo, “quien no intervino de ninguna forma para evitar esta brutal agresión”.
Cabe recordar que la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Medidas de protección
La querella además solicitó medidas de protección para el menor agredido, quien todavía se encontraba privado de libertad en el mismo centro, bajo la custodia de quienes presenciaron o fueron parte de alguna manera de su agresión. Estas medidas consisten en prohibición para los agresores e involucrados de acercarse, incluyendo al funcionario del centro que estuvo presente. Esto, más aún considerando que el centro donde se encuentra es pequeño, lo que podría prestarse para represalias. Asimismo, solicita investigar a los funcionarios de Gendarmería y de Sename indicados como responsables, así como realizar los peritajes necesarios para el esclarecimiento de este caso.