Miles de brasileños tomarán este martes las calles para protestar contra la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 55) impulsada por el presidente Michel Temer y que congela por 20 años los gastos públicos.
En al menos 11 estados se realizarán actos y manifestaciones callejeras, estimó la Central Única de los Trabajadores (CUT), que junto a los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo convocó a las demostraciones, las cuales coincidirán con la votación en el Senado Federal de la llamada ‘PEC de la muerte’.
Trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, del servicio público y privado, así como la juventud y las minorías sociales volverán a manifestarse en todo el país contra la también denominada ‘PEC del desmonte del Estado, de autoría del gobierno golpista e ilegítimo de Michel Temer’, dijo la CUT.
Recordó además que en Brasilia esta será la primera gran demostración después de la cobarde y violenta represión desatada por las policías Militar y Legislativa el pasado 29 de noviembre, cuando la Cámara alta aprobó en su primera lectura el severo programa de ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo.
La votación de hoy en el Senado coincidirá con el 48 aniversario de la promulgación del Acta Institucional número cinco, hizo notar la revista Carta Maior, según la cual ésta constituyó ‘un golpe dentro del golpe’ y una aberración jurídica que pavimentó el camino para que la Junta Militar cometiera toda suerte de arbitrariedades.
Además de un amplio repudio entre distintos sectores de la sociedad brasileña, la PEC 55 concitó severas críticas del relator especial de Naciones Unidas para extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, quien la catalogó como una medida radical y sin compasión.
La PEC 55, elaborada para forzar un congelamiento presupuestario como demostración de prudencia fiscal, solo perjudicará a los más pobres por las próximas dos décadas, advirtió Alston.
De aprobarse, esta enmienda ‘bloqueará gastos en niveles inadecuados y rápidamente decrecientes en salud, educación y seguridad social, colocando toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social muy por debajo de los niveles actuales’, subrayó.
En una declaración difundida aquí, y suscrita también por la relatora especial sobre el derecho a la educación Koumbou Boly Barry, el especialista independiente remarcó que esos planes del gobierno son ‘enteramente incompatibles’ con las obligaciones que en materia de derechos humanos tiene Brasil.
Alston significó además que la intención de modificar la Constitución para los próximos 20 años viene de un gobierno que llegó al poder después de un impeachment y el cual, por tanto, jamás presentó su programa al electorado.
Eso genera preocupaciones todavía mayores sobre la propuesta de atar las manos de futuros gobernantes, enfatizó.
El relator especial de la ONU consideró asimismo que el debate sobre la PEC 55 fue conducido apresuradamente en el Congreso Nacional por el nuevo gobierno, con limitada participación de los grupos afectados y sin considerar su impacto sobre los derechos humanos.
Un estudio reciente sugiere que el 43 por ciento de los brasileños no conocen la enmienda y, entre aquellos que la conocen, la mayoría se opone a la misma, agregó.