“Si el Estado no puede definir una política para sus propias universidades, es porque en Chile no existe un Estado”… “Hoy es la defensa de un modelo basado en una concepción totalmente distinta de universidad, un modelo de negocios en que la universidad es el ‘retailer’, el título profesional el ‘commodity’ y el estudiante el cliente”
Estas frases están extractadas del discurso que el rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi, pronunciara con motivo de la conmemoración del aniversario 174 de la fundación de la principal casa de estudios superiores de nuestro país, el 22 de noviembre pasado.
No cabe duda que el doctor Vivaldi ha puesto el acento en dos cuestiones medulares del sistema político chileno en el que deben desempeñarse las universidades estatales: la ausencia de un Estado de Derecho y el modelo económico de facto que impera en la Copia Feliz. No nos debe sorprender, por otro lado, que la constatación de la inexistencia de un Estado, provenga del rector de la Casa de Bello y no de un personero de la casta política (ni menos empresarial), pues son ellos los que han usufructuado de este Estado ilegal e ilegítimo y del modelo económico que lo rige.
Hacen justamente 6 años, el 9 de diciembre de 2010, Clarín publicó una nota de mi autoría con el título “Chile, un Estado ilegal e ilegítimo”, en que hacía notar que el Estado de Chile no existía, pues no había sido constituido legalmente. Aunque este planteamiento lo he manifestado en reiteradas ocasiones (hasta la majadería), me permito reproducir dos párrafos del artículo de marras:
“Giorgio del Vecchio, tal vez el más importante autor italiano de filosofía del derecho, plantea que ‘La normificación del orden jurídico del Estado en sus instituciones fundamentales es a lo que, en un sentido lato, llamamos constitución… Si, por consiguiente, al menos en el sentido que acabamos de indicar, no puede existir Estado alguno sin constitución (porque un Estado “no constituido” sería una contradicción en los términos), en un sentido más restringido, empero, se da el nombre de Estados constitucionales a aquellos en los que la ordenación u organización del poder público,en sus distintas manifestaciones, implica garantías ciertas de los derechos individuales, con objeto, sobre todo, de evitar eventuales abusos de los mismos órganos del poder o ponerles remedio’.
“De acuerdo con Del Vecchio, entonces, el Estado chileno no existe, pues lisa y llanamente no ha sido constituido legalmente, a no ser que, cuando hablamos del Estado de Chile, nos estemos refiriendo al que le dio origen la Constitución de 1925, misma que no ha sido derogada por órgano jurídico competente alguno. ‘Según la doctrina del gobierno de factoo de hecho, en oposición al gobierno de jureo de derecho, el acceso a los cargos o roles de gobierno por parte de los nuevos ocupantes se efectúa contrariando normas jurídicas, o por lo menos, al margen de ellas’. Por lo tanto, el gobierno será de facto hasta que se produzca la instauración de un nuevo orden constitucional mediante el ejercicio del poder constituyente, y el gobierno se convierte en de jureya que estará encuadrado dentro del nuevo ordenamiento jurídico”.
Ahora bien, respecto de la segunda cuestión que plantea el doctor Vivaldi, en que las universidades (incluidas las estatales) se han convertido en verdaderos centros comerciales, es necesario destacar que la educación no hace más que formar parte de un sistema político-económico que rige todas las actividades del país, y se introduce hasta en los más mínimos intersticios del funcionamiento de la sociedad.
Recurro, nuevamente, a una nota de mi autoría publicada en este medio, con fecha 16 de septiembre de 2011, con el título “Estado y sistema educativo”, que tiene pertinencia con lo planteado por el señor rector:
“Para poder comprender en su real dimensión el problema de la educación en Chile, y que mantiene en conflicto a estudiantes universitarios y secundarios por una parte y al Estado (y no simplemente al gobierno) por otra, es necesario establecer que el sistema educativo comparte y se relaciona con otros sistemas y subsistemas del gran sistema político-económico que conforman, a su vez, el Estado”.
Y más adelante:
“Respecto de la gratuidad de la enseñanza dentro del sistema educativo, es necesario recordar que el término “escuela” en castellano (circa 1192) deriva del latín schola, “lección”, escuela” y éste, del griego skholé, que significa “ocio”, “tiempo libre”, “estudio”, “escuela”. Es decir, la concepción que los griegos daban al término “ocio”, era de estudio, dentro del tiempo libre, lo más alejado de los avatares comerciales o económicos propiamente tales. Por lo demás, el mismo término “economía” tenía una connotación totalmente diferente a la que se emplea en la actualidad: “economía” (1607), del latín oeconomia. Tomado del griego oikonomía “dirección o administración de una casa”, compuesto de oikos “casa” y nemo “yo distribuyo”. No por nada, eltérmino “negocio” (1220-50), tomado del latín negotium, “ocupación”, “quehacer”, es la derivación negativa de otium, “reposo”. (*)
Agrego otros párrafos:
“A su vez, cuando el Presidente Pedro Aguirre Cerda hace suyo el lema ‘gobernar es educar’ (acuñado antes por Valentín Letelier), está pensando no sólo en el sistema educativo del país, sino, además, en un Estado que pueda albergar ese subsistema. Por Ley N°6334, del 29 de abril de 1939 se crea la Corporación de Fomento CORFO con el objeto de promover la industrialización del país, después que había sido devastado por, hasta ese momento, el terremoto más grave que había sufrido Chile y que destruyó la ciudad de Chillán”.
“Al alero de la CORFO, se crean, sucesivamente, la Sociedad Abastecedora Minera; Electromet S.A.; Compañía de Acero del Pacífico, CAP; Laboratorios Chile; Industria Nacional de Neumáticos, INSA; Manufacturas de Cobre, MADECO; Empresa Nacional de Petróleo, ENAP; Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA; Industria Azucarera Nacional, IANSA, etc.
“Junto con la creación de la CORFO, se construyen en sólo tres años, más de mil escuelas; se crean 3.000 empleos para profesores, el número de alumnos que asisten a las escuelas primarias creció de 110 mil en 1938 a 620 mil en 1941. Para aumentar la capacidad de producción del país, se fomentó la educación técnica, industrial yminera, fundando numerosas escuelas especializadas. En 1940 había alrededor de 4200 escuelas públicas con 13.800 profesores, 87 liceos con 31 mil alumnos, 16 instituciones comerciales con 7 mil alumnos y 180 colegios particulares”.
Ante la luz de estos antecedentes, debemos concluir con el doctor Vivaldi que sus planteamientos sobre la inexistencia de un Estado y la situación de las universidades “estatales”, no hacen más que reflejar la triste realidad de la Copia Feliz.
Pero la falta de un Estado de Derecho en Chile, no se refleja sólo en la nula preocupación por las universidades, sino en todo el subsistema educativo, en el subsistema de salud, en el de la seguridad social, en el subsistema de la vivienda, etcétera. Es necesario recalcar, que es el sistema político-económico de facto, ante la carencia de un Estado, el que impide solucionar los problemas que aquejan a nuestro país. No es sólo falta de confianza en las instituciones, sino que son las mismas instituciones las que no pueden funcionar, primero, porque su funcionamiento no está sancionado por un ordenamiento jurídico (de jure), sino que por una Constitución “tramposa” (Atria dixit), y segundo, porque el Estado es ilegal e ilegítimo, y a estas alturas, francamente mafioso.
Sólo unas pequeñas perlas:
Ministro de Economía: “es anticonstitucional derogar la ley de pesca”.
Subsecretario de pesca: “habría que pagar indemnizaciones millonarias si se deroga la ley de pesca”. ¡Ojo! Patos malos: si ustedes se roban un auto por ejemplo, seguramente harán todo lo posible para que los encuentren; tendrán que devolver el bien robado, pero la ley los protege, pues deberán ser indemnizados. ( Las compañías de seguros se verán en la obligación de aumentar el valor de las primas para solventar este ítem).
Presidente de la Corte Suprema: “ahora hay que preocuparse de los derechos humanos de los victimarios”.
Existen denuncias ante Tribunales del robo de agua en Petorca y Tribunales, no se ha molestado en investigar.
El Congreso se ha convertido en un antro (con contadas excepciones) de cohecho, coimas y corrupción (pero es “anticonstitucional” derogar leyes emanadas de la corrupción).
Ante las elecciones para dirigir la Corporación Andina de Fomento, Chile propone a un funcionario peruano que ha criticado a nuestro país por populista y no al candidato propuesto por Ecuador y que cuenta con respaldo mayoritario. Se le pregunta a Cancillería el porqué; respuesta de Cancillería: por ser un tema económico se dejó a criterio del Ministro de Hacienda. Es decir, el señor Rodrigo Valdés no sólo dirige los ministerios que tienen que ver con el funcionamiento interno del país, sino también nuestras relaciones exteriores.
Qué podemos hacer, estimados y pacientes lectores, si la señora Bachelet, quien ostenta el título de Presidente de la República, al agradecer a todos los parlamentarios la aprobación de la glosa presupuestaria que permite la gratuidad a diversos planteles de educación superior, dice que “esto se debió gracias al ‘diálogo’. Es decir, confunde “diálogo” con un vil chantaje de la ultraderecha, pues si no se incluía su propuesta, amenazaba con recurrir al Tribunal Constitucional.
En resumen: si no existe un Estado de Derecho, si el subsistema educativo (y todos los demás subsistemas) depende de un sistema político-económico, que a su vez es un sistema-país regulado por una Constitución mafiosa, que a su vez está blindada por el Tribunal Constitucional, ¿qué sentido tiene seguir enviando mensajes con proyectos de ley al Congreso, cuya aprobación estará sometida al chantaje permanente de la ultraderecha? Además, si el que gobierna (que no manda, pues los que mandan todos sabemos donde están), es el ministro de Hacienda, que se muestra de lo más feliz administrando el modelito y jodiéndose, con singular entusiasmo, a los más jodidos de este jodido país.
Mientras no se cambie la Constitución tramposa y mafiosa, a través de una Asamblea Constituyente, no se podrán hacer cambios estructurales en este país donde no existe un Estado jurídicamente constituido.