Los diputados socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto fiscalizaron en terreno el impacto ambiental que tendrá el proyecto minero Dominga en la IV Región de Coquimbo, en la comuna de La Higuera, y señalaron que “lo que encontramos hoy, a propósito de la tramitación ambiental de este proyecto, es la vulneración de un conjunto de derechos ciudadanos”.
Hasta la caleta de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, llegaron los diputados del Partido Socialista, Daniel Melo y Leonardo Soto, para conocer en terreno los alcances que tendrá el proyecto minero Dominga en los ecosistemas que albergan a diversas especies marinas -como el pingüino de Humboldt-, y a la Reserva Natural Isla Damas, y que, según los lugareños, generará un impacto negativo en el sector.
“Nosotros tuvimos una invitación de parte de la comunidad de La Higuera, Punta de Choros, en nuestra calidad de parlamentarios, para conocer en terreno, los alcances del proyecto minero Dominga. Es por eso que, durante el día de hoy por la mañana, tuvimos la posibilidad de recorrer la zona, recorrer cada una de las localidades, y, en definitiva, palpar la realidad sobre la cual hoy día está sumergida esta localidad, a propósito de este proyecto (Dominga)”, indicó el diputado Melo, quien también es miembro de la Comisión de Medio Ambiente.
“Lo que encontramos hoy, a propósito de la tramitación ambiental de este proyecto, es la vulneración de un conjunto de derechos ciudadanos, a la participación, a una justa tramitación desde el punto de vista ambiental, y, además, a los derechos que tienen también las comunidades a poder definir su propia calidad de vida. Vemos en el proyecto de Dominga la posibilidad de generar un impacto negativo en este ecosistema tan frágil. Hay que recordar que el 80% del pingüino de Humboldt de todo el planeta vive a resguardo en esta zona”, agregó el legislador.
Por su parte, el diputado Soto apuntó a que el proyecto tiene desde un inicio “un estigma” por su vinculación al caso Penta, puesto que uno de los controlares de dicho grupo, Carlos Alberto Délano, era también el accionista mayoritario de la sociedad Andes Iron, dueña de la mina Dominga.
“Este proyecto ha sido generado y gestado en un contexto en que existen evidencias claras de actos directos de corrupción, con un dueño que estuvo varias semanas en la cárcel y un ex subsecretario de Minería vinculado a una red de apoyo a esa empresa, por lo que está formalizado”, señaló el parlamentario PS.
“Creemos que la institucionalidad regional en materia medioambiental tiene que considerar estos hechos especialmente, porque indican que ha existido un poder corruptor asociado a un proyecto minero, y eso tiene que ser tenido a la vista por la autoridad en su evaluación”, añadió.
“Tenemos un proyecto, además, que se presenta de manera fraccionada en el Sistema de Evaluación Ambiental. Eso, sin duda, implica una infracción, por tanto, vemos con mucha preocupación la tramitación ambiental de este proyecto. Hoy, recién, en la tercera adenda esta empresa reconoce que, eventualmente, podría afectar las zonas en las cuales está localizada esta reserva, por tanto, la pregunta es: ¿Por qué después de la tercera adenda la empresa reconoce esta realidad, ya transcurridos tantos años, desde el punto de vista de la tramitación?”, argumentó Melo.
Los parlamentarios agregaron que, de aprobarse el proyecto minero que contempla un puerto en Punta de Choros, “nosotros queremos comprometer nuestro apoyo y colaboración al trabajo que vienen haciendo las comunidades, para pedir, en este caso, la nulidad de la tramitación ambiental del proyecto, y ver cada uno de los recursos de protección que podamos interponer, si es que este proyecto, en definitiva, se aprueba y se le da el curso a una Resolución de Calificación Ambiental positiva para Dominga.